Así lo advirtió en conferencia de prensa Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al explicar que la dependencia se ha negado a entregar información relativa a la contratación que hizo en 2019 con Comercializadora Antsua, proveedora exclusiva del software Pegasus en México.
“La fiscalía ha hecho solicitudes de información a la Sedena y (esta) no contesta, contesta con evasivas o niega información que es evidente que existe. Sigue negando que existen contratos con Antsua, pese a que hay muchos documentos que lo comprueban”, dijo.
Por eso es que las organizaciones R3D, Artículo 19 y SocialTic hicieron una exigencia pública: “(Que) la Sedena deje de obstaculizar las investigaciones de la FGR y dé acceso a toda la información, personal e instalaciones relacionadas con el espionaje ilegal que se lleva a cabo en el Centro Militar de Inteligencia (CMI)”.
Este martes, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicaron una nueva investigación con más pruebas que confirman que el espionaje al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fue cometido por el Ejército y con el aval del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, durante la actual administración.
Un reporte de inteligencia realizado por el entonces director del Estado Mayor de la Defensa da cuenta de las conversaciones telefónicas que Ramos mantuvo con tres periodistas en agosto de 2020; esa información fue entregada a Sandoval y tuvo como propósito influir en una investigación que realizaba la Sedena sobre una ejecución extrajudicial presuntamente cometida por militares.
Se trató de tres jóvenes que habían sido secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio de 2020, y que fueron asesinados durante el enfrentamiento entre militares y personas que portaban uniformes de camuflaje y armas de alto calibre.
El periódico El Universal publicó en agosto de ese año información sobre las autopsias que confirmaron que los disparos en los cuerpos habían sido detonados a corta distancia. Mientras tanto, un video grabado por un militar confirmaba que al menos uno estaba vivo tras la confrontación, pero otro elemento gritó “mátalo, mátalo”.
En ese periodo de publicación, el teléfono de Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus, según confirmó Citizen Lab en otro análisis a su teléfono realizado este año.
En octubre pasado, las organizaciones y medios publicaron la investigación “Ejército espía”, en la cual revelaron que la Sedena contrató el servicio de “monitoreo remoto” a la empresa representante en México de NSO Group, desarrollador del software Pegasus.
También, que los teléfonos de Ramos, del escritor y periodista Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político fueron infectados con Pegasus entre 2019 y 2021, como confirmó el análisis forense realizado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
Por la intervención ilegal de sus comunicaciones, las víctimas interpusieron una denuncia ante la FGR, pero hasta el momento no ha habido avances.
Respecto de los hallazgos más recientes, R3D y Artículo 19 exigieron el cese del espionaje e hicieron un llamado al Congreso para citar a comparecer al secretario de la Defensa como parte de sus exigencias al Estado mexicano.
Sedena niega información
Tras conocer la información sobre la compra a la empresa vendedora de Pegasus en México, en octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no espiaba, que la Sedena solo hacía labores de inteligencia y que la dependencia haría pública toda la información relativa a los contratos, pero cinco meses después, esto no ha ocurrido.
La Sedena también se ha negado a entregar la información solicitada por transparencia, al argumentar que “no localizó” documentación al respecto, por lo que el INAI le instruyó a hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos y entregarla, toda vez que se trata de información pública.
Incluso, la Sedena reconoció haber contratado a Comercializadora Antsua, pero también se negó a entregar los contratos a la Auditoría Superior de la Federación, organismo que realizaba una revisión de contrataciones de la dependencia en 2019.
La Sedena incluso dio a la Auditoría los comprobantes de pago por cerca de 140 millones de pesos por el servicio de “monitoreo remoto”, pero se negó a darle el contrato como tal argumentando razones de “seguridad nacional”.
Este no es el primer caso de espionaje cometido desde el gobierno. Desde 2017, R3D y Artículo 19 documentaron el espionaje en contra de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, así como la compra de Pegasus en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Dichos casos también fueron denunciados ante la entonces Procuraduría General de la República desde 2017, pero la investigación tampoco ha sido dirigida a identificar a los autores intelectuales.
Con la denuncia de 2022, ya en el sexenio de López Obrador, “la historia se repite, no solo del espionaje, sino de la impunidad”, denunció ayer Luis Fernando García.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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