Las investigaciones por el asesinato de Regina Martínez se dieron por concluidas en octubre de 2012 sin reconocer su labor periodística como una de las principales razones del ataque; de acuerdo con dichas investigaciones, todo se trataba de un mal llamado «crimen pasional». No obstante, el semanario Proceso (para el que Regina trabajó por más de una década) dio a conocer que un tribunal colegiado turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su solicitud para ser reconocido como víctima indirecta y así seguir colaborando en el esclarecimiento del feminicidio. En caso de aceptarse dicho amparo, se podría establecer algo sin precedentes en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión y tener alcance en la Ley General de Víctimas.
La relación entre la muerte de Regina y su labor periodística, así, es clara para sus excompañeros y amigos. Y el riesgo de ser periodista también fue claro para Regina desde un inicio.
De acuerdo con su amiga, la periodista veracruzana Norma Trujillo, este riesgo permanente llevó a Martínez Pérez a tomar una actitud siempre reservada en lo referente a su vida privada. Regina, por ejemplo, no dejaba que nadie entrara a su casa; además, incluso sus colegas más cercanos no sabían a ciencia cierta de dónde era originaria Martínez.
Esta cautela no era en vano, pues entre los personajes de los que hablaba Regina en sus trabajos se encontraban investigaciones de grupos de la delincuencia organizada, quienes han sido clave para el periodo de violencia que no ha cesado en México desde inicios de los años 2000. Se han dejado al descubierto sus mecanismos de lavado de dinero y corrupción en Veracruz con los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. Y las bases de estas investigaciones fueron asentadas, en gran parte, por Regina Martínez Pérez.
La voz contra la violencia y la corrupción
Regina Martínez López estudió periodismo en la Universidad Veracruzana. Una vez concluída la carrera trabajó TV Más en Veracruz y, más tarde, se mudó a Chiapas, donde trabajó como reportera para los medios El Sol de Chiapas y Número Uno en Chiapas. Tras regresar a Veracruz, Martínez estuvo en el diario Política para luego trabajar en La Jornada y en la revista Proceso, el último medio para el que colaboró.
En esta trayectoria, la periodista tuvo contacto con el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” y los campesinos floricultores de Coatepec, quienes confiaban plenamente en su cobertura dada la preocupación real que ella demostraba ante el despojo de tierras y la violencia contra las comunidades indígenas de Veracruz.
Martínez Pérez dejó ver este compromiso junto con su agudeza periodística en 2006, cuando alertó sobre los riesgos ambientales y sanitarios que existían en ese entonces en las granjas porcinas impuestas en el pueblo de La Gloria. Años después, cuando se desató la pandemia de influenza AH1N1 en 2009, las autoridades de salud apuntaron a dichas granjas como la probable causa de esta emergencia sanitaria.
Además de estos temas, Regina Martínez (conocida entre sus amigos como “La Chaparrita”) dio un seguimiento cercano al caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer náhuatl víctima de violación por parte de miembros del Ejército. Este caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se ha convertido en un referente al hablar sobre la violencia desatada por la militarización en México.
Pero, entre todos sus trabajos, Martínez Pérez tenía un marcado interés en develar las redes de corrupción en el gobierno veracruzano. Así, en sus notas aparecía nombrado constantemente el priista Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó Veracruz desde 2004 hasta 2010. Según denunció Martínez, durante ese periodo reinó la opacidad en cuanto al monto real de la deuda pública de Veracruz. Además, la periodista estaba convencida de que tanto Herrera como Javier Duarte habían dejado al estado en manos de los grupos del crimen organizado.
Tenía pruebas. En 2011 (el mismo año en el que recibió una amenaza indirecta cuando alguien entró a su hogar mientras ella no estaba), Regina Martínez publicó que en la administración de Fidel Herrera había infiltrados de un grupo de la delincuencia organizada que tenía liderazgo en esa entidad. Este hecho se comprobó meses después de la muerte de la periodista tras la publicación de una foto de Herrera con un lavador de dinero.
Ahora también se sabe que el gobierno de Herrera adjudicó 22 contratos de obra pública a una empresa que llamaremos por seguridad editorial «La Roja», que servía para lavar dinero del grupo delictivo dominante. También, que el exgobernador contaba con un sistema para malversar dinero público en beneficio propio. Y, cuando fue cónsul de México en Barcelona, la policía catalana identificó posibles relaciones entre él y grupos criminales.
Además de investigar a Herrera y Duarte, Regina Martínez también realizó un reportaje sobre Reynaldo Escobar y Alejandro Montano Guzmán, dos exsecretarios de Veracruz que —según publicó Martínez en Proceso— tenían vínculos con el grupo delictivo dominante en ese estado y adquirieron varios bienes materiales con dinero sucio.
De acuerdo con una investigación de la organización Forbidden Stories, antes de su muerte —desde 2009, de hecho— Regina Martínez Pérez había estado trabajando en otro tema: las desapariciones forzadas en Veracruz. Inclusive había dado con un lugar (una fosa) donde estas personas podían estar enterradas. Pero esa investigación nunca salió a la luz.
Las fosas destapadas por Regina Martínez
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 2004 y 2016 —los años en los que Fidel Herrera y Javier Duarte gobernaron Veracruz—, 3 mil 974 personas desaparecieron en la entidad. Forbidden Stories, apunta que la cifra oficial puede ser de entre 24 mil y 25 mil personas tan solo entre 2004 y 2015.
Regina Martínez estaba investigando al respecto. Uno de sus hallazgos fue la localización de un lugar donde podrían estar enterradas varias personas desaparecidas en Veracruz y en otras partes de México. Este descubrimiento llevó a la periodista a buscar al fotógrafo Julio Argumedo en 2011 para pedirle que la acompañara al sitio.
Juntos visitaron diferentes fosas, donde Regina investigaba hablando con los sepultureros. De acuerdo con Forbidden Stories, las sospechas de Martínez Pérez esta vez no apuntaban al crimen organizado sino a las autoridades de gobierno.
Cuatro años después del asesinato de la periodista, en 2016, se descubrieron fosas clandestinas muy cerca de la sede de la policía de Veracruz. El secretario de Seguridad Pública, Arturo B. Z., fue detenido por estos hechos. Este mismo hombre presuntamente está ligado con el asesinato de las cuatro víctimas del Caso Narvarte en 2015.
Claramente, con sus investigaciones, Regina Martínez estaba tocando terrenos muy cercanos a las cúpulas de poder. Quizá por eso, según relataron amigos suyos a Forbidden Stories, en 2010 su nombre apareció en una lista de periodistas que debían ser vigilados y espiados; en esta lista —presuntamente elaborada por el despacho del gobernador— aparecía su nombre.
Parece que Regina Martínez pudo anunciar lo que vendría después para políticos y territorios en disputa. También, para un país en el que las Madres Buscadoras destapan decenas de fosas al día para encontrar a sus seres queridos. El valor de su trabajo es invaluable e impecable en este sentido.
No obstante, para los gobiernos (esos mismos a quienes incomodaba el trabajo de Martínez Pérez) no ha sido importante esclarecer su muerte. Según contó un presunto operador de Los Zetas a Forbidden Stories, en el delito estuvieron involucrados narcomenudistas de Xalapa. Sin embargo, dado que la investigación no se ha reabierto aún, la justicia todavía permanece lejana.
AUTOR: DIANA HERNÁNDEZ GÓMEZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario