De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte también le impuso 2 mil días de multa, suspensión de derechos políticos y amonestación sin posibilidad de acceder a medidas sustitutivas y beneficios de la pena; así como el pago de la reparación del daño.
Desde septiembre de 2019 Rico Rico fue vinculado a proceso por los delitos por los que ahora fue sentenciado, derivados de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Sergio Hugo Bustamante por la supuesta compraventa ilícita de un inmueble por 156 millones de pesos en Querétaro, caso por el cual Juan Ramón Collado también está vinculado a proceso.
La FGR detalló que durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se estableció que Rico Rico era parte de una institución financiera en la que participó en transacciones y que será el próximo 17 viernes cuando se lleve a cabo la audiencia de lectura de sentencia.
El origen
Según la denuncia de la que derivó el caso, Bustamante Figueroa y Rico Rico eran accionistas con 50% cada uno de la empresa Operadora Inmuebles del Centro, S. A. de C. V., misma que el 30 de julio de 2013 celebró una asamblea.
Bustamante Figueroa afirmó que él no fue convocado a dicha asamblea y que su identidad fue suplantada para realizar la venta de sus acciones y las de Rico Rico a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
Posteriormente José Antonio Vargas Hernández, socio de Collado, presentó un poder notarial concedido por Cárdenas Rico a su favor para vender un inmueble propiedad de Operadora Inmuebles, ubicado en Querétaro, por 156 millones de pesos a Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), el 25 de marzo de 2015.
Caja Libertad es una empresa propiedad de Collado y de la que Rico Rico figuraba como presidente.
Según Bustamante Figueroa el inmueble vale 700 millones de pesos porque allí se construyó un edificio de 6 niveles y 6 más de estacionamiento, denominado Zona Comercial Centro Sur.
De la venta del inmueble, afirmó que Collado se benefició con 24 millones de pesos que recibió el 10 de abril de 2015 a través de un depósito realizado por Tania Patricia García Ortega, a su cuenta de BBVA número 012180004512185068.
Señaló que García Ortega realizaba transferencias millonarias a Collado y Rico en cuentas de España, Andorra y Suiza para introducir recursos provenientes de la simulación de compraventas y obtención de créditos en el sistema financiero para blanquearlos.
Y que la red de lavado de dinero utilizó las empresas Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario, propiedad de Rico Rico, para repartir los recursos de la venta del terreno, misma que afirmó que, al ser ilegal, lo es también el dinero producto de dicha transacción.
En su denuncia, la UIF señaló que las empresas utilizadas para “mover” los recursos de la obtención de créditos y compraventas simuladas entre ellas (Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario), pueden formar parte de un esquema de entidades fachada elaborado para dificultar la detección del origen del dinero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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