Entre las partes que el ministro propone invalidar están la facultad para que el Ejército involucre a civiles en investigaciones por delitos militares, que pueda solicitar la intervención de comunicaciones privadas, clasificar como confidencial toda la información recabada o asegurar activos financieros sin orden judicial, de acuerdo con lo publicado hoy por los diarios Reforma y La Jornada.
Los artículos que el ministro propone invalidar fueron reformados de mayo de 2016 e impugnados desde entonces por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Corte discutirá el proyecto este martes 14 de marzo.
De acuerdo con la nota del periodista Víctor Fuentes, de Reforma, se señala que el punto nodal del proyecto del ministro Aguilar es aclarar que fiscales y policías militares no pueden entrar en contacto directo con civiles, lo que extenderá el criterio que la Corte fijó en años pasados sobre que el Ejército no puede procesar ningún delito de militares que involucre a civiles, ya sea como cómplices o como víctimas.
“Cualquier disposición que prevea facultades en favor de las autoridades militares para imponer, por sí, obligaciones o cargas relacionadas con la investigación con delitos o faltas a la disciplina castrense equivale a sujetar a una persona civil a la jurisdicción militar, resulta contraria al artículo 13 de la Constitución”, sostiene el proyecto.
“Lo anterior no implica que las autoridades militares estén imposibilitadas para recabar información o medios de prueba que consideren necesarios para la integración de las carpetas de investigación relacionadas con delitos de disciplina militar”, agrega la nota.
De ese modo, el ministro propone invalidar todas las normas que permitan a ministerios públicos y policías castrenses requerir información a cualquier persona, sea o no parte integrante de las Fuerzas Armadas, así como ordenarle comparecer o imponerle medidas de apremio si no colabora.
La nota de La Jornada señala que el proyecto de Aguilar señala que es ambigua la redacción del artículo que faculta a los militares intervenir comunicaciones telefónicas.
“Lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, apunta el proyecto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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