Corral, militante del PAN y quien tenía poco más de un año en el cargo —ocupó la gubernatura de Chihuahua entre octubre de 2016 y septiembre de 2021—, celebraba el arresto y lo describía como un paso necesario para llevar ante la justicia a quienes habían cometido actos de corrupción durante el mandato de su antecesor, el priista César Duarte.
Pero a más de cinco años de ello, el propio Corral teme que las investigaciones sobre la Operación Safiro y sobre sus presuntos responsables se estén diluyendo. Como motivo de su preocupación, menciona el hecho de que Gutiérrez recientemente quedó absuelto del delito de peculado que se le atribuía, luego de que obtuvo un amparo por parte de un Tribunal Colegiado y de que la Séptima Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revocara la sentencia de seis años de prisión que se le había impuesto en 2020.
La absolución de Gutiérrez, acusa Corral, representa un ejemplo de la forma en la que las instituciones de justicia están cediendo en las indagatorias del caso. Más aún, advierte la posibilidad de que esa tendencia se mantenga y eventualmente beneficie al exgobernador César Duarte, quien fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020 y extraditado a México en junio de 2022.
Para Corral y otras figuras públicas que impulsaron las investigaciones sobre la Operación Safiro, no solamente los juzgados y tribunales están resolviendo a favor de personas implicadas, sino que el propio gobierno de Chihuahua, a cargo de María Eugenia Campos desde septiembre de 2021, está siendo omiso en el tema.
Animal Político solicitó una entrevista con el gobierno de la entidad para hablar del asunto, sin que hubiera respuesta hasta el cierre de edición.
Hechos y revelaciones
Las investigaciones sobre la Operación Safiro comenzaron tras el arranque del gobierno de Corral en 2016. La Fiscalía General de Chihuahua inició una carpeta de investigación por posibles irregularidades en la administración de César Duarte (2010-2016), como presuntos actos de enriquecimiento ilícito por parte del exgobernador priista, la “nómina secreta” con la que presuntamente pagaba sobornos a políticos locales —tanto del PRI como de partidos de oposición— y los desvíos a campañas políticas.
En este último caso, las autoridades detectaron un esquema en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfería recursos federales a gobiernos estatales con el supuesto fin de realizar un saneamiento financiero —de ahí el acrónimo “Safiro”—, cuando en realidad ese dinero era desviado a actividades proselitistas del PRI a través de empresas fantasma que simulaban servicios con los poderes ejecutivos locales.
Tan solo en Chihuahua, el monto se cifró en 246 millones de pesos desviados a campañas del PRI en 2016, cuando el estado tuvo elecciones.
En 2018, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un reportaje que documenta que el de Chihuahua no fue el único caso. De acuerdo con MCCI, en total hubo 649 millones de pesos en desvíos: la mayor cantidad fue la de Chihuahua, con los 246 millones, y le siguieron 230 millones en Durango, 140 millones en Sonora, 16 millones en el Congreso de Morelos, 15 millones en Colima, 488 mil pesos en el Estado de México y 300 mil pesos en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.
Todos los gobiernos estatales involucrados tenían un punto en común: estaban encabezados por políticos del PRI. Hasta ahora, no se ha informado si autoridades de alguna de esas otras localidades abrieron indagatorias.
De vuelta a Chihuahua, la fiscalía integró una carpeta de investigación con la que solicitó una orden de aprehensión contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, un político y empresario originario de Coahuila quien fue secretario general adjunto del PRI cuando Manlio Fabio Beltrones era dirigente nacional del partido.
A partir de esa indagatoria, Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre de 2017, en un operativo en el que participaron la policía de Chihuahua y la Policía Federal. Después, fue trasladado a Chihuahua, donde se le abrió un proceso penal.
El caso contra Gutiérrez
Tras ser arrestado, Gutiérrez fue acusado por dos cargos de peculado. Uno, el correspondiente a los 246 millones de pesos desviados, fue atraído al ámbito federal por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —hoy Fiscalía General—, que finalmente no lo acusó. El otro cargo se quedó en el fuero local.
Dentro del caso del fuero federal, el 31 de agosto de 2018 el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó exonerar a Gutiérrez tras atender una solicitud de la PGR para que la causa se sobreseyera. En la audiencia, la PGR entonces encabezada por Alberto Elías Beltrán señaló que no tenía elementos para proceder contra el exdirigente priista.
Ante la resolución, el gobierno de Chihuahua promovió el juicio de amparo 921/2019, con el que desde entonces busca que se reconozca su estatus de víctima en el desvío y que, con ello, pierda efecto el sobreseimiento solicitado en 2018. El recurso quedó en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y a la fecha no ha sido resuelto.
Jorge Espinosa, entonces consejero jurídico de Chihuahua, dijo a Animal Político en agosto de 2021 que, desde la perspectiva del gobierno estatal, la presidencia de Enrique Peña Nieto quiso proteger a Gutiérrez.
“El gobierno federal de Peña Nieto hizo hasta lo imposible por quitarle el caso a Chihuahua y llevárselo a la Federación, y allá de alguna manera pretendieron exonerar a Alejandro Gutiérrez, y obviamente hicieron una operación importante con el Poder Judicial de la Federación para lograr esos fines”, señaló.
Dentro del caso que se quedó en el fuero común, la fiscalía de Chihuahua señaló que Gutiérrez obtuvo indebidamente al menos 1.7 millones de pesos a través de su empresa Jet Combustibles, que simuló prestar servicios al gobierno de Duarte para que ese dinero finalmente llegara a las campañas del PRI.
En 2019, Gutiérrez fue sentenciado a tres años de prisión con la posibilidad de obtener el beneficio de libertad condicional. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua impugnó la sentencia y logró que se impusiera una mayor, de seis años sin beneficios, algo que la defensa de Gutiérrez impugnó a su vez.
Finalmente, en enero pasado, Gutiérrez obtuvo un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, que ordenó que se le dictara una nueva sentencia, sin tomar en cuenta el testimonio de Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del estado.
Dicho testimonio había sido clave en la acusación contra Gutiérrez, pero el Tribunal Colegiado lo desestimó. Herrera Corral declaró que el 21 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, habló con Gutiérrez sobre los desvíos. No obstante, los magistrados consideraron que el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda estatal cayó en una contradicción porque también dijo que en esa misma fecha estuvo en Chihuahua.
Con base en ello, determinaron que el testimonio no debía tomarse en cuenta, algo que critican autoridades ministeriales relacionadas con la investigación de Operación Safiro, pues señalan que se niega la posibilidad de que el exsecretario estuviera a una hora en la Ciudad de México y horas después tomara un vuelo a su estado. Además, advierten argumentos “inconexos” para quitar validez a lo declarado.
A partir de esas consideraciones, el Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Gutiérrez para que en una nueva sentencia no se considerara lo declarado por el exsecretario de Hacienda estatal.
Sobre esta decisión, autoridades ministeriales señalan que los magistrados, por un lado, invalidaron el testimonio con pocos argumentos; por otro, no tomaron en cuenta otros testimonios que también involucraban a Gutiérrez ni la exposición general de la fiscalía de Chihuahua. En contraparte, Gutiérrez afirma que la resolución se debe a que la acusación en su contra no tenía sustento.
“Ahí se ve el odio y la perversión con el que se actuó en mi contra, solo para llevarme y sentenciarme, ni a un homicida tratan así, esto lo hicieron aun y cuando no existía ni un solo centavo de daño a las arcas públicas”, dijo al diario El Heraldo de Chihuahua a finales de febrero.
Otro implicado, Antonio Enrique Tarín, exdirector de Adquisiciones del gobierno de Chihuahua, en 2019 fue sentenciado a seis años de prisión por este caso. En 2021, recibió libertad condicional tras haber cumplido una parte de su condena.
El caso contra César Duarte
El exgobernador priista César Duarte concluyó su mandato en octubre de 2016 y se mudó a Estados Unidos, donde estableció su residencia. Durante casi cuatro años, la administración de Corral pidió a las autoridades federales apoyo para que fuera detenido y extraditado.
Fue en julio de 2020 —justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba una visita a Washington, DC, para reunirse con el estadounidense Donald Trump— que se dio a conocer el arresto de Duarte en Miami.
Casi dos años después, en junio de 2022, el exgobernador fue extraditado a México y entregado a las autoridades de Chihuahua. El 8 de junio pasado, un juez local lo vinculó a proceso por asociación delictuosa y peculado, derivado de que se le atribuye haber desviado 96.6 millones de recursos públicos hacia dos empresas de las que era socio. Se trata de Unión Ganadera y de Financiera de la División del Norte.
El 2 de febrero, el juez aplazó dos meses la audiencia intermedia de Duarte y también rechazó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario, tras considerar que su salud no corre peligro en reclusión, como lo argumentaba la defensa del exgobernador.
Hasta ahora, sin embargo, Duarte no está procesado por los desvíos de la Operación Safiro.
El exfiscal anticorrupción, ahora acusado de tortura
En contraste, en noviembre pasado, autoridades de Chihuahua detuvieron a Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción de Chihuahua y responsable de haber iniciado las indagatorias por presuntos actos de corrupción en el sexenio de Duarte.
González Arredondo está acusado de tortura psicológica contra exfuncionarios de la administración de Duarte, algo que su defensa rechaza.
Iker Ibarreche, abogado del exfuncionario, señala que hay huecos en la acusación y que el trabajo previo de su representado —quien investigó a Duarte, a la gobernadora María Eugenia Campos y al actual fiscal estatal, César Jáuregui, entre otras personas— hace pensar que el expediente no tiene sustento legal.
“Nosotros lo que vemos es que existen demasiadas inconsistencias, demasiadas fallas o cuestiones indebidas dentro del caso, desde la forma en que fue detenido, la forma en que se condujo la jueza de control, la forma en que se aplicó la prisión preventiva sin ningún sustento. A partir de esas cuestiones y de los antecedentes de trabajo del maestro González Arredondo, uno puede ir sacando conclusiones”, dijo en entrevista.
Uno de los argumentos del abogado es que la jueza local Hortencia García se negó a ceder el proceso a instancias federales, pese a que así lo había solicitado la Fiscalía General de la República. El asunto incluso derivó en un recurso por conflicto competencial, que este 2 de marzo fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.
En esa instancia, los magistrados consideraron que el caso sí debe pasar a la FGR y ser resuelto por un juez federal.
Para Corral, la acusación contra el exfiscal es una “venganza política” de la actual gobernadora, encaminada a quitar legitimidad a las indagatorias que encabezó. De acuerdo con el exgobernador, los políticos que fueron investigados durante su administración buscan que poco a poco sean declarados como ilícitos los testimonios usados en su contra, por la supuesta tortura, y hacer acusaciones contra quienes les indagaron, lo que a la larga beneficiaría a Duarte.
“A través de este encarcelamiento injusto, no solamente está concretando una venganza política de carácter personal, sino también está edificando un plan de impunidad para lograr la libertad de César Duarte al tratar de descalificar las investigaciones que lo han llevado a prisión y que ahora se buscan desmontar y descalificar mediante esta acusación de supuesta tortura psicológica”, dijo el exgobernador el 15 de febrero pasado, en una conferencia en la que él y legisladores del PAN, Morena, MC y Grupo Plural pidieron que el Senado declare a González Arredondo como preso político.
Apenas este miércoles 8 de marzo, un juez federal determinó cambiar la medida cautelar impuesta a González Arrenondo, quien salió de prisión preventiva y podrá enfrentar en libertad el proceso penal en su contra. Deberá presentarse a firmar cada 15 días y tendrá prohibido salir del país y acercarse a la parte denunciante.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAURICIO TORRES.
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