Las desapariciones de personas en Guanajuato aumentaron en los últimos años. En este contexto, las familias acusan al Fiscal estatal de ignorar sus exigencias y no acelerar las búsquedas con vida. El caso de Mariana, Yoselin, Sandra, Paulina, Rosa y Gabriela, desaparecidas el mismo día en Celaya, mostró de nueva cuenta la ineficacia de las autoridades.
Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador de Justicia en 2009 por el entonces Gobernador Juan Manuel Oliva. De ese año y hasta el 17 de marzo de 2023 la Secretaría de Gobernación contabilizó 3 mil 115 mujeres y hombres desaparecidos en la entidad, 69 por ciento de los registros son de 2018 a la fecha, es decir, durante la gestión del mandatario panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien en más de una ocasión ha defendido el trabajo del Fiscal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), los reportes por desapariciones pasaron de 29, en 2009, a cerrar el 2022 con 359, es decir, crecieron mil 137 por ciento. La situación se agravó desde 2019, cuando el Gobernador promovió al Fiscal por nueve años más: Guanajuato cerró ese año con 600 personas desaparecidas y no localizadas.
En ese contexto destaca Celaya, el municipio con más reportes desde 2009, con 450, 47 de estos corresponden a mujeres. Colectivos de familias, que por lo general se encargan de buscar a sus seres queridos ante la ineficiencia de las autoridades, denuncian que poco ha servido el trabajo de la Fiscalía estatal en la materia. La desaparición de ocho mujeres la semana pasada, seis de las cuales estaban juntas, da muestra de ello.
Paulina Berenice Reséndiz, de 25 años; Mariana Gutiérrez, de 19; Yoselin Daniela Zamorano, de 20; Gabriela Barbosa, de 48; Rosa María Pérez, de 42, y Sandra Daniela Paredes, de 24, fueron vistas por última vez el 7 de marzo, de acuerdo con medios locales, se dedicaban a ofrecer servicios de banquetes. Dos días después, Cecilia, hermana de Sandra, también fue reportada como desaparecida, lo último que se supo de ella fue que acudió al Ministerio Público a declarar.
A estos casos se sumó el de Sandra Martínez, de 31 años, desaparecida el 10 de marzo; la Fiscalía confirmó que tanto ella como Cecilia fueron halladas con vida, sobre las demás, Zamarripa Aguirre anunció el viernes que mediante exámenes genéticos identificaron los restos de cinco que habrían sido calcinadas.
Desde el 14 de marzo el Fiscal dijo a medios que la dependencia tenía una línea de investigación en el caso de las mujeres que desaparecieron juntas de camino a San José de Guanajuato, una carretera que conecta Celaya con la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán. El funcionario aseguró que un grupo de búsqueda identificó puntos donde podrían estar, sin embargo, dos días después declaró que en la zona Laja-Bajío hallaron indicios de que “algunas de ellas fueron privadas de la vida”.
“¿De qué nos sirve que tengan líneas de investigación si a las personas desaparecidas no las van a encontrar con vida? ¿Por qué las familias siempre tenemos que hacernos a la idea de que vamos a encontrar [a nuestros seres queridos] sin vida? Porque la Fiscalía no hace bien su trabajo”, cuestionó Karla Martínez Jiménez, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, conformado por al menos 120 familias de Guanajuato.
La búsqueda de su hermano Valentín, desaparecido en la entidad en febrero de 2020, la llevó a sumar esfuerzos con personas que pasan por una situación similar, así surgió el colectivo. En marzo de 2021, sus integrantes realizaron un plantón frente a las oficinas de la Fiscalía estatal para exigir la participación de las familias en las labores de búsqueda, que las agilizara y asistiera a mesas de trabajo, aunque el Fiscal Carlos Zamarripa firmó los acuerdos, hasta la fecha sigue sin cumplirlos.
“No se ha cumplido prácticamente nada, nos prometieron mesas mensuales para poder hablar acerca de esto, de cuántos hallazgos había, de los avances de identificación de cuerpos y no se ha cumplido, cuando se acercan nuestras citas las posponen. El Fiscal no tiene tiempo nunca de atendernos, él se ha presentado yo creo que máximo a tres mesas”, denunció Karla Martínez.
A ello se suma que en 2020 los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad también protestaron con un plantón para exigir acciones concretas de búsqueda de personas desaparecidas y contra el nombramiento de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como Comisionado estatal de Búsqueda por su poca experiencia, pues denunciaron que antes se dedicaba sólo a la administración de empresas. Durante estas protestas varias buscadoras fueron agredidas por policías.
En materia de la identificación de personas los retrasos también son constantes. Tan sólo esta semana, buscadoras y buscadores reportaron el hallazgo de una fosa clandestina en Irapuato, el segundo municipio de la entidad con más reportes de desapariciones y personas no localizadas (419 desde 2009), donde fueron desenterradas bolsas de plástico con restos humanos. La buscadora Karla Martínez acusó que policías les impidieron el paso, también denunció que la Fiscalía trabajó sólo de manera superficial.
“Personal de antropología forense localizó una bolsa en otra parte del predio, justamente en un lugar en donde la Fiscalía ya había trabajado, ya había abierto y ya ellos habían dejado descartado el punto. Por eso exigimos participar, porque han demostrado que con ellos hay que volver a trabajar porque están dejando cuerpos enterrados. No están haciendo el trabajo como se debe”.
De acuerdo con la buscadora, el trabajo tanto de la Fiscalía como de la Comisión Estatal de Búsqueda sigue siendo ineficiente, también denuncia la falta de transparencia con la que operan. Por ejemplo, el último reporte público de la Fiscalía de Carlos Zamarripa a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre las fosas clandestinas, así como de los cuerpos y restos humanos hallados en la entidad es del periodo del 19 al 25 de enero, cuando sólo unos días después la noticia de una fosa localizada en Celaya estremeció a la población porque se ubicaron al menos 20 cuerpos.
El trabajo del Fiscal ha sido cuestionado incluso por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el año pasado, pues además de las desapariciones, otros delitos van en aumento en la entidad que lleva casi 30 años gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN).
Durante la gestión de Carlos Zamarripa, primero en la Procuraduría General de Justicia y ahora en la Fiscalía, el número de homicidios dolosos ha crecido 536 por ciento, pues en el año 2009 se registraron 414 asesinatos y para 2022 la cifra se situó en dos mil 634.
Mientras que los últimos datos del Gobierno federal sobre la incidencia delictiva nacional, los de enero de este año, colocan a Guanajuato como el segundo estado con más delitos: fueron 12 mil 281, sólo por debajo de la Ciudad de México, donde se reportaron 18 mil 706.
“Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad, protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El Fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”, expresó el Presidente López Obrador en agosto del año pasado.
Desde hace tiempo el mandatario federal había insistido en la necesidad de que Zamarripa sea removido del cargo. Ese mismo mes reveló que él personalmente se lo ha pedido al Gobernador Diego Sinhue. “No puede porque pertenece el Fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así, incluso hasta tengo buena opinión del Gobernador, pero lo tienen rodeado”, comentó el Presidente.
Para la defensora Karla Martínez, las cifras y la violencia en el estado son la muestra del trabajo deficiente del Fiscal, una opinión, que, dice, comparten otras y otros buscadores de personas desaparecidas.
“Sólo hay que ver las cifras de desapariciones. Cada vez hay más casos de personas que son encontradas asesinadas, como ocurrió con las mujeres de Celaya. Todos los días encuentran restos. Hay muchas muestras de que en la Fiscalía no hacen su trabajo”, criticó.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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