Ante estos hechos, víctimas y activistas crearon iniciativas como la Ley Malena, que lleva el nombre en honor a María Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en 2019 en Oaxaca.
Dicha propuesta comenzó a planearse desde finales de 2022, con la intención de tipificar esos hechos y de que se tenga un castigo justo para los perpetradores de los ataques; en enero de este año la diputada local de Ciudad de México por Morena, Marcela Fuente, la presentó ante el Congreso de la Unión.
En este sentido, el pasado 2 de marzo fue un día histórico, pues el pleno del Congreso de Puebla aprobó la Ley Malena en la entidad; así, los ataques con ácido se tipificarán como feminicidio en tentativa y las penas van de 26 a 40 años. Este hecho fue celebrado por víctimas y activistas, quienes han declarado que esta lucha esta centrada en las futuras sobrevivientes de estos ataques.
La Ley Malena se está promoviendo para castigar, de forma específica, la violencia ácida, de esta manera lo quieren plantear en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La idea es que siendo una ley general pueda aplicarse en todas las entidades y niveles de gobierno. Así, se tendría una regulación en la que estarían previstos estos casos en todo el país, afirma Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM.
“La iniciativa de la Ley Malena podría ayudar a reducir la impunidad, porque habría una norma más específica; sin embargo, también es necesario que haya medidas preventivas que puedan ayudar”, añade.
Por su parte, Rosalba Cruz, abogada de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, afirma que es importante la iniciativa de la Ley Malena porque el ejercicio de la violencia machista, que trae consigo la misoginia y el odio hacia las mujeres, se ha ido sofisticando.
La maestra recalca que los ataques con ácido ponen en riesgo la integridad corporal y la salud psicoemocional de las víctimas, porque “estas agresiones deforman y provocan afectaciones como: traumas psicológicos graves, alteraciones en los órganos y la pérdida de la funcionalidad anatómica”.
Estos ataques por sí mismos, prosiguió, “se consideran una forma extrema de violencia; por eso lo necesario para que sea posible acreditarlos a nivel probatorio en un proceso penal, y que además haya una sanción, es que haya un tipo penal específico de lesiones cometidas con ácidos o con otras sustancias corrosivas, y que esté motivada por razones de género”, concluye.
El caso de María Elena, la saxofonista
“A mí me quisieron matar y sobreviví de milagro”, así describe María Elena Ríos lo que vivió en septiembre de 2019 en Oaxaca, cuando sufrió un ataque con ácido.
La joven de 29 años es originaria de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca. Es estudiante de música en la UNAM y se dedica a hacer activismo para ayudar a otras mujeres que también sufren violencia.
Elena ha sufrido revictimización por parte de las autoridades, cuenta en entrevista y añade que la reinserción social ha sido su motivación ante esta agresión que le cambió la vida.
Violencia y negligencia
La joven relata que vivió negligencia en varios hospitales: “Era tanta la suciedad que mis injertos de piel se caían y se empezaban a pudrir”. Sin embargo, gracias a que su caso se difundió en medios de comunicación, las autoridades “se vieron obligadas a cumplir con lo que tenían que hacer desde un principio, apegados a la Ley General de Víctimas”.
María Elena dice que sólo de esta forma fue que la trasladaron al Centro Nacional de Rehabilitación de Ciudad de México, donde en una semana sus injertos de piel pegaron, luego de que estuvo en agonía por más de tres meses.
Las quemaduras afectaron la mayor parte de su cuerpo. “No hay palabras para describir lo que sentí. Es la violencia más extrema que le pueden ejecutar a una mujer. Mis cicatrices son de tercer grado: las quemaduras carcomieron parte de mis músculos y de mis nervios”.
A casi tres años y medio del hecho, la cuestión médica no ha cesado para la saxofonista oaxaqueña, pues ha tenido que someterse a diversos tratamientos reconstructivos, procesos psicológicos, psiquiátricos y dermatológicos.
Sin embargo, desde junio de 2022 la joven no cuenta con tratamientos, ya que luego de que se manifestara de forma pacífica en la Guelaguetza, en Oaxaca, y más de 20 elementos policiacos la sacaran del evento, las autoridades decidieron suspenderle los medicamentos.
La saxofonista asegura que todo el tiempo está amenazada de muerte. “Aunque es muy cansado, es gracias a que me he mantenido en el ojo público que yo y mi familia estamos vivos”.
La activista sigue en la lucha por obtener justicia; sin embargo, considera que su caso ha sido obstaculizado, debido a las conexiones políticas que su atacante tiene.
Ha sufrido revictimización por parte de los jueces, de quienes recibe comentarios como: “es que tú vas a un facial”, refiriéndose a sus tratamientos. “Acudo a un tratamiento médico para mejorar la calidad de mi órgano más extenso, que es la piel; no es vanidad, es reconstruir mi cuerpo porque yo no nací así. Y, claro, que si a ti te echaran ácido y estás deforme de la cara, tienes la necesidad de recuperarte”.
La UNAM, reinserción y motivación
La saxofonista afirma que “la reinserción social me ha salvado; no es efectiva ni la dan, pero nosotras solitas somos quienes nos incluimos en la sociedad nuevamente. ¿Cómo? Pidiendo justicia, denunciando”.
Pese a que su situación es complicada por la revictimización que sufre, un proceso jurídico que es lento y las amenazas constantes, se encuentra entusiasmada de estudiar en la Facultad de Música de la UNAM.
“Lo que me ayuda mucho es seguir estudiando; para mí es una motivación. De eso a veces no se hace cargo el Estado, sobre cómo seguir adelante. Y son herramientas que yo he ido ‘arañando’, pero el hecho de estudiar me pone contenta.”
Reparación del daño
Asegura que se necesita una Ley General que tipifique las agresiones con ácido como femicidio o feminicidio en grado de tentativa, por lo que surgió la iniciativa de la Ley Malena, que se está discutiendo en el Congreso de Ciudad de México.
Dentro de los términos generales de esta propuesta se encuentra el garantizar la reparación del daño. Las instancias gubernamentales deben de dar el apoyo psiquiátrico, psicológico y físico, enfatiza.
Se pretende que en la capital del país a los atacantes se les imponga una pena de hasta 30 años de prisión; no obstante, si otros congresos adoptan la iniciativa, la condena podría elevarse de 35 a 40 años, de acuerdo con su Código Penal.
La Ley Malena considera no sólo los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos; aunado a lo anterior, pretende que se proteja de igual forma a las mujeres transexuales.
Pese a que no se tiene una cifra oficial de cuántos casos de víctimas hay, Gaceta UNAM habló con Ximena Canseco, cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, quien afirma que hasta 2023 se tienen 39 casos registrados de ataques con ácido, en 6 de ellos las mujeres murieron. En la mitad de los casos los perpetradores fueron sus parejas o exparejas.
“Las víctimas son de entre 20 y 30 años, precarizadas, racializadas y con grado de escolaridad secundaria o preparatoria trunca, pero también hay casos de universitarias. Las principales entidades donde ocurren los ataques son Ciudad de México, Estado de México y Puebla”, comenta.
La fundación estima también la violencia química, que son los ataques que se hacen no sólo con ácido, sino también con sustancias corrosivas, irritantes, inflamables, etcétera. “Este registro contó un total de 105 mujeres víctimas de estas agresiones con este tipo de sustancias durante 2022”, finaliza.
AUTOR: PERLA CHÁVEZ.
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