De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Zurita Jiménez fue detenido la tarde de ayer 27 de marzo y ahora se encuentra en traslado para ser presentado ante un juez federal.
Desde el pasado 9 de marzo, la FGR informó que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México giró una órden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas a los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex, cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron y 6 fueron los beneficiarios de los recursos que fueron desviados.
Precisamente Zurita Jiménez se encuentra relacionado con Servicios Integrales Carregín S.A. de C.V., la cual está en la lista de empresas que presuntamente celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, de las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal.
Hasta el momento, la FGR ha detenido a 10 implicados en el desfalco multimillonario a Segalmex, aunque uno de ellos recuperó su libertad. Se trata de Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex.
El juez consideró que su nombre no aparece en ninguno de los documentos relacionados a la operación de compra de azúcar.
Caso Segalmex
A casi cuatro años de la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que nació con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación, 9 mil 500 millones de pesos han desaparecido sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Esta situación ha provocado que diversas instituciones hayan elaborado 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, realizado 84 actos de fiscalización y presentado 40 denuncias penales, procesos de los que solo se han conseguido dos vinculaciones a proceso contra un solo exfuncionario y ninguna sentencia.
De acuerdo con la FGR, todos los presuntos responsables del fraude celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar que se utilizarían en beneficio de la población más vulnerables del país. Sin embargo, nunca pudieron probar su entrega.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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