El Fiscal Irving Barrios Mojica, conocido por orquestar el llamado “michoacanazo” en el Gobierno de Felipe Calderón, se encuentra nuevamente en la mira al estar a cargo de la investigación de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, de los cuales dos fueron asesinados, por miembros del crimen organizado en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, no hay confianza en las investigaciones por las polémicas que han rodeado al funcionario, quien es herencia del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Irving Barrios Mojica, mejor conocido por orquestar el llamado “michoacanazo” —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un Juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico, cuando él era Ministerio Público del Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa— se encuentra nuevamente en la mira al estar a cargo de la investigación de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, de los cuales dos fueron asesinados por miembros del Cártel de Golfo en Matamoros, Tamaulipas.
Sin embargo, no hay confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía de Tamaulipas a su cargo, pues a lo largo de su trayectoria ha sido señalado en múltiples ocasiones de fabricar delitos y armar investigaciones con testigos pagados o falsos. Algunos de sus procesos incluso han sido desestimados por instancias federales, al encontrar inconsistencias en los procedimientos, pruebas sembradas y acusaciones sin fundamento.
“Definitivamente no es posible que sea Fiscal en un estado con esos antecedentes, en donde ha utilizado la Ley para apresar a gente, para meterla en prisión. ¿Cómo puede estar una persona impartiendo justicia habiéndose comportado de esta manera?”, señaló Javier Herrera Valles, quien fue Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva y presentó una denuncia contra Irving Barrios por ser parte del equipo de Genaro García Luna que lo llevó a la cárcel por cuatro años con cargos inventados.
El excomisario, quien fue uno de los funcionarios que alertó al expresidente Felipe Calderón de los vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen, también añadió: “Yo le hago un llamado al Presidente López Obrador que ponga atención en esta situación (en el cargo de Irving Barrios) porque es muy grave que, en una situación tan tensa de México con Estados Unidos, tengan investigando estos hechos delictuosos a esta persona”.
El secuestro de los estadounidenses generó que integrantes del partido Republicano del vecino país retomaran las propuestas para que Estados Unidos nombre a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas con la finalidad de endurecer los programas y acciones de Estados Unidos en México para el combate a los grupos de la delincuencia organizada e incluso se han hecho planteamientos para una intervención militar.
La narrativa de los republicanos ha generado una situación diplomática entre Estados Unidos y México en la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que los legisladores republicanos “si siguen ofendiendo a México, vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. El que no quiere a su patria no quiere a su madre”.
La Fiscalía General de Tamaulipas informó el pasado 10 de marzo —a siete días de ocurridos los hechos— sobre la detención de cinco presuntos implicados. El pasado 13 de marzo, el Gobierno federal confirmó que en total se ha detenido a seis personas presuntamente implicadas con el secuestro.
LA “FÁBRICA DE MENTIRAS”
Son varios los episodios en los que Irving Barrios ha sido acusado de fabricar investigaciones. Uno de ellos fue el secuestro y asesinato de María del Pilar Garrido Santamans. La mujer de 34 años, originaria de Valencia, España, y su esposo, Jorge Fernández González, fueron interceptados por hombres armados en la carretera Soto La Marina, en Tamaulipas, cuando ellos regresaban de “liberar tortugas”, el 2 de julio de 2017.
De acuerdo con las declaraciones de Jorge Fernández González, el esposo, los criminales obligaron a la pareja a bajar del auto y los despojaron de sus celulares y carteras. No obstante, uno de los criminales le habría ordenado a otro llevarse a María del Pilar.
“Ellos se llevaron a la esposa y le ordenaron a Jorge, el marido, que no hiciera nada o sino la mataban”, dijo Jorge Fernández Villareal, padre del esposo de María del Pilar.
El 26 de julio de ese año se encontraron unos restos óseos en un paraje cercano al lugar de los hechos, en la carretera entre Ciudad Victoria y el balneario de la Pesca, y las pruebas de ADN demostraron semanas después que eran los de Pilar Garrido. Al tratarse de una ciudadana española el caso cobró gran relevancia a nivel internacional y con ello, mayor presión a las autoridades para investigar el crimen.
“El cuerpo aparece a 9 kilómetros de donde Jorge señaló que lo habían plagiado, donde habían secuestrado a su esposa. Su declaración era consistente”, narró a SinEmbargo el padre del inculpado.
Con pruebas circunstanciales, Jorge, el esposo, fue acusado por la Fiscalía de Tamaulipas con un proceso penal desaseado y lleno de inconsistencias, en el que los jueces tamaulipecos, ligados al entonces Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le dictaron una sentencia de 47 años de prisión, aún y cuando no había pruebas contundentes.
La familia del inculpado, con el apoyo de la familia de la víctima, iniciaron una lucha y exigencia para que el caso de esclareciera y demostrar la inocencia de Jorge Fernández.
Rosa María Santamans, madre de Pilar, también dudó de la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas y ha exigido en múltiples ocasiones, desde España, una indagatoria completa del crimen y ha defendido la inocencia de Jorge Fernández.
“La defensa y la familia de la víctima, presentamos testigos y peritos, éramos dos de este lado, (apoyando a Jorge) y todas nuestras pruebas de descargo derrumbaban totalmente las hipótesis de la Fiscalía, pero ellos las desestimaban”, narró el padre del acusado.
El 23 de septiembre de 2021, un Tribunal federal desechó la sentencia y ordenó reponer el caso debido a diversas vulneraciones al debido proceso, una situación que aún no se ha realizado en Tamaulipas, narró Jorge Fernández Villareal.
El padre de Jorge exige a las autoridades el esclarecimiento del caso y que el esposo de Pilar sea absuelto a la brevedad porque las pruebas con las que la Fiscalía lo mantiene preso son solo circunstanciales y de apreciación de los policías, pero no hay evidencia contra él.
“No puedes sentenciar a alguien sin pruebas, eso es un crimen. Aquí el verdadero criminal es el Fiscal (Irving Barrios) y sus fiscales”, aseguró Jorge Fernández Villareal.
Otro caso en que se relaciona a Irving Barrios es la detención de Javier Herrera Valles, en noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva.
Herrera Valles fue detenido, sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, mientras se dirigía a una entrevista. Durante su captura fue torturado y estuvo privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
En entrevista con SinEmbargo explicó que uno de los precursores y quienes participó en la fabricación de su caso, fue precisamente Irving Barrios, quien le habría ofrecido beneficios a un delincuente detenido ese mismo año, José Salvador Puga Quintanilla, alias “El Pitufo”, a cambio de que declarara en contra y de manera falsa contra él y su hermano Arturo Herrera Valles.
“Irving Barrios Mojica en ese tiempo, en 2008, era coordinador de fiscales en la SIEDO. Era el segundo abordo de Marisela Morales, quien era la titular de SIEDO. Él fue el precursor de los testigos protegidos en el sexenio de este Felipe Calderón Hinojosa, particularmente de un delincuente detenido en flagrancia en septiembre del 2008, José Salvador Puga Quintanilla, “El Pitufo” […] lo hace testigo protegido y le otorga beneficios que no le corresponden. Lo convierten en testigo protegido y estuvo declarando en contra de servidores públicos de Michoacán, agentes de la AFI y de mucha gente más. Él declara contra mi hermano con testimonios falsos, en octubre de 2018, y el 14 de noviembre declara contra mí de presunta delincuencia organizad. Irving fue de los precursores de fabricar testigos colaboradores y hacer imputaciones falsas a muchos servidores, particularmente a mi hermano y a mí ”, narró el exmando policial.
Herrera Valles fue uno de los funcionarios que alertó con cartas al entonces Presidente Felipe Calderón, que Genaro García Luna tenía nexos con el crimen organizado, situación que considera fue lo que le valió, como represalia, su injusto arresto.
Las irregularidades en el proceso legal permitieron que Herrera obtuviera la sentencia absolutoria el 6 de septiembre de 2012. Posteriormente, presentó diversas denuncias en contra de los agentes que participaron en su detención y de exfuncionarios de la extinta PGR como Marisela Morales e Irving Barrios Mojica, actual Fiscal de Tamaulipas; sin embargo, dijo que tales acusaciones no han prosperado por que la FGR ha determinado el no ejercicio de la acción penal; decisión que ya impugnó ante los tribunales.
“Yo presenté una denuncia penal. Lamentablemente la Fiscalía General de la República (FGR) se ha prestado para la protección (de Irving Barrios). Esa denuncia yo la presenté desde el 2014 y ha sido una de problemas, inclusive ya van dos veces que se determina el no ejercicio de la acción penal contra esta denuncia. En una ocasión quedó sin efectos (la denuncia), tuvieron que seguir la investigación, volvieron determinar el no ejercicio de la acción penal y ahorita tengo un amparo en contra de esa de esa resolución. Entonces pues lamentablemente la Fiscalía General de la República se ha prestado para la protección porque, me imagino que, al estar inmiscuida Marisela Morales Ibáñez, pues es la protección para ella y para todo su séquito, porque finalmente tergiversaron la Ley y la utilizaron para privar de su libertad a muchos servidores públicos que no coincidían con ellos y les estorbaban”, denunció.
MÁS CASOS POLÉMICOS
El “Tamaulipazo”, una persecución política a opositores del entonces Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Baca, es otro de los episodios polémicos donde se acusa a Irving Barrios.
Durante el proceso electoral del año pasado, que perdió el candidato de la coalición del PRI-PAN-PRD, César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truko”, frente al actual Gobernador Américo Villarreal Anaya, la Fiscalía General de Tamaulipas libró órdenes de aprehensión contra políticos opositores, entre ellos, los alcaldes morenistas de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Nuevo Laredo, Carmen Lila Canturosa; de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, y de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.
Además, hay otros casos relevantes como el asesinato de Carlos Domínguez, ocurrido el 13 de enero de 2018 en el municipio de Nuevo Laredo, donde la autoridad acusó a cinco personas, entre ellas, los tres periodistas, Luis Valtierra, Jesús González y Gabriel Garza, como participantes y por coadyuvar en el homicidio.
Luego de casi dos años, en octubre de 2019, Luis Valtierra y Jesús González, fueron absueltos por un Tribunal de Enjuiciamiento, quien determinó que no había elementos probatorios que sostuvieran la responsabilidad. Gabriel Garza no corrió con la misma suerte, pues el comunicador falleció en prisión (en abril de 2019) al agravarse su estado de salud.
Frente a este historial de polémicas que ha rodeado al Fiscal Irving Barrios Mojica es que ahora la desconfianza también ronda en las investigaciones de los cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos muertos, en marzo de este año.
“Este personaje (Irving Barrios) se ha caracterizado por sembrar pruebas, se ha escrito bastante de él, periodistas locales, periodistas tamaulipecos conocen muy bien su historia, pero en realidad conocemos mejor su historia a nivel pues nacional, su papel junto con Marisela Morales, otro personaje muy obscuro, que armaban expedientes con pruebas y testigos falsos para hacer lo que les ordenaban que tenían que hacer, el caso (del exgobernador Tomás) Yarrington también es muy interesante en este sentido y la protección que parecen tener de algunos grupos políticos del otro lado de la frontera”, señaló la especialista en seguridad, Guadalupe Correa Cabrera.
La también académica de la Universidad de George Madson dijo que las investigaciones sobre el caso encabezadas por Barrios Mojica pierden cualquier tipo de credibilidad.
“A ver cómo vamos a creernos la investigación que está haciendo Irving Barrios en el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados y dos muertos, qué podemos esperar de una investigación a tan alto nivel ¿para qué? para culpar a algunas personas entonces en un nuevo gobierno que le resulta incómodo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca que ya está muy contento hablando con los medios hegemónicos del país, dando lecciones y además de todo poniendo dedos, es algo muy peligroso”.
La desaparición y muerte de Pedro César Carrizales Becerra, el exdiputado local de San Luis Potosí conocido como “El Mijis”, también se suma a lista de señalamientos contra el fiscal tamaulipeco. Amigos y familiares del legislador finado no están conformes con la versión que brindó la Fiscalía de Tamaulipas sobre el caso, misma que señala que falleció a consecuencia de un accidente vial, por lo que, incluso, acusan de montaje a la dependencia local.
Correa Cabrera recordó que el ahora Fiscal de Tamaulipas es un personaje que viene desde los tiempos de Felipe Calderón y que operó de manera cercana con García Luna.
Irving Barrios Mojica fue nombrado Procurador General de Justicia de Tamaulipas en octubre de 2016 por el entonces Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien también ha sido investigado por lavado de dinero. Dos años después, en diciembre de 2018, el Congreso de Tamaulipas lo designó Fiscal por un período de siete años, mismo que terminan en 2025.
No obstante, en junio de 2021, el Congreso de Tamaulipas, entonces de mayoría panista, aprobó un dictamen para ampliar el periodo de Barrios Mojica hasta el año 2027 y además le dio poder para proponer a los fiscales especializados, con lo que deja al margen de esa decisión al nuevo Gobernador, el morenista Américo Villarreal.
Sin embargo, la intención de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de blindarse dejando a su Fiscal con una “superfiscalía” y con el poder de elegir a fiscales especializados no prosperó porque el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) invalidó en –agosto pasado– las reformas aprobadas en junio por el PAN y el PRI en el Congreso, entre ellas, la que extendía el periodo a Barrios Mojica.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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