Las directoras de las organizaciones expresaron hoy su preocupación ante el hecho de que la investigación que lleva a cabo la FGR parece apuntar hacia autoridades de “bajo nivel” --los custodios del INM y los guardias de seguridad privada a cargo del centro de detención--, pero no hacia las más altas esferas de la política migratoria, ya sea el comisionado Francisco Garduño Yáñez, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Tras aseverar que el incendio de Ciudad Juárez sucedió en una larga línea de masacres –en las que se reportaron 303 víctimas--, accidentes de tránsito, agresiones de agentes y de criminales y muertes de migrantes en México desde que se militarizó la política de contención migratoria.
“No podemos estar hablando de hechos aislados”, recalcó por su parte Inés Aurora Martínez Bernal, integrante del Consejo Ciudadano del INM, quien recordó que en años recientes se han multiplicado los incidentes y motines en los centros de detención migratoria, debido entre otros a las condiciones de hacinamiento que imperan en los recintos.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto de las Mujeres en Migración (IMUMI), precisó que la denuncia ante la FGR y la queja ante la CNDH buscan tipificar los delitos de homicidio, detención ilegal y lesiones, así como una serie de violaciones graves a los derechos humanos de los migrantes recluidos en el centro de detención.
La activista sostuvo que “es muy preocupante la investigación que estamos viendo”, y calificó de “increíble” las declaraciones cruzadas de Ebrard y López “peleándose por quien tiene la responsabilidad de la política migratoria”. “Desde nuestra perspectiva, todos son responsables”, aseveró.
Para llegar al fondo, se trata, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, de instalar una “comisión especial” de expertos internacionales, la cual tendría el objetivo de esclarecer la tragedia y de “destapar la cloaca de corrupción” que existe en el INM. Agregó que, en su opinión, ni Garduño ni su equipo deben permanecer a su cargo durante la investigación.
Blanca Navarrete, presidenta de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), recordó por su parte que, previo al incendio del centro de detención de Ciudad Juárez, agentes del INM y policías municipales realizaron redadas en la ciudad fronteriza para detener a personas migrantes, lo que llevó las autoridades a arrestar a más de 80 personas en un centro de detención con una capacidad máxima para 60.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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