García Rodríguez, quien estuvo 17 años en prisión preventiva y más de tres con un brazalete electrónico como medida cautelar, denunció en sus redes sociales que su reaprehensión, es el resultado de una “venganza del grupo Atlacomulco”, por no permitir “sus corruptas acciones”.
García Rodríguez posteó la imagen del documento firmado por el juez penal el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, fechado el 17 de marzo por el que requiere al fiscal General de Justicia del Estado de México “la búsqueda, localización y reaprehensión” de también fundador del Colectivo Pena Sin Culpa, “al ser responsable de la comisión del delito de homicidio calificado por haberse cometido con premeditación, en agravio de María de los Ángeles Tames Pérez”.
A través del documento, con el sello de recibido de la FGJEM del 21 de marzo, se ordena al fiscal “designar elementos de la Policía de Investigación para que lleven a cabo su cumplimiento material y una vez integrada, deberá dejarse al sentenciado a disposición de este juzgado en el interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a fin de continuar con el procedimiento correspondiente a la Ejecución de la Sentencia”.
Tras precisar el domicilio de García Rodríguez, el juez recuerda que “porta un localizador electrónico (brazalete) en razón a la medida cautelar impuesta, por tal razón, se requiere que inmediatamente de materializada la orden de captura y el sentenciado sea ingresado al centro penitenciario de esta ciudad, lo comunique a esta autoridad para proveer lo conducente”.
En la edición de reciente circulación de Proceso, Daniel García acusó las continuas acciones en su contra por parte del Estado de México, conforme ha ido avanzando su litigio ante la CoIDH, tribunal que está en vías de divulgar una sentencia contra el Estado mexicano por mantener vigentes las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, que son contrarios a los derechos humanos.
García Rodríguez, quien permaneció más de 17 en prisión preventiva junto con su coacusado Reyes Alpízar Ortiz, denunció en el semanario que la “venganza” en su contra es parte de la “desviación del poder”, figura que está bajo escrutinio por la CoIDH y que se refiere a “la pérdida de la autonomía de los órganos jurisdiccionales ante las órdenes el Poder Ejecutivo, ya sea federal o en los estados”.
El texto publicado por Proceso da a conocer la comunicación que García Rodríguez y sus representantes legales enviaron a la CoIDH luego de que el pasado12 de marzo le fuera notificada la sentencia, mientras que a Reyes Alpízar, con las mismas probanzas, se le declaró la absolución.
“Si su objetivo es espantarme o aterrorizarme no me ocupa, si me quieren volver a encerrar en la prisión llegaré a hacer el trámite como lo hice durante 17 años 6 meses, que atendí la biblioteca y barrí el patio y esperaré a que me den mi prelibertad, porque ya llevo las tres cuartas partes de la sentencia para obtenerla”, dijo a Proceso.
Ahora, en sus redes sociales, antes de ser llevado a prisión, García Rodríguez sentención: “No me callarán”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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