–¿Dónde está tu orden?
–No tengo porqué tener una orden.
–¡Claro que tienes que tener una orden para desalojarnos!
–¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre!
Díaz Alamilla encarnó el poder que desde 2016 tiene la fiscalía ambiental de la Ciudad de México para investigar denuncias por despojo. El funcionario firmó el acuerdo de aseguramiento del viejo edificio de Leonardo da Vinci 129, tras recibir una denuncia anónima; facilitó su demolición y entregó el predio vacío a un abogado. Todo esto en dos meses: octubre y noviembre de 2017. Para diciembre el edificio fue demolido con las cosas de sus ocupantes aún dentro. Hoy hay una torre de departamentos de alta plusvalía construida por la empresa GDC Desarrollos.
El mecanismo
Desde que fue bautizada como Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) los autores de esta investigación han reporteado 36 casos de edificios asegurados por esta autoridad; en diez casos fueron expulsados vecinos precarios que llevaban años buscando la regularización de su tenencia ante el Instituto de Vivienda de la capital (Invi). A partir de la revisión de cinco expedientes de la fiscalía ambiental, se identificó una forma de desalojar extrajudicialmente, ignorada hasta el momento en las discusiones sobre gentrificación y recambio poblacional de la capital.
Opera así:
1. Aseguramiento exprés. Poner en custodia objetos vinculados a un crimen investigado, es una potestad que tiene cualquier agente del Ministerio Público. Pero cuando lo “asegurado” es un edificio habitado, se encubre un desalojo extrajudicial tras el eufemismo. Asegurar un edificio es tomarlo por la fuerza y en los expedientes analizados se evidencia cómo esta decisión no pasa por ningún control externo a la fiscalía ambiental, como sí ocurre en los juicios civiles que hasta el momento monopolizaban la emisión de órdenes de desalojo.
Al asegurar un edificio, la fiscalía ambiental pone sellos que indican el número de expediente. Allí aparece la fecha de inicio de las investigaciones, la cual se comparó en cada caso con la fecha del aseguramiento. Así se evidenció que la medida de fuerza es tomada prematuramente, al inicio de sus investigaciones. El caso de Isabel La Católica 254 registró el plazo más breve: la averiguación inició el 14 de noviembre de 2018 y el edificio fue asegurado el 3 de diciembre de 2018, tras menos de un mes de haber recibido una denuncia anónima contra los vecinos por haber tirado cascajo en la vía pública. Aún sin pruebas del delito denunciado, la fiscalía lo mantiene “preservado” y bajo su control desde hace cuatro años.
La rapidez del aseguramiento tomó a los vecinos por sorpresa y les impidió defenderse antes de someterles a esta novedosa forma de “desalojo extrajudicial”. En cambio, la autoridad no actuó con esa misma rapidez al recibir la denuncia por falsificación del certificado de uso de suelo del Colegio Rébsamen, de Coapa, materia que también le compete a la fiscalía ambiental. En este caso, durmió la decisión por seis meses, hasta que el sismo del 19 de septiembre de 2017 mató allí 19 niños y siete adultos. Retomó su investigación días después del sismo.
2. Penaliza lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur cuando ya estaba preso. Fue uno de los primeros procesados por despojo en la capital y pasó dos años injustamente detenido en el Reclusorio Sur, hasta que fue absuelto. Logró probar que el día que la fiscalía lo acusó de cometer el despojo, él estaba en Chiapas. Su nombre fue tomado de un pleito archivado en la justicia civil, cuando Fortanel defendió legalmente a la Okupa Chanti Ollin, un espacio de gestión colectiva, que resistió 13 años hasta que topó con la fiscalía ambiental.
En el aseguramiento del Chanti en la madrugada del 22 de noviembre de 2016 intervinieron 800 agentes de choque (según la tarjeta informativa) que tomaron el edificio trepando por la fachada para irrumpir en la asamblea que ocurría en el primer piso. La fiscalía detuvo a 26 personas y las liberó sin cargos, pero Fortanel fue apresado dos días después por policías de civil que lo metieron en un automóvil sin placas.
En entrevista, Fortanel describió con claridad el mecanismo del despojo: “Esta fiscalía parece tener todos los poderes que pueda tener una autoridad en el país porque tiene la facultad de aseguramiento y, con eso, de desalojarte, algo que antes sólo podía hacer un juez. Llegué a entender que esta fiscalía fue creada justamente para esto: para anular procesos civiles que pueden ser muy largos en favor de quienes teníamos la posesión, en este caso, el Colectivo Chanti Ollin”.
Durante el primer año de acción del mecanismo las denuncias por despojo se multiplicaron por siete. Crecieron de 484 carpetas de investigación en 2015 a 3 mil 242 en 2016, y en 2019 pasó de ser considerado un delito de bajo impacto a estar penado con 10 años de cárcel, cuando se comete con el agravante de “agrupación delictuosa”. Es el caso de la comunidad mazahua, que pelea su permanencia en la colonia Juárez, en el predio de Turín 46.
La amenaza de ir a la cárcel inhibió que la gente afectada peleara por sus derechos y que, en la mayoría de los casos, hablase a condición de anonimato, como los vecinos de Da Vinci. No sólo eso: la marca de la fiscalía ambiental es hacerles perder todas sus pertenencias, porque las asegura con el edificio.
A los de Da Vinci se les permitió entrar brevemente dos personas por familia a sacar algunas cosas, pero la mayoría de los muebles se perdió en la demolición del lugar. Además de la posesión, se les despojó de cómo probar que alguna vez la tuvieron. Ni se diga del daño económico que les implicó quedarse sin nada.
3. Cambia el suelo de manos. Comparado con el total de denuncias por despojo recibidas, es baja la cifra de 268 edificios asegurados entre 2019 y 2021. Sin embargo, 61% de ellos fue entregado a los denunciantes. Para esto, tampoco intervino ningún juez, ya que los expedientes muestran que esta decisión depende del agente del Ministerio Público que lleva el caso.
Este superpoder se concentró a inicios del año 2016 en la sede central de la Fiscalía General de Justicia y se gestó en dos ordenamientos cuando Miguel Ángel Mancera fue procurador y luego jefe de Gobierno. Sin embargo, el mecanismo ha gozado de buena salud durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tuvo cinco titulares, pero la actual es Alma Luisa Rodríguez Soberanes, y aunque cambió de nombre a Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), mantiene sus potestades intactas.
Desde 2022 una decena de autoridades de alto nivel del gobierno capitalino conforma la “Mesa de Despojos” y respaldan el mecanismo como un pilar del “plan de política criminal” de este año: “El aseguramiento de inmuebles por parte de esta institución inhibe la intención de los grupos delictivos de continuar con la ejecución del delito, permitiendo la entrega y devolución a la persona que se encuentra legitimada”, según el citado documento.
Una vez “restituidos” (como la fiscalía llama al cambio de manos tras el aseguramiento) los edificios quedaron abandonados o fueron derrumbados, salvo Cuauhtémoc 166, donde los vecinos frenaron la demolición ilegal gracias a tres clausuras de obra entre 2020 y 2021. Su esqueleto permanece medio de pie, medio caído, como un fantasma entre las colonias Roma y Doctores, que recuerda que no todo conflicto se resuelve por la fuerza.
Violencia institucional
Laura Frías fue la Ministerio Público que firmó la suerte de Cuauhtémoc 166: mandató el aseguramiento tras dos meses de investigación; ordenó el desalojo del plantón (con la presencia del exfiscal, José Espinosa Nolasco) que las afectadas sostuvieron dos años y medio junto al predio, el 5 noviembre de 2019. Y entregó el lugar a los denunciantes: Antonio Omar Abud Cardona, hijo de Antonio Abud Nacif, un arquitecto de 90 años; y al abogado Roberto Sánchez Rocha, quien firmó junto a Frías el documento de recepción del inmueble, fechado el 28 de noviembre de 2019, que forma parte de esta investigación.
La primera vez que los reporteros fueron a Cuauhtémoc 166, el 9 de junio de 2017, no había cosas ni gente en la calle. Dos niños confirmaron que los vecinos habían sido expulsados pero que todos estaban dentro, salvo aquellos que buscaban respuestas en distintas oficinas de gobierno. En la sede de la fiscalía pidieron ver el expediente y se los negaron. Sólo si aceptaban la imputación por despojo, les dijeron, les darían una copia.
Después de un largo proceso, la fiscalía terminó por darles la razón. El último documento que se agregó a esta investigación está fechado el 24 de junio de 2022 y reconoce, cinco años después del aseguramiento de Cuauhtémoc 166, que dicha fiscalía no tiene evidencia del delito con que justificó la expulsión de los residentes: “Hasta este momento procedimental, los medios de prueba son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del probable responsable”.
Sin embargo, según consta en el Programa de persecución penal 2023, la autoridad está promoviendo que se modifique el delito de despojo y se “permita detener al despojante en flagrancia”, en el momento del aseguramiento. La propuesta implica que, en vez de mejorar su capacidad para probar el delito, bajarán las garantías individuales para detener a quien se encuentre en el lugar. Si esto hubiese estado vigente en el inicio de esta investigación, los vecinos expulsados que hablaron con los reporteros estarían injustamente presos.
También se ha registrado una ola de desalojos arbitrarios ordenados por la justicia civil. En la alcaldía Cuauhtémoc hay 53 casos de desalojo de múltiples departamentos y en ninguno de ellos los vecinos tuvieron aviso previo, un requisito del proceso judicial que, en 2019, se incluyó en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Un caso del Centro Histórico, Zapata 68, ejemplifica por qué nadie fue notificado: las demandas estaban dirigidas a otras personas, algunas ya fallecidas, por deber rentas de contratos falsos, que ni ellos ni los muertos habían firmado. Organizados desde 2001 en una asociación civil para defender su permanencia, los vecinos de Zapata habían resistido desalojos en 2006 pero, una década después, como si hubiera cambiado el viento, sufrieron 11 desalojos arbitrarios y fueron denunciados por despojo ante la fiscalía en enero de 2019.
Su caso evidenció cómo, más que atacar mafias invasoras, la “fiscalía del despojo” actúa contra vecinos sin papeles, con posesiones de larga data y procesos de regularización abiertos ante el Invi, institución en la que fue canalizada la política de acceso a la vivienda popular en la Ciudad de México, desde fines de los noventa. La carpeta del Invi de Cuauhtémoc fue abierta en 1999 y la de Zapata en 2002.
Desde el terreno se ve cuánto los despojos de la fiscalía ambiental y los desalojos judiciales tienen en común: la falta de aviso previo a los afectados; su nulo acceso a los documentos que causaron su expulsión y la imposibilidad de defenderse antes de serlo. Sobre todo, se asemejan en cómo la violencia institucional fue usada contra las personas más vulnerables, en su mayoría mujeres, que habían invertido una vida en esos sitios para tener un lugar digno donde vivir. Esa violencia motivó este reportaje.
Los desalojos extrajudiciales de la “fiscalía del despojo” hicieron de la criminalización su arma para extinguir décadas de lucha. Camuflados en la arbitrariedad que campea en los desalojos civiles, se destacan por privar a las personas de todo, incluso de la triste fortuna de ver sus cosas regadas en la calle.
Reportaje publicado el 19 de marzo en la edición 2420 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO/QUINTO ELEMENTO LAB.
AUTOR: /ELIANA GILET, ERNESTO ÁLVAREZ.
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