El predio afectado se denomina Ex Hacienda Cerro Viejo; se localiza en Tierra Blanca-Boxter, a escasos kilómetros de la carretera federal Álamo-Tuxpan, y es propiedad de la señora Hortencia González López, quien probó la propiedad del mismo con la escritura pública de propiedad correspondiente. No obstante, esto no fue impedimento para que la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) construyera sin su permiso a finales de los años 90 un ducto de 24 pulgadas denominado Nuevo Teapa-Cadereyta, así como cinco pozos para la extracción de crudo y diversas áreas de almacenamiento.
Ante tal situación, la ciudadana recurrió al juzgado de primera instancia con sede en Tuxpan, Veracruz, que en 2006, emitió sentencia a su favor, condenando a PEP a desocupar parte de su propiedad y a indemnizarla por las rentas dejadas de percibir como resultado de la ocupación ilegal. Ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio para que la petrolera diera cumplimiento a la sentencia antes referida y fue como se celebró un primer convenio.
Pero el asunto no terminó ahí: PEP continuó ocupando el predio de Hortencia González López, instalando cinco pozos para la extracción de crudo, así como zonas de almacenamiento, lo que ha provocado derrames de crudo dentro de su propiedad. Incluso, la petrolera construyó dos cárcamos de contención del hidrocarburo ante la explosión de uno de los cinco pozos en octubre de 2009, generando daños ambientales.
De nueva cuenta, y derivado de la instalación de los pozos y de las áreas de almacenamiento de crudo por parte de PEP en la propiedad de la señora Hortencia, esta acudió otra vez a la justicia ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí se llevó a cabo el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado bajo el expediente número 759/15-13-01-1.
Tras el siniestro, Pemex dejó en abandono las instalaciones, lo que ha generado que los pozos, aunque taponados, continúen vertiendo crudo y generando impactos ecológicos, además de suponer un riesgo, pues por la zona continúa fluyendo combustible, mientras que personas desconocidas, presumiblemente huachicoleros, “ordeñan” a plena luz del día los ductos.
Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Pemex a través de su departamento de comunicación social para solicitarle una entrevista o una postura. La petrolera no ofreció respuesta alguna.
“La zona es un polvorín”
Lo que sí hizo PEP fue enviar en febrero del año pasado un oficio a la señora Hortencia, para solicitar permiso de entrar al terreno con el fin de dar mantenimiento de manera urgente al ducto Nuevo Teapa-Cadereyta, mismo que está en operación.
En el oficio fechado el 11 de febrero de 2022, y del que este medio guarda una copia, la petrolera advirtió que se requiere que personal especializado dé mantenimiento al ducto, “evitando con ello una posible pérdida de contención que pondría en riesgo sus instalaciones, población y medio ambiente”.
La población más cercana al predio por donde pasa el ducto en riesgo de colapso está a tan solo dos kilómetros del ejido Alazán, donde habitan unas 200 personas, mientras que a unos 15 kilómetros está la cabecera municipal de Álamo, con una población de 34 mil habitantes. Asimismo, a pocos kilómetros del terreno afectado, pasa una carretera federal.
“Sí existe un riesgo de explosión”, advierte en entrevista Emilio Pacheco Ramírez, abogado de la señora Hortencia, quien asegura que “la zona es un polvorín”, puesto que, además del ducto en riesgo, pasan otros dos ductos que transportan crudo y gas.
“Está documentado por la propia Dirección de Pozos de Pemex —subraya Pacheco—. En el expediente del caso obra un oficio donde se precisa que se requiere urgentemente dar mantenimiento al ducto para evitar un posible colapso. De hecho, ya está el antecedente de que uno de los pozos, el denominado Cerro Viejo 9, ya explotó, y Pemex tuvo que construir dos cárcamos de contención en la propiedad de la señora Hortencia para evitar que el crudo llegara y contaminara el río”.
Pero, a más de 10 años de la construcción de los cárcamos, la construcción de esa infraestructura no ha frenado el avance de la mancha de devastación: según consta en documentación oficial que forma parte del expediente del caso, y a la que este medio también tuvo acceso, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) expusieron que hay múltiples zonas en el predio “con presencia de hidrocarburo”, “gas inoloro, al parecer metano o sulfhídrico”, e, incluso, la existencia de grietas en la tierra en las que “se alcanza a escuchar un sonido de ebullición”.
Asimismo, los peritos de la autoridad ambiental detectaron derrame de presas con hidrocarburos, emanaciones de dicho material y escurrimiento de aguas contaminadas.
“Se observan pozos taponados, donde actualmente a su alrededor continúa emanando hidrocarburo, pequeñas presas o chapopoteras, y gran cantidad de emanaciones pequeñas de hidrocarburos entre los naranjales”, resalta el informe técnico, en el que también se denuncia que “las empresas que han efectuado los trabajos preliminares a la construcción de los pozos no han tomado alguna medida de seguridad, pues no se observa alguna cerca que evite accidentes, debido a la profundidad de algunas excavaciones”.
Tan no se han tomado medidas de seguridad en la zona, que en la actualidad puede observarse a personas, posiblemente huachicoleros, extrayendo —mientras fuman— combustible del ducto en riesgo de colapso, mientras que maquinaria pesada, sin logos de gobierno alguno, extrae crudo de la zona para presuntamente venderlo a las industrias que hay en la zona, que lo utilizan para la fabricación de asfalto. Así consta en múltiples videos que fueron obtenidos y consultados por este medio.
Por otra parte, la defensa de la señora Hortencia apunta que, de acuerdo con peritos particulares, los costos de la remediación a los impactos ambientales en el predio ocupado podrían superar los 2 mil 500 millones de pesos por las afectaciones a más de 40 hectáreas, equivalentes a unas nueve planchas del Zócalo de la CDMX.
“Entraron como Juan por su casa”
La señora Hortencia, por medio de su asesor legal, explica que ha tratado de conciliar intereses con Pemex para que tenga acceso al predio y proceda a dar mantenimiento. La defensa de la mujer alega que, de acuerdo con otro peritaje, Pemex le adeuda al menos 600 millones de pesos en estos más de 20 años de ocupación ilegal de su terreno.
“La señora no niega el acceso para que Pemex dé el mantenimiento al ducto, siempre y cuando se le indemnice”, plantea el abogado, quien refiere que “sería conveniente una amigable composición entre las partes a fin de evitar mayores costos y riesgos”. Sin embargo, el abogado asegura que Pemex “está cerrada” a ello, a pesar del riesgo que esto representa y de los impactos ambientales que ya se han dado en la zona.
“La señora Hortencia no provocó esta situación y mucho menos el riesgo de explosión, que quede muy claro. Es Pemex quien lo ha provocado, pues se introdujo ilegalmente en la propiedad de mi patrocinada, tal y como lo establece la sentencia emitida por las Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entraron como Juan por su casa, hicieron y deshicieron a su antojo, y ahora no quieren responsabilizarse”.
Además, el abogado enfatiza en que, “pese a que hay un peligro ambiental muy grave que pone en riesgo vidas humanas e intereses patrimoniales para Pemex”, la petrolera se ha negado a conciliar intereses con doña Hortencia para indemnizarla por la ocupación ilegal de parte de su propiedad y con ello destrabar así el pleito legal para que los operarios puedan acceder a dar mantenimiento al ducto.
“Están cerrados a conciliar, aunque la Ley de Justicia Cotidiana especifique las acciones administrativas que deberá implementar la administración pública federal para llevar a cabo la conciliación o celebración de convenios o acuerdos en las leyes respectivas, como medios alternativos de solución de controversias que se susciten con los particulares. No es algo optativo —remarca el abogado—, es obligatorio, pero no lo quieren ver así y mucho menos obedecer. No les interesa, y después de ahogado el niño, cuando suceda alguna desgracia, entonces sí querrán tapar el pozo”.
Ante tal situación, la señora Hortencia acudió de nuevo a la justicia. Esta vez para llevar a cabo un juicio federal en el que demanda obligatoriamente la desocupación total de Pemex sobre parte de su predio, en las áreas que incluyen los cinco pozos y dos cárcamos, más diversas áreas de contención. El juicio está en el Juzgado Octavo de Distrito, en Tuxpan, Veracruz, y actualmente se encuentra todavía en la fase de desahogo de pruebas periciales, que, según explica el abogado, “son para saber cuál será el costo para desocupar el predio y la remediación de las diversas áreas afectadas volviéndolas a su estado anterior”.
Y para que los peritos puedan hacer su trabajo en condiciones de seguridad, la defensa de la señora Hortencia solicitará al juez federal que suspenda totalmente el suministro de hidrocarburo que transita por el oleoducto de 24 pulgadas, lo cual también podría generar afectaciones colaterales, pues implicaría el corte de abasto de hidrocarburo.
“Si Pemex continúa en su posición de no querer conciliar, entonces los peritos tendrán que entrar al predio a realizar sus trabajos, pero con las garantías de seguridad que requieran, y entre ellas, la paralización del ducto de 24 pulgadas”.
“Estamos hablando de mucho dinero. El perito en remediación considera que pueden ser más de 2 mil 500 millones de pesos. Sería algo incosteable para Pemex”, subraya el abogado, que pide a la petrolera que “ya no pateé más el bote”, pues el problema lleva más de 20 años activo y está generando importantes afectaciones ecológicas, además de poner en riesgo a las poblaciones aledañas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario