“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, destaca el sumario ejecutivo del informe, disponible en la página web de la dependencia que encabeza el secretario Antony Blinken.
El reporte fue difundido en un contexto de controversia binacional tras el secuestro de ciudadanos estadunidenses en Matamoros el 3 de marzo pasado y la exigencia de legisladores republicanos de que el Ejército estadunidense combata a los cárteles en México, rechazada reiteradamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Joe Biden destacó en el reporte la enmienda constitucional de 2022 que otorgó al presidente la autoridad para continuar utilizando las fuerzas armadas para la seguridad interna hasta 2028, destacando que las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina juegan un papel en la seguridad interna, particularmente en el combate a los grupos criminales.
“Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, destaca el reporte del Departamento de Estado.
“Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por agentes del Estado; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas; graves actos de corrupción gubernamental; investigación insuficiente y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad”, enumera el informe en su resumen inicial.
“Elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, subraya el informe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario