Matilde era directora de la escuela secundaria y preparatoria estatal por cooperación Genaro Vázquez Rojas. Había adoptado al hijo de su mejor amigo, fallecido tiempo atrás en un accidente automovilístico. También le había conseguido trabajo con ella en la escuela, y hasta hoy es el presunto responsable de su desaparición y muerte.
De acuerdo con la versión de su hija Lilia Aguilar Gil, hoy diputada federal, él quería ser director del centro educativo, móvil reconocido por las autoridades. Matilde estaba próxima a jubilarse, pero no había confiado en que él tuviera la capacidad para ser director. Fue entonces cuando él decidió secuestrarla y “castigarla”. Matilde no fue buscada, pese a que desde el primer momento existió una denuncia por su desaparición.
Su familia se quedó atrapada en el proceso. Las autoridades decidieron que no había sido secuestrada, con el argumento de que ella se había ido por su propio pie. Ni siquiera actuaron como si se tratara de una desaparición o un secuestro, y en lugar de investigar al posible perpetrador, indagaron en torno a ella.
El culpable fue localizado y entregado tres veces por la familia, pero en todas las ocasiones lo dejaron ir. La última vez no solamente no lo retuvieron, sino que le recomendaron huir. Más tarde, cuando hicieron el seguimiento tras su muerte, a partir de pruebas audiovisuales que había conseguido la familia por su cuenta, las omisiones se evidenciaron y las autoridades la revictimizaron.
“No nos reconocieron como víctimas. Hicieron una persecución en el juicio; decían que mi mamá había sido víctima de violencia de género sin tener las mínimas pruebas. Pusieron a declarar a uno de los autores del secuestro diciendo que mi mamá era amante de su secuestrador, que era el muchacho que la había secuestrado. Fue una revictimización completa pero nunca la buscaron”, relata su hija Lilia.
Ella asegura que no solamente no la buscaron, sino que los recursos de la fiscalía local fueron utilizados para señalar a Matilde y herirla socialmente. Su familia reclamaba que, sin importar lo que quisieran decir sobre ella, por lo menos la regresaran con vida. Incluso fueron ellos quienes terminaron ubicándola, tras una pista derivada del reparto de volantes.
Eso se repite de manera generalizada en el país, denuncia Aguilar. En los asuntos relacionados con la desaparición de mujeres, no se les busca porque siempre está de por medio la suposición de que se van por su propio pie, “con el novio” o de que huyen de las violencias en el hogar por su propia voluntad. Nunca se toma en cuenta la posibilidad de un secuestro, trata o cualquier otro elemento, señala.
Corresponsabilidad de las autoridades
Ahora como diputada federal, Aguilar elaboró, y presentará en el marco del 8 de marzo ante la Cámara de Diputados, una iniciativa para reformar el artículo 225 del Código Penal Federal en materia de violencia de género, con la finalidad de que exista una corresponsabilidad por parte de los funcionarios que no investiguen la desaparición de mujeres o les quieran dar otra salida, como lo hizo el fiscal de Morelos en el caso de Ariadna Fernández López Díaz.
“Hemos estado promoviendo con distintas organizaciones feministas, con diputadas y aliadas que puedan apoyarnos, esta iniciativa que centralmente está buscando modificar ese artículo para generar una corresponsabilidad, por el delito de feminicidio, de los funcionarios que no busquen; de las fiscalías específicamente y de otros funcionarios públicos que, teniendo conocimiento de la desaparición de una mujer, no la busquen”, explica Aguilar.
El documento describe que, cuando se habla de víctimas, debe entenderse que esa calidad no es exclusiva de quienes sufren el daño directo, sino que también lo son los familiares o personas que mantenían una relación inmediata con la víctima directa, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir o prevenir la victimización. La revictimización durante los procesos de investigación y judiciales las afecta a todas.
De esta manera, la iniciativa propone añadir al texto vigente del artículo 225 que los servidores públicos cometen un delito contra la administración de justicia cuando, además de desviar u obstaculizar, omiten o se abstienen injustificadamente de realizar investigaciones, niegan la calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales, u obstaculizan el ejercicio de sus derechos durante la investigación.
“Las sanciones previstas se aumentarán en una mitad, en su mínimo y máximo, cuando se acredite que el servidor público actuó o fue omiso por motivos de discriminación en razón de género, condiciones personales de la víctima, o cualquier otra causa que atente contra los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas”, añade la propuesta.
De acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el cierre de esta publicación 28 mil 112 mujeres permanecen desaparecidas en México, un 25% del total de personas de las que se desconoce su paradero; 7 mil 140 tenían de 15 a 19 años, 3 mil 393 de 20 a 24 años y 3 mil 146 de 10 a 14 años. Esos tres rangos de edad representan el 48% de las mujeres desaparecidas en México.
Un documental que aborda la historia de Matilde, y cómo se relaciona con otras experiencias similares, será presentado este lunes en el Museo Memoria y Tolerancia. Conforme se vive el luto, se descubre que el caso se repite miles de veces en este país, subraya Aguilar.
El tema de la “Ley Matilde” se dio de manera personal en el proceso de buscar justicia, agrega, pero la que no obtuvo ella podría aplicarse en los casos que vengan. “El objetivo que tenemos es que no nos traten como ciudadanas de segunda y que, cuando desaparezcamos, efectivamente nos busquen”, concluye.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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