El 3 de abril último la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que cerró la queja que el defensor y activista de Nuevo Laredo Raymundo Ramos interpuso contra el Ejército por espiarlo. Al organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra le bastó con que la Sedena negara haber realizado alguna intervención de comunicaciones privadas civiles, para darle carpetazo a este caso. “La CNDH claramente es un apéndice del gobierno”, cuestionan Ramos y el director ejecutivo de la organización R3D, Luis Fernando García Muñoz.
Para dar carpetazo a la queja, la CNDH únicamente tomó en cuenta la respuesta de la Sedena, en la cual niega contar con facultades legales para intervenir comunicaciones privadas civiles.
Ninguno de los elementos de prueba del defensor, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), fueron considerados en la investigación del organismo nacional.
Acompañado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, y la colaboración periodística de Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político, después de someter a un exhaustivo peritaje sus aparatos de telefonía –realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto–, Raymundo Ramos confirmó sus sospechas de que era víctima de espionaje, por lo cual en junio de 2019 transmitió un escrito sobre su caso a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, misiva que nunca tuvo respuesta.
La suposición de Ramos Vázquez se basaba en que había advertido que, conforme documentaba casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, detectaba algún tipo de monitoreo o vigilancia por parte de personal castrense, así como la activación de campañas de desprestigio en redes sociales y algunos medios de comunicación en su contra o contra las víctimas a las que representaba.
El caso de Ramos es considerado uno de los más sólidos que el conglomerado de medios periodísticos integrados en “Pegasus Project” –del que Proceso es parte– ha logrado documentar sobre el uso de Pegasus, operado por la empresa israelí NSO Group, que vende el spyware sólo a gobiernos, como herramienta para el combate a la delincuencia organizada; en México la Sedena adquirió el programa espía mediante Comercializadora Antsua, SA de CV.
Ramos Vázquez participó en una conferencia de prensa el 3 de octubre último, acompañado de las organizaciones que lo representan, en la cual destacó que el trabajo forense de Citizen Lab había confirmado que, de los 15 mil objetivos ingresados al sistema NSO por el gobierno mexicano, entre 2019 y 2021, además del equipo telefónico del defensor se habían intervenido las comunicaciones del periodista Ricardo Raphael y de un colega de Animal Político.
El 4 de octubre pasado el caso fue presentado como denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y a un mes después, ante la CNDH.
En 2023, con la filtración de documentos de la Sedena que hizo el grupo de ciberactivistas Guacamaya, se confirmó que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) estuvo detrás de las intervenciones de las comunicaciones de Ramos en momentos en que visibilizaba un video del 3 de julio de 2021, sobre la persecución de un vehículo en el que viajaban 12 personas, nueve armadas, tres civiles secuestrados y al menos uno de ellos fue ejecutado arbitrariamente por personal militar.
El 3 de abril último el defensor fue notificado, vía correo electrónico por el director general de la Segunda Visitaduría, Omar Jair Pasaran Nieto, de la conclusión de su queja replicando el argumento de la Sedena.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2424 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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