El Ministro Javier Laynez Potisek habló en su resolución de las principales consecuencias que traería el no otorgar la suspensión del Plan B electoral, entre las que destacó “la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto [Nacional Electoral] para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
Según el acuerdo de la suspensión que fue publicado este lunes, “el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE”, sin embargo, alertó que “el decreto reclamado [el del Plan B] produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”, se lee en el documento sobre la resolución emitida la noche del pasado viernes 24 de marzo.
Laynez Potisek también advirtió que “de no concederse la suspensión, el Instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
“De ser cierto lo que se aduce en la demanda, podría haber una merma significativa en la garantía orgánico-institucional de los derechos a votar y ser votado, en la garantía de equidad en la contienda, también podría comprometerse la integridad del padrón electoral y, consecuentemente, la garantía de derechos humanos relacionados con el manejo de información personal ahí contenida”, agregó para argumentar su decisión en la controversia 263/2023.
La resolución del Ministro se dio a conocer desde el viernes pasado a través de un comunicado, donde se informó que admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
En este mismo acuerdo, el Ministro Instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal.
También concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el @INEMexico en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada.
— Suprema Corte (@SCJN) March 25, 2023
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“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, precisó la SCJN.
Con esta suspensión indefinida al Plan B, el Instituto Nacional Electoral podrá seguir operando como lo hacia antes de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La suspensión regirá durante el tiempo que tome a la Corte tramitar la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma.
El pasado 19 de marzo se informó que el Ministro Alberto Pérez Dayán había admitido 81 impugnaciones contra la primera parte del denominado Plan B de la Reforma Electoral.
La primera parte incluye cambios en la Ley General de Comunicación Social y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ha generado controversia entre partidos políticos, gobiernos estatales y municipios de oposición. En total, se habían presentado 170 impugnaciones contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre, incluyendo seis acciones de inconstitucionalidad y 74 controversias constitucionales.
AMLO NO SE SORPRENDE POR FRENO A PLAN B
Desde el pasado 25 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una postura ante la suspensión del llamado Plan B electoral en la SCJN. Cuestionado durante su gira por Quintana Roo para supervisar los avances del Tren Maya, afirmó que se trata de una “oligarquía” que no quiere la reforma y que quienes así piensan forman parte de la misma “mafia” .
Al preguntarle si era posible que “frenaran” el Plan B, el mandatario respondió: “Pueden, porque es la misma mafia, son iguales que Ciro, que [el empresario opositor] Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia”.
“¿Saben qué es la oligarquía? Es el Gobierno de los ricos y la democracia es el Gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el Gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la Reforma Electoral. Eso es lo que está sucediendo”, añadió en una breve entrevista con medios.
Además, dijo que “los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que lo que gana el Presidente de la República. Entonces como la Ley [reforma] lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren, porque ellos tienen como dios al dinero, su único dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto”.
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— Adán Augusto López H (@adan_augusto) March 25, 2023
El estado de derecho jamás ha estado en riesgo, con la aprobación de la reforma secundaria, por el contrario, garantizar el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos es un compromiso que la democracia debe abanderar y defender.
Otro que cuestionó la decisión de la Corte fue el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. “El oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la SCJN, la suspensión otorgada el día de hoy se mantendrá hasta el momento en que los otros dos Poderes de la Unión respondan a dicha solicitud”, escribió el pasado 24 de marzo en redes sociales.
“El Estado de Derecho jamás ha estado en riesgo, con la aprobación de la reforma secundaria, por el contrario, garantizar el acceso democrático de la ciudadanía y la transparencia de los recursos es un compromiso que la democracia debe abanderar y defender”, añadió.
PRESIDENCIA IMPUGNARÁ SUSPENSIÓN DE PLAN B
La Presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que impugnará la decisión de Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, pues consideró que “arrancó hojas a la Constitución” para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE).
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— Gobierno de México (@GobiernoMX) March 26, 2023
Para conceder suspensión, ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución.https://t.co/dESrf8MPS1 pic.twitter.com/jDFVE5TvbB
En un comunicado titulado “Para conceder suspensión, Ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, el Poder Ejecutivo federal acusó que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, “Laynez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, “cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.
“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo Juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una Ley Electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, dijo.
De acuerdo con la Presidencia de la República, “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la Ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.
“La Constitución sólo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, aseguró.
El Ejecutivo explicó que “conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”, por ello, “resulta preocupante que el Ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del Instituto”.
Asimismo, señaló que “es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria”.
“El Estado de Derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes”, defendió la Consejería Jurídica.
Además, anunció que “ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del Ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
“Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación”, agregó la Presidencia.
Por último, reiteró que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y dio a conocer que “solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige”.
“Resulta preocupante que el Ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”, concluyó.
AUTOR: REDACCIÓN.
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