Con del denominado plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador en ningún caso se podrán suspender los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía a causa de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales. De ahí que en dado caso los registros prevalecerán.
A diferencia de procesos como el de 2021, en que el Instituto Nacional Electoral canceló el registro de los precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Adela Román Ocampo, así como el del candidato del mismo partido para la gubernatura en Michoacán, Raúl Morón Orozco, por no haber presentado informes de gastos de precampaña, para 2024 en caso de prosperar el plan b, los partidos podrán excederse en gastos por concepto de proselitismo sin riesgo de que a sus abanderados se les cancele la inscripción al proceso.
“Así los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación”, estableció el INE en su momento.
En razón de una modificación al artículo 229 párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedó eliminado ese castigo. En la nueva normatividad quedó como amonestación única para tales efectos, una sanción económica consistente en un límite de 5 mil Unidades de Medida y Actualización.
El INE indicó que con ello se ve afectado el modelo de fiscalización electoral. También deploró que con la Reforma de AMLO la Unidad Técnica de Fiscalización se convierte en una dirección ejecutiva, disposición que contraviene a la Constitución, pues la UTF requiere autonomía técnica y en tal caso, con el plan b, quedaría exenta de esa potestad.
Según citó el diario Reforma este lunes 20 de marzo, el consejero electoral Jaime Rivera sostuvo que a falta de “consecuencias graves” la eliminación de la pérdida de registro incentiva “el incumplimiento”; alertó que en ese escenario podría desconocerse de dónde viniera el dinero para impulsar las postulaciones de los partidos políticos, lo que podría dar cabida a la inyección de recursos ilícitos.
El 3 de marzo, fecha en que entró en vigor la Reforma Electoral, la cual ha sido objeto de recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE creó el Comité Técnico para la implementación de la nueva Ley, integrado por 7 consejeros, además de los titulares de las direcciones Jurídica y Ejecutiva de Administración, y al que se incorporarán los consejeros que asuman el cargo a partir del 3 de abril.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.
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