En conferencia de prensa, las Guardianas del río Metlapanapa, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) acusaron que el tribunal ordenó reponer el proceso contra López Vega “con el ridículo argumento” de que la víctima no fue citada a la audiencia inicial, a pesar que en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indica que la presencia de la víctima u ofendido no es requisito de validez de la diligencia.
La reactivación del juicio contra López Vega forma parte de la criminalización de la lucha contra la construcción de un colector de desechos industriales que desembocaría en el río Metlapanapa, obra impulsada por el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo, los ayuntamientos de Juan C. Bonilla y Huejotzingo, y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (CEAS), señalaron las organizaciones.
Agregaron que el corredor industrial “desecha actualmente, en completa impunidad, metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales en los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla, al estar en contacto con la flora, fauna y sociedad”.
Ya en octubre de 2021, el Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares de la Región Judicial Centro Poniente negó por tercera vez que el expreso político terminara con el proceso penal que inició en su contra en enero de 2020, cuando fue detenido por los delitos fabricados en Zacatepec. En ese entonces, las autoridades determinaron como no viables las condiciones a las que podía someterse López Vega para acceder a una solución alterna de terminar el proceso de criminalización en su contra, bajo el argumento de que existe “un riesgo para la sociedad”.
El 24 de enero de 2020, Miguel López Vega fue detenido arbitrariamente en Puebla. El FPDTA denunció entonces que las únicas “pruebas” con las que contó el juez para detener y encarcelar al defensor fueron sólo dos declaraciones por parte de funcionarios que aseguraron que participó en la quema de un vehículo de la CEAS.
Desde 2013, las comunidades de Puebla han luchado para impedir la construcción del colector de desechos que contaminaría el río. En respuesta, la industria y los gobiernos iniciaron una campaña de criminalización contra los defensores que se oponen a la obra.
AUTOR: REDACCIÓN.
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