Con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), el pueblo de Xoco presentó la demanda de amparo ante los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México en contra de autoridades como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), entre otras.
«Las autorizaciones, permisos y resoluciones administrativas de las autoridades demandadas dieron luz verde a la construcción del rascacielos más alto de la Ciudad de México, vulnerando directamente diversas disposiciones de la Constitución Mexicana y del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», explicó el ProDESC.
De acuerdo con María Luisa Torres, una de las demandantes y originaria de Xoco, el pueblo se opuso al proyecto «desde que Mítikah llegó a apropiarse de Xoco», pues nunca se les dio información sobre las dimensiones, impactos e implicaciones del complejo. «A pesar de que desde hace muchos años hemos exigido a las autoridades capitalinas y de la Alcaldía que nos explicaran qué iba a pasar con el Pueblo, hicieron caso omiso. Nunca han reconocido que como Pueblo originario tenemos territorio y derechos», agregó.
El proyecto Mítikah, que ocupa 109,606.58 metros cuadros de Avenida Universidad 1200 y Real de Mayorazgo 130, es un megacomplejo que inició su construcción en 2008 y comprenderá una clínica de servicios médicos, un hotel, 500 departamentos de lujo, un conjunto de oficinas, una torre de 60 niveles de 299 metros de altura, contando con un helipuerto, y un centro comercial que se inauguró en septiembre de 2022.
Las obras del megaproyecto continuaron sin la autorización de los habitantes afectados, y actualmente la construcción y operación de Mítikah ha ocasionado «cambios negativos en la vida de las personas que habitan Xoco», sobre todo la falta de acceso a un suministro de agua potable suficiente, el incremento en el precio del predial y servicios; el desplazamiento del comercio local que a su vez provoca desplazamiento forzado; fragmentación social y la criminalización de los pobladores que defienden su territorio.
Ante la violación de sus derechos como pueblo originario, los habitantes de Xoco interpusieron el amparo junto con el ProDESC con el fin de «garantizar el reconocimiento y respeto a sus derechos», así como para «frenar las políticas de exclusión de las autoridades».
Comunicado:
El día de ayer (22 de marzo), el pueblo de San Sebastián Xoco con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) presentó una demanda de amparo ante los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México en contra de autoridades como SCT, INAH, SEDUVI, SEDEMA, SACMEX, SEPI entre otras por la violación a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a participar en la elaboración y toma de decisiones de los estudios, evaluaciones y dictámenes de impacto ambiental, social, cultural y urbano sobre la construcción y operación del proyecto Mítikah, ubicado en territorio del Pueblo de Xoco.
Las autorizaciones, permisos y resoluciones administrativas de las autoridades demandadas dieron luz verde a la construcción del rascacielos más alto de la Ciudad de México, vulnerando directamente diversas disposiciones de la Constitución Mexicana y del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Desde que Mítikah llegó a apropiarse de Xoco, nosotros nos opusimos al no tener información sobre las dimensiones, impactos e implicaciones del proyecto. A pesar de que desde hace muchos años hemos exigido a las autoridades capitalinas y de la Alcaldía que nos explicaran qué iba a pasar con el Pueblo, hicieron caso omiso. Nunca han reconocido que como Pueblo originario tenemos territorio y derechos”, refiere María Luisa Torres, una de las demandantes y originaria del Pueblo de Xoco.
El proyecto Mítikah es un conjunto de usos mixtos de $22 mil 500 millones de pesos, en dos predios de 109,606.58 m2 ubicados en Avenida Universidad 1200 y Real de Mayorazgo 130. Inició su construcción en 2008 y comprenderá una clínica de servicios médicos, un hotel, 500 departamentos de lujo, un centro comercial, un conjunto de oficinas, una torre de 60 niveles de 299 metros de altura, contando con un helipuerto. El complejo abrió su centro comercial en septiembre de 2022. El metro cuadrado del complejo habitacional asciende a $87,196.00 pesos, siendo el sexto desarrollo inmobiliario más caro de la ciudad.
IMPACTOS DE MÍTIKAH EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE XOCO
Mítikah ha ocasionado cambios negativos en la vida de las personas que habitan Xoco. Uno de los mayores impactos generados por el megaproyecto inmobiliario es la falta de acceso a un suministro de agua potable suficiente; a esto se ha sumado el incremento en el precio del predial y servicios; y el desplazamiento del comercio local, tras la llegada de grandes cadenas comerciales y de autoservicio que encarecen el costo y la calidad de vida de los habitantes, generando situaciones de desplazamiento forzado; también ha ocasionado la fragmentación social; y la criminalización de los pobladores que defienden su territorio ejerciendo su derecho a la libre manifestación.
A estos, se le suma la privatización de la calle Real de Mayorazgo, evidenciada a través de la “explanada de integración” construida para el acceso al centro comercial y a los estacionamientos subterráneos, la cual cambió drásticamente la fisonomía de la vialidad, dificultando de manera significativa el acceso y tránsito al Pueblo de Xoco e inadecuada para sus celebraciones y tradiciones culturales.
Las autoridades demandadas no informaron ninguno de estos impactos al Pueblo de Xoco, el cual tampoco participó en las definiciones del proyecto ni en los procesos de toma de decisiones, a pesar de que Mítikah comprende aproximadamente el 18 % de su territorio.
“Xoco, como descendiente de las poblaciones indígenas que habitaron el territorio de la actual Ciudad de México, tiene el pleno derecho de acudir ante los tribunales a exigir legalmente lo que por la vía de la manifestación no garantizaron las autoridades competentes. Dentro de esos derechos se encuentra el consentimiento y la participación en la determinación de los estudios de impacto, como mecanismos legales para definir sus propias prioridades de desarrollo y, en última instancia, su subsistencia como Pueblo”, se puntualizó desde la Coordinación de Justicia Transnacional de ProDESC, organización acompañante de Xoco.
XOCO: PUEBLO CON DERECHOS
Desde 2017, el gobierno de la Ciudad de México reconoció la existencia de 138 pueblos y 58 barrios originarios, dentro de los que se encuentra el Pueblo de San Sebastián Xoco. Más del 50% del territorio de la Ciudad de México está conformado por pueblos y barrios de origen precolonial, con identidad étnica e instituciones propias. A pesar de ello, las autoridades capitalinas se niegan sistemáticamente a reconocerles sus derechos conforme a la ley.
Mítikah representa el más reciente caso de cómo los proyectos de desarrollo y especulación inmobiliarios en la Ciudad de México impactan negativamente en las formas de vida de comunidades locales, a la vez que actúan como un mecanismo de segregación y exclusión de los pueblos y comunidades indígenas en la capital del país. Mientras que estas dinámicas son activamente promovidas por las autoridades, éstas omiten garantizar los derechos reconocidos incluso a nivel local.
El amparo promovido por el Pueblo de Xoco y ProDESC busca garantizar el reconocimiento y respeto a sus derechos como pueblo originario y frenar las políticas de exclusión de las autoridades.
A partir de 2023, el Pueblo de Xoco es acompañado por la organización mexicana ProDESC, especializada en litigio estratégico y acompañamiento organizativo a comunidades y colectivos en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
AUTOR: REDACCIÓN.
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