La versión oficial estableció que se trató de un error producido por el caos que se desató durante la operación militar para detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera –a petición del gobierno de Estados Unidos–, en la que fallecieron 29 personas, incluidos 10 elementos castrenses.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una persona pidió a la Sedena detalles sobre el acontecimiento, de evidente interés público. Como acostumbra hacerlo, el Ejército se negó a entregarle información; acto seguido, la persona impugnó la respuesta con la esperanza de levantar el velo de opacidad de la Sedena.
Sin embargo, esa perspectiva se ve lejana: ante la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de paralizar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el pleno del organismo autónomo carece del quórum necesario para resolver el recurso de revisión y posiblemente obligar a la Sedena a entregar la información.
Este no es un caso aislado: tan sólo entre el 1 y el 19 de abril, el INAI recibió 2 mil 700 recursos de revisión. Provinieron de ciudadanos que solicitaron información a dependencias federales e, insatisfechos con las respuestas de la administración pública, presentaron impugnaciones a través de la PNT.
De acuerdo con datos del INAI obtenidos por Proceso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la dependencia que más impugnaciones generó –314–, seguida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –231–, el Registro Agrario Nacional –115– y la Secretaría de Educación Pública (SEP) –con 96.
La propia Sedena y la Guardia Nacional (GN), dos instituciones que se han convertido en pilares del gobierno López Obrador y han operado con gran opacidad, también se han negado de manera reiterada a entregar información, lo que derivó en 77 y 58 recursos de revisión; un promedio de cuatro y tres cada día, respectivamente.
La Guardia Nacional, por ejemplo, no entregó una lista desglosada por mes y por municipio en la cual se informaría sobre los aseguramientos de centros de producción de pastillas de fentanilo, o de bodegas y otras propiedades en las que se identificó la presencia del opiáceo sintético, entre 2015 y 2022.
La persona que solicitó la información –probablemente en reacción a las declaraciones de López Obrador que planteaban que en México no se fabrica esa droga– impugnó la respuesta de la GN. Pero el INAI, cuyas resoluciones son, desde 2014, vinculatorias, definitivas e inatacables, no se encuentra ahora en capacidad de determinar si la dependencia tuvo razón al negarse a proporcionar la información, y el plazo para resolver este caso está indefinido.
Entre los recursos de revisión que el INAI recibió durante las primeras tres semanas de abril, decenas derivaron de solicitudes de información enviadas a la Fiscalía General de la República (FGR) –73–, a Pemex –69– o a la Secretaría de Energía –41–, que incumplieron con las expectativas de los ciudadanos.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2425 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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