La institución indicó que desde su vinculación a proceso, Lozoya ha dicho que está dispuesto a llegar a un acuerdo reparatorio con el Estado mexicano, lo que se contradice con el amparo que tramitó ante el juez Primero de Distrito en materia Penal con el que busca que se elimine el carácter de víctimas de la UIF y Pemex en el caso, al considerar que no sufrieron daño por los sobornos que supuestamente recibió de la constructora.
Por lo que exhortó a la defensa a “desbloquear” procesalmente el asunto para firmar el acuerdo que Lozoya ha buscado desde 2020.
“Si el juzgado le concede el amparo, la posibilidad de la celebración de un acuerdo reparatorio resultaría inexistente, porque para la procedencia de un acuerdo se requiere de las partes ofendidas, en términos del artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“La postura del Gobierno de México sería favorable a un acuerdo reparatorio si se dieran las condiciones procesales que en este momento están bloqueadas por la defensa y se definieran el monto y demás términos”, indicó la UIF mediante un comunicado.
Sin embargo, el juez Primero de Distrito ya desechó el amparo tramitado por Emilio Lozoya, decisión que ordenó notificar personalmente al exdirector de Pemex.
Esta resolución todavía puede ser impugnada por Lozoya ante un tribunal Colegiado.
El pasado 12 de marzo, Proceso informó que en la primera parte de la audiencia intermedia del caso Odebrecht, celebrada el 10 de marzo, Lozoya afirmó que Pemex y la UIF no recibieron una afectación directa por los supuestos sobornos que recibió de parte de Odebrecht y, a pesar de ello, la petrolera exigió como reparación del daño el monto total de estos, 5 millones 951 mil 351.74 dólares.
A través de su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, el exfuncionario indicó que pese a que la UIF y Pemex denunciaron los hechos por el caso Odebrecht, esto no los convierte automáticamente en víctimas si no demuestran una afectación.
En la diligencia, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, añadió que con la eliminación de Pemex y la UIF como víctimas se busca establecer a quién deben pagar la reparación del daño para concretar así el criterio de oportunidad que el exfuncionario solicitó desde el año 2020.
“La negativa de Pemex a firmar un acuerdo reparatorio no debe frenar el derecho del imputado a acceder al criterio de oportunidad que solicitó”, dijo.
El juez de control Genaro Alarcón López desestimó la petición de la defensa, por lo que Lozoya solicitó al juzgador no dictar auto de apertura a juicio hasta que un tribunal de alzada analice si Pemex y la UIF son víctimas.
Sin embargo, el juez dictó el auto de apertura a juicio, razón por la que Lozoya tramitó el amparo que ahora desechó el juez Primero de Distrito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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