En las últimas semanas, el Concejo de Gobierno Comunitario de San Andrés Totoltepec, en la Ciudad de México, ha sufrido una serie de ataques y amenazas que atentan contra su derecho a acceder al presupuesto participativo y de su ejercicio de formas de autogobierno. De acuerdo con varios y varias integrantes del Concejo, así como vecinos y vecinas del pueblo, los opositores son parte del Patronato de San Andrés Totoltepec (un grupo de pobladores que integran un grupo que inicialmente era de apoyo administrativo para el pueblo) y ahora tienen el respaldo del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (Sepi) y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).
Estos ataques y amenazas, cargadas de desinformación, en algunos de los casos, van desde reproducir campañas mediáticas para desprestigiar al Concejo y entorpecer la convocatoria para la asamblea para el presupuesto participativo, hasta promover impugnaciones electorales que cuestionan la emisión de esta convocatoria, además de la legalidad del Concejo y su Estatuto de gobierno.
Impugnaciones a la convocatoria al Presupuesto Participativo 2023-2024 en Totoltepec
El 29 de marzo, los concejales de San Andrés Totoltepec empezaron la difusión de la convocatoria para la asamblea, donde la población eligió el proyecto del presupuesto participativo 2023 y 2024 para el caso del pueblo. Entre el29 y el 30 de marzo, los opositores se dedicaron a quitar las convocatorias colocadas y al tiempo, registrar su colocación, con el objetivo de tener evidencia para impugnar.
La siguiente semana, el 4 de abril, Nohemí Ramírez Campos (integrante del Patronato), Estela Carrera Ramírez, Isaias García Romero, Kevin Ali Meneses del Toro y Alfredo Antonio Borja (integrante del Patronato) presentaron 3 juicios electorales y 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la emisión y difusión de la convocatoria para la asamblea deliberativa del presupuesto participativo.
Ese mismo día, diversos concejales notaron que los litigantes se presentaron en la sede de gobierno del Concejo, en acompañamiento de Hazziel Padilla Doval,director de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Sepi. La presencia del funcionario en las instalaciones del Concejo de Gobierno extrañó a los concejales presentes, pues estaba acompañando a quienes entablaron por la tarde las impugnaciones en el tribunal electoral local, sin avisar previamente al Concejo de su visita al pueblo de Totoltepec.
El contenido de las cinco impugnaciones es muy similar, por no decir que es idéntico en sus agravios y argumentaciones. Lo interesante es que, más allá de las impugnaciones a la emisión y difusión de la convocatoria de la asamblea, los promoventes también trataron de impugnar la legalidad del Estatuto y del Concejo de Gobierno, con argumentos extraídos de un “documento de análisis” que fue presentado en reuniones informativas convocadas por el Patronato. Un ejemplo de ello es en la impugnación de Isaias García Romero, donde el promovente señala 3 agravios, de los cuáles 2 son contra la convocatoria de la asamblea de presupuesto participativo (discriminación étnica,violacion al derecho a participar y al debido proceso).
El tercer agravio apunta a la aplicación del Estatuto en la convocatoria, el cual presuntamente es inconstitucional y antidemocrático. En la ampliación de estos agravios, el promovente incluye los mismos argumentos del “documento de análisis” y de la campaña mediática de redes sociales, como que el Concejo de Gobierno es una agrupación cultural, que no representa demográficamente a toda la población e incluso denomina a San Andrés Totoltepec como unidad territorial, para no diferenciarla de su personalidad jurídica que es la de un pueblo originario.
Aquí la ruta de los opositores es muy clara: deslegitimar al Concejo y al Estatuto de Gobierno,desde el juicio contra la asamblea del presupuesto participativo, con argumentaciones que fueron fraguadas para otro fin, que es el juicio y la asamblea de deliberación sobre el Patronato. Al no tener otro sustento argumental, los opositores realizaron estas cinco impugnaciones con un discurso idéntico, solamente cambiando los agravios, los cuales incluso llegan a plantear que se violan los derechos de las personas menores de edad, al impedir los derechos políticos de las personas no originarias, sobre una asamblea cuya deliberación compete —por sistemas normativos internos— a los originarios mayores de edad del pueblo.
Reuniones de los opositores y alianzas tendenciosas con instancias gubernamentales
Durante el mes de marzo, los opositores del Concejo, realizaron tres reuniones informativas en el salón Juárez, en el pueblo de Totoltepec. Estas asambleas fueron convocadas por Nazario Pérez —dueño del salón Juárez y empleado de la alcaldía de Tlalpan— y Pedro Rodríguez, quien fue comisariado ejidal y actualmente trabaja para la Sepi, coordinando el programa Ojtli, el cual estaba destinado para “mejorar servicios” en pueblos originarios, como acceso a nuevas tecnologías, iluminación pública, pavimentación y mantenimiento de áreas verdes.
Estas asambleas tuvieron cuatro objetivos, de acuerdo con la página de Facebook “San Andrés Totoltepec Unido”: 1) Creación de comisión de seguimiento compuesta por dos personas; 2) recuperar entidades representativas tradicionales, a través de un ejercicio democrático; 3) ser consistentes y llevar otra reunión informativa, para llevar a cabo una asamblea y 4) compromiso de difundir información a los vecinos del pueblo y las colonias.
En la tercera reunión informativa del 19 de marzo, la convocatoria, de acuerdo a los asistentes, se realizó principalmente enfocada a los comuneros y ejidatarios de San Andrés Totoltepec y de Héroes de 1910, por vía de la Corenadr junto con la Sepi. Debido a la distribución de programas de apoyo a las zonas ejidales y comunales de conservación, Corenadr ha ejercido poder e influencia sobre los núcleos agrarios de los pueblos originarios de la capital, como es el caso de San Andrés Totoltepec.
Uno de los asistentes de la reunión que fue invitado por una persona funcionaria pública de Corenadr, aseguró que quienes estuvieron encabezando esta reunión no sólo fueron personas opositoras del Concejo, sino que llegaron personas de la Corenadr y de Sepi. Los funcionarios de estas instancias fueron Diego Segura Gómez, director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales de la Corenadr; Moises Reyes, director de Pueblos y Barrios Originarios de la Sepi; así como servidores públicos de la Dirección de Participación Ciudadana de la alcaldía Tlalpan, junto con los convocantes y miembros del Patronato.
Los miembros de la mesa convocante mostraron un “documento de análisis” —elaborado por abogados externos al pueblo— afirmando los siguientes puntos: a) el Concejo de Gobierno es una agrupación cultural y no tiene facultades de derecho público; b) el Concejo busca acaparar el poder mediante juicios electorales, por sobre las autoridades tradicionales; c) la Sala Regional CDMX desautoriza al Concejo y le devuelve el poder a la asamblea comunitaria; d) el Concejo no representa el pueblo, de acuerdo a votos universales; e) el Estatuto de gobierno fue impuesto, es tramposo y fue elaborado por oaxaqueños; f) el Estatuto de gobierno esilegal e inconstitucional, en términos de derecho público, de derechos político-electorales, en jurisdicción del pueblo y las colonias y es impositivo.
Sobre este documento, el mismo vecino aseguró que “llegaron diciendo que son una comisión que no tiene preferencia por algún grupo, pero estuvieron fregando con un documento escrito, ya después dijeron que les estaban ayudando personas de la Sepi (para redactar este escrito) y que (con el estatuto) se están violando normas, reglas, leyes y constituciones”.
Además, “dijeron que iban a hacer una serie de reuniones de acuerdo y que quien iba a convocar para hacer el proceso era el instituto electoral. Y que únicamente la comisión está en la intención de informar… entonces siguieron haciendo los comentarios sobre que los cuatro grupos representativos del pueblo son los encargados de hacer la convocatoria para llevar a cabo el siguiente proceso de definición de cómo está la situación de los grupos representativos”, comentó el vecino, quien también explicó que el patronato es un grupo de trabajo complementario, mas no es una autoridad tradicional.
La reunión informativa terminó con acuerdos entre los convocantes y algunos encabezados del grupo de comuneros, quienes se comprometieron a “firmar” en favor del Patronato, es decir, a respaldar actos de organización de una asamblea y decisiones que estaban fraguando fuera de los espacios legales de organización.
Cabe destacar que el interés de la Sepi en convocar a los comuneros y los ejidatarios tiene como objetivounificar a estas autoridades tradicionales, para sentar la agenda de la Secretaría. En el caso de Totoltepec buscan coartar las labores de los Concejos de Gobierno mediante el Sistema de Registro, ya que la figura de los Concejos y los frentes de lucha que forman parte, han sido un obstáculo para las políticas de reconocimiento que ha impulsado desde mayo de 2022.
En anteriores ocasiones, Desinformémonos ha expuesto la relación interinstitucional de estas dos instancias gubernamentales, sobre todo para que los pueblos originarios sean parte del Sistema de Registro. En ese sentido es importante recordar lo que mencionó Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, titular de la Sepi, en aquella reunión del 18 de enero de 2023 en las instalaciones de la Corenadr:
“Si no se registran como pueblos, difícilmente tendrán los derechos colectivos que garantiza la Constitución. Otra cosa, también la Constitución dice que se tiene que constituir un consejo de pueblos y barrios y de comunidades, un consejo que participará en la toma de decisiones, cómo se harán las políticas de gobierno, los recursos. Las autoridades que no sean parte de estos pueblos registrados, no podrán participar en ese consejo”, aseguró la funcionaria en enero.
Antecedentes de agresiones y amenazas
Esta no es la primera vez que el Concejo enfrenta este tipo de actos. Desde diciembre de 2022, diversos promoventes impugnaron la convocatoria de elección del Patronato de San Andrés Totoltepec para elegir a su nueva comitiva 2022-2025. El Patronato era una agrupación del pueblo que se encargaba de cobrar derecho de piso a los comerciantes durante las fiestas patronales del pueblo; sin embargo, esta figura ha sido ha sido cooptada por grupos caciquiles y político-partidistas, quienes se benefician de las recaudaciones del pago de los comerciantes, sin mecanismos de rendición de cuentas.
Desde la formación del Concejo de Gobierno Comunitario en 2018, el Patronato ha sido utilizado como frente de oposición político-partidista, que se ha posicionado como una supuesta autoridad alterna desde los opositores caciquiles; autoridad que busca disputar el gobierno que actualmente tiene el Concejo. El resultado ha sido unacrisis de representatividad en el tema del cobro en las fiestas patronales y de administración del salón de eventos del pueblo, llamado Tiburcio Montiel, lo que ha impactado en la legitimidad del Concejo como órgano colegiado de gobierno, ante el pueblo.
Para resolver dicha crisis, diversos habitantes han entablado diversas impugnaciones, que han controvertido la legitimidad del Patronato como una autoridad local; el objetivo es que el Concejo de Gobierno asuma de forma definitiva las funciones del Patronato, que éste órgano local deje de existir como figura, y así consolidar un panorama claro y eficaz de gobernanza comunitaria en el pueblo.
Desde octubre de 2022 a la fecha, ha habido un largo camino de impugnaciones que involucraron instancias judiciales electorales locales y federales. Finalmente, el Tribunal Electoral de la CDMX resolvió -en la sentencia TECDMX-JLDC-182/2022- una vinculación entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Electoral de la CDMX (IECM) y las autoridades tradicionales del pueblo, para que organicen conjuntamente una asamblea donde la población pueda deliberar sobre la naturaleza y funciones del Patronato y decidan si la figura queda como una autoridad separada , o que pueda integrarse al Concejo.
El mandato del Tribunal Electoral local ha sentado un nuevo frente de disputa en Totoltepec: la organización de la asamblea. Por una parte, la Dirección Distrital 16 (DD16) del IECM ha tenido reuniones con el Concejo de Gobierno y las autoridades tradicionales que son los ejidatarios, los comuneros y las mayordomías del pueblo. Principalmente, la DD16 se ha vinculado con el Concejo, en un ejercicio de reconocimiento como la representación de gobierno del pueblo. También, porque la misma DD16 busca organizar la asamblea comunitaria, en apego al Estatuto de Gobierno del pueblo indígena originario de San Andrés Totoltepec. Sin embargo, los opositores dan oídos sordos a este proceso de organización comunitaria, y buscan imponer agendas político-partidistas a través de instituciones gubernamentales.
Cabe recordar que los ataques también han transgredido el ámbito jurídico, pues en septiembre de 2022 un grupo de personas con mazos y tabiques irrumpieron en la sede del Gobierno Comunitario, mientras que los concejales e integrantes de la fundación del pueblo mantenían una reunión de trabajo.
AUTOR: REDACCIÓN.
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