En su resolución, el juzgador ordenó al agente del Ministerio Público de la Federación, del Equipo Especial de Investigación y Litigación para el Caso Colosio, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que remita la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
Por su parte, se ordena a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura que radique la investigación remitida y emita un acuerdo en el que “precise detalladamente cuáles son los actos de investigación pendientes de desahogar”.
Dicha fiscalía “deberá establecer un plan pormenorizado de la forma en que se dará seguimiento a la debida integración de la indagatoria correspondiente”, detalla el fallo judicial.
También se ordena que Mario Aburto Martínez sea inscrito a la brevedad en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) y se realicen “actos de investigación efectivos, oportunos, eficaces, tendentes a lograr el esclarecimiento de los hechos y los lleve a cabo en un plazo máximo de seis meses”.
Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura deberá rendir un informe para hacer del conocimiento los avances en la investigación.
Debido a la omisión de supervisión advertida durante el juicio de amparo, también se ordena al fiscal anti-tortura que supervise de manera inmediata y continua la actuación del agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción para que se integre y se determine la averiguación previa.
También de ello deberá rendir un informe al juez dentro de los primeros cinco días de cada mes.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que fue omisa en la supervisión del caso deberá estar al pendiente de la actuación del titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura que se encuentra a su cargo y rendir informe.
En lo que respecta al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se le ordena coordine y supervise tanto la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos como la Especial en Investigación del Delito de Tortura y rinda informe sustancial dentro de los primeros cinco días de cada mes.
La resolución de este amparo se da a unas semanas de que se cumplan 29 años del magnicidio que altero la estabilidad política de México, cuando el 23 de marzo de 1994 fue asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, durante un mitin de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana.
Mario Aburto Martínez, señalado como homicida material del político sonorense, fue condenado a la pena de 45 años de prisión, misma que combate a través de un juicio de amparo directo en un Tribunal Colegiado en Materia Penal en Toluca, Estado de México.
Tras la detención de Aburto, ocurrida el mismo día de los hechos, sus familiares denunciaron actos de tortura para que se incriminara ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), iniciándose la averiguación previa 2080/1994, misma que no se ha resuelto hasta la fecha.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
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