Liderados por Luis de la Cruz, familiar de Antonio Onofre Barrientos, desaparecido en la década de los setenta en Atoyac de Álvarez, integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la “Guerra Sucia” de los Años 60, 70 y 80 del Siglo Pasado en el Estado de Guerrero tomaron el viernes 17 las instalaciones del CAI, ubicado en la colonia Del Valle, muy cerca de las oficinas centrales.
De la Cruz explicó que desde octubre del año pasado sostuvieron un encuentro con Rodríguez Estrada y con el director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos, en la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de los casos abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), así como el pago de gastos de alimentación y vivienda a que tienen derecho quienes están en el padrón de víctimas.
“Al menos desde 2017, 67 familiares de víctimas de la ‘Guerra Sucia” están en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), todas tienen averiguación previa abierta por la desaparición de algún familiar o porque fueron torturados por el Ejército, que en esos tiempos llegaba a quemar casas y a maltratar a la población campesina”, dijo De la Cruz.
Destacó que del total de integrantes, 47 familias proceden de Guerrero y el resto de Jalisco, quienes son también victimas de ese periodo de la historia de México, y que esperan que la FGR concluya las investigaciones para que determine dónde están los desaparecidos.
De la Cruz contó que la reunión de octubre estuvo precedida de una movilización que bloqueó la carretera Acapulco-Zihuatanejo, por lo que fueron llamados a negociar en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“En octubre Martha Yuriria nos dijo que ya tenía 19 expedientes bien armados, a quienes les podría distribuir los apoyos a partir de diciembre, aceptamos la propuesta aunque le advertimos que todos los expedientes estaban en regla y que habría que revisarlos.
“Después de esa reunión no se volvieron a comunicar con nosotros, de ahí que regresamos el 13 de febrero con la intención de ingresar a la conferencia mañanera del presidente, pero no pudimos, de ahí tuvimos varias movilizaciones, nos recibió la maestra Rosario Piedra Ibarra, y el 20 regresamos a Guerrero, pero al ver que una vez más no nos tomaban llamadas ni llegaban los recursos, volvimos el 13 de marzo”, narró.
Según Luis de la Cruz, en las movilizaciones de marzo la CNDH intervino alquilando los servicios de un hotel por dos días, de donde decidieron salir y tomar las instalaciones de la CEAV el viernes 17.
“La CNDH nos ha querido contener, pero no ha hecho nada para agilizar las investigaciones sobre el paradero de nuestros familiares ni para que nos proporcionen los apoyos a los que tenemos derecho”, insistió Luis de la Cruz.
El activista rechazó que la toma de instalaciones haya ocurrido de manera violenta, como lo aseguró el CEAV en un comunicado el viernes 17, y deslindó a los integrantes del Movimiento de la intención de responsabilizarlos por la falta de atención médica, psicológica y de trabajo social, argumentando la ocupación de instalaciones.
Asimismo, sostuvo que los familiares y víctimas de la represión en Guerrero y Jalisco rechazaron la petición que les hizo la CNDH de desalojar el inmueble, alegando que movilizaciones como esas “coartan el derecho de petición y otorgamiento de atención a la ciudadanía”, como lo sostuvo el organismo en un comunicado fechado el 20 de marzo.
“No nos vamos a ir hasta que nos atienda Yuriria Rodríguez, hemos pedido también reunión con el subsecretario (de Derechos Humanos) Alejandro Encinas, y no nos atienden, se burlan de nosotros, por acuerdo de la asamblea vamos a llegar hasta donde tope, porque ya estamos muy cansados de que nos vean la cara”, puntualizó Luis de la Cruz.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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