Agregó que las víctimas también lograron que la autoridad judicial federal desechara el recurso de revocación de esta medida interpuesta por el gobierno de la Ciudad México y el Metro, para evitar hechos que enluten a los usuarios, como el del 3 mayo de 2021 en la llamada “Línea Dorada” y el 7 enero de 2023 en la Línea 3.
En un comunicado, el defensor de las víctimas explicó que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa con sede en la CDMX, Ulises Oswaldo Rivera González, argumentó que la medida cautelar que implica seguir dando un mantenimiento y supervisión adecuados al Metro, “no afecta de ninguna forma el orden público o el interés social, sino por el contrario, tiene por objeto evitar daños en la sociedad”.
Agregó que la autoridad consideró razonable y apegada a derecho “la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables continúen ejerciendo todas las facultades legales y acciones materiales, necesarias para procurar el adecuado mantenimiento y operación de la red del Metro, e incluso, mejorar las tareas normalmente realizadas”.
Según la defensa, el Poder Judicial de la Federación consideró que el propósito es ofrecer a los usuarios un servicio de transporte “eficaz y seguro y tratar de reducir en lo posible la existencia de factores que, junto con otros ajenos al actuar de las autoridades, pudieran llegar a ser configurativos de algún accidente o falla que merme el servicio o afecte la integridad de los usuarios”.
Entonces, el Juez consideró que el recurso de modificación o revocación a la suspensión definitiva interpuesto por el gobierno de Sheinbaum “es infundado, por lo que se otorga la suspensión definitiva, para que el Gobierno Central y el Metro hagan todo, incluida inversión, para que demuestren acciones de mantenimiento y acciones de operación”, según el acuerdo 63/2023.
Y aunque destacó que el gobierno pidió la revocación con el argumento de que ya ha hecho diversas acciones de supervisión, corrección, mejora y mantenimiento realizadas al Metro, hechas después de la resolución, “eso no modifica ni altera las causas, motivos y razones por las cuales se concedió la suspensión definitiva”.
Tras la decisión de la autoridad judicial, el abogado Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de algunas víctimas, destacó que “con esta suspensión se obliga al Metro y al Gobierno a mejorar las tareas realizadas, para que la red del Metro funcione adecuadamente y evite la repetición de otras tragedias que en dos años suman 27 muertos, más de 200 heridos y múltiples y cuantiosos daños materiales”.
El pasado 27 de febrero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arremetió contra Teófilo Benítez en una conferencia:
“Las familias en una condición de mucho dolor, se acerca un abogado, les ofrece quién sabe qué cosas, y al final se quedan casi extorsionados por el abogado... Ellos son beneficiados de todo lo que se les dio a las víctimas de la Línea 12, independientemente de su abogado o no. Entonces, que no acepten este tipo de abusos, particularmente de este abogado que ya cada vez que hay algún problema se acerca a las familias y les hace firmar estos contratos que son una barbaridad”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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