En los últimos siete años, en México han sido quemadas intencionalmente al menos 656 mujeres, de las cuales el 67.84% fueron agredidas por un familiar y el 32.16% por personas desconocidas, según los datos de la Secretaría de Salud sobre lesiones atendidas en los hospitales públicos del país entre 2016 y 2022.
Liliana Torres y Luz Raquel Padilla son dos de las 90 mujeres que fueron víctimas de quemaduras intencionales durante 2022, aunque en ambos casos las autoridades sostienen que fueron ellas quienes se prendieron fuego, lo que por meses las ha revictimizado y ha impedido su acceso a la justicia. Además, ante la falta de políticas públicas para atender a quienes han sufrido este tipo de violencias, sus familias han tenido que cargar con los gastos de las atenciones requeridas.
En el caso de Liliana, sobreviviente de intento de feminicidio, la joven se encuentra en recuperación tras su primera cirugía reconstructiva y trabaja vendiendo maquillaje para poder comprar los medicamentos que tendrá que tomar de por vida por las quemaduras. Luz Raquel, en cambio, no sobrevivió: dejó huérfano a un niño con discapacidad, quien actualmente batalla para conseguir una cirugía de alta especialidad que le permita mejorar su condición de salud, que se vio afectada con la pérdida de su madre y cuidadora.
De acuerdo con Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sus historias muestran la vulnerabilidad de las víctimas de feminicidios —consumados o en grado de tentativa— cometidos con fuego, con autoridades que se niegan a investigar los casos como delitos y, en lugar de eso, culpan a las mujeres de lo que les pasó.
“Este tipo de conductas que cometen contra mujeres son por abuso de poder, los agresores se sienten con el derecho de someter, y esta violencia es una de las formas de mayor saña, es una manera brutal para marcarlas, porque cuando sobreviven quedan totalmente marcadas. Tienen muy claro el daño que les quieren causar, el dolor y el que no puedan hacer su vida por las afectaciones emocionales y físicas, muchas de ellas a veces dicen que preferirían haber muerto, porque quedan muertas en vida”, comenta Estrada en entrevista.
A ello —lamenta la activista— se suma que “la autoridad no investiga, carece de una debida diligencia y perspectiva de derechos humanos y de género, y termina criminalizando a las mujeres sin hacer un análisis del contexto de violencia en el que estaban las víctimas… pero para ellos lo más sencillo es decir que son ellas las que se están quemando”.
Según los datos abiertos de lesiones de la Secretaría de Salud, entre 2016 y 2022 fueron atendidas 193 pacientes con quemaduras cuya intencionalidad se ignora, 22 mil 557 mujeres con heridas accidentales y 96 con lesiones autoinfligidas. Entre estas últimas están Liliana y Luz Raquel, quienes para las autoridades se prendieron fuego ellas mismas.
Sobrevivir para contarlo
Ha transcurrido casi un año desde el pasado 26 de marzo, cuando Liliana fue trasladada al hospital por quemaduras en el 32% de su cuerpo, después de haber sido hallada en llamas en un terreno del municipio de Salinas, Nuevo León, y la fiscalía del estado no ha emitido ninguna orden de aprehensión por el caso. A la fecha, sostiene que la joven de entonces 23 años se quemó sola y que ella misma lo declaró, aunque para el momento en el que supuestamente lo hizo estaba intubada y sedada por la gravedad de su estado de salud.
Debido a la falta de avances en la investigación de su caso, Liliana comenzó a denunciar a través de redes sociales el intento de feminicidio que sufrió, lo que la hizo blanco de amenazas de usuarios que desde el anonimato la llaman mentirosa. Por ello, tuvo que dejar el estado para irse a Tamaulipas, donde actualmente intenta rehacer su vida vendiendo productos de belleza que promociona con tutoriales de maquillaje en TikTok.
“Empecé a probar los productos que vendo por mis cicatrices, y gracias a las personas que tienen un gran corazón encontré inspiración para seguirle echando ganas. Me daba miedo que vieran cómo quedé marcada del ataque, pero ahorita ya no me importa, mucha gente me mira y me apoya para seguir avanzando en este doloroso proceso de recuperación”, cuenta en entrevista.
Desde que salió del hospital donde estuvo internada cuando la encontraron quemada, Liliana y su familia han tenido que cargar con los gastos de su recuperación, así como de una cirugía reconstructiva que le permitiera recuperar movilidad. Su esposo, Aldo, trabaja como conductor de un taxi de aplicación, con lo que mantienen a sus tres hijos, y se apoyan para lo demás en la venta de cosméticos y los donativos de personas que conocen su historia por videos en internet.
Sin embargo, Liliana lamenta que entre los mensajes que recibe a diario por redes sociales todavía hay amenazas de personas que aseguran que inventó la historia de la tentativa de feminicidio. Incluso, tuvo que poner una nueva denuncia, esta vez por violencia digital, pero tampoco hay avances que permitan dar con sus agresores.
“Me llegan mensajes en los que me cuestionan si voy a seguir haciendo videos, y me da miedo porque han llegado a filtrar la dirección de donde vivo, pero no hay resultados de la investigación desde enero que puse la denuncia. Aun cuando me cuesta trabajo moverme, he tenido que ir al Ministerio Público a preguntar por el seguimiento sin respuesta, no sé si están esperando que me hagan algo a mí o a mis hijos”, reclama.
A pesar de las amenazas, la joven continúa peleando para que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León tipifique sus lesiones como tentativa de feminicidio y detenga a los tres hombres que identifica como sus agresores.
La prueba de que Liliana no pudo declarar ante la autoridad es que, inmediatamente después de que fue descubierto su cuerpo, ella se encontraba inconsciente y fue sometida a una intubación, lo que le impedía hablar.
Esta información está en el expediente médico que se inició en cuanto fue llevada al hospital, donde viene el nombre de los paramédicos y médicos que la atendieron, el sitio donde la recogieron y las primeras descripciones de los hechos. Sin embargo, al día de hoy el Hospital Universitario de Nuevo León no ha entregado los documentos a la fiscalía, aunque esta institución y la abogada de la joven se lo han solicitado en múltiples ocasiones; por ello, la investigación está detenida.
Entre 2016 y 2022, en hospitales de Nuevo León fueron atendidas 58 mujeres por lesiones provocadas por fuego, sustancias calientes y vapor. Según los registros de la Secretaría de Salud, de estos, seis casos se cometieron intencionalmente por un familiar de la víctima y ocho por personas desconocidas.
Morir sin ser reconocida como víctima
Las entidades donde más mujeres fueron atendidas en hospitales por quemaduras intencionales en los últimos siete años fueron Guanajuato (75), Estado de México (72), Jalisco (53), Sonora (44) y Ciudad de México (33).
Jalisco es el tercer estado con más casos; además, se tiene registro de la atención a 781 mujeres que se lesionaron accidentalmente y de tres que supuestamente se quemaron solas, entre ellas, Luz Raquel Padilla, a quien en julio pasado le prendieron fuego en un parque del municipio de Zapopan y murió a causa de las heridas.
A casi ocho meses de su feminicidio no hay detenidos, porque la Fiscalía de Jalisco determinó que se autolesionó y que las amenazas previas al ataque que denunció también fueron pintadas por ella. Mientras, Ismael “N”, señalado por Luz Raquel como su agresor previo al ataque, se encuentra en libertad.
Ismael solo fue investigado por los delitos de lesiones y contra la dignidad de las personas, por denuncias que Luz Raquel interpuso en mayo de 2022, cuando, según la víctima, le lanzó cloro al cuerpo. El hombre también fue testigo en la carpeta de investigación de su muerte, pero las autoridades determinaron que no existían elementos para inculparlo.
Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, denuncia que la fiscalía revictimiza a su hermana, con una serie de hechos donde se culpa a la víctima para desestimar los cargos contra el hombre al que identificó como su atacante. Por ejemplo, el día en que las autoridades hablaron de su caso en conferencia de prensa, remarcaron la hipótesis de que se autolesionó, y aunque vincularon a proceso a Ismael, solo lo cuestionaron sobre la agresión con cloro, mas no por las quemaduras que la mataron.
Tras la liberación del presunto agresor, organizaciones civiles como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) demandaron que se trabajara la investigación del caso como un feminicidio, lo que no ha ocurrido.
Aunque para Aurora, ahora lo más importante es que se atienda a Bruno —el hijo de 12 años que dejó huérfano Luz Raquel—, quien vive con trastorno de autismo severo y epilepsia, y “a raíz de que falta su mamá, quien fue su cuidadora principal, ha tenido crisis en aumento; sus periodos de sueño han disminuido y por las noches despierta gritando ‘mamá, mamá, casa, casa’, y quiere salir a buscarla”.
Desde septiembre, la tía de Bruno busca que se le practique una cirugía de alta especialidad para que su estado de salud no siga empeorando, misma que solo puede realizarse en las instalaciones del Hospital Centro Médico de Occidente, del IMSS. Sin embargo, debido a que el menor de 12 años no cuenta con la afiliación a esta institución, a la fecha el procedimiento no ha sido programado.
En la búsqueda de apoyo para que atiendan a Bruno, la hermana de Luz Raquel ha recurrido a autoridades estatales, y según la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Jalisco, Paola Lazo, el niño sería operado en el Hospital Civil del estado, pero al recurrir a esta institución, el lugar negó estar obligado a realizar la cirugía.
Por ahora, los familiares tuvieron que cambiar de domicilio, ante el miedo de que el agresor de Luz Raquel intente agredirles de nuevo, y se encuentran a la espera de que alguna de las autoridades que se han comprometido a apoyar lo haga. De no ser así, tendrán que buscar donativos ciudadanos para que la cirugía se realice en un hospital particular, lo que ven difícil, porque se necesita cerca de 1 millón de pesos.
Luz Estrada, del OCNF, reclama que las historias de las víctimas de feminicidio queden impunes: “A la autoridad le da miedo reconocer ante la sociedad que a las mujeres las están quemando, que hay ataques con mayor saña, y prefieren minimizar los hechos. Eso hace que las familias no logren justicia, y de paso, que no podamos bajar las estadísticas de violencias graves contra las mujeres, que por la falta de atención terminan en feminicidios”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO, SIBONEY FLORES.
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