Un adolescente de 16 años de nacionalidad hondureña fue reconocido como refugiado por la Comisión Mexicana de Refugio (Comar) y por lo tanto contaba con una tarjeta de residente legal en México, fue llevado a la estación migratoria ubicada en el Polideportivo Xonaca, de Puebla.
En un comunicado, la CNDH indica que los hechos se registraron el 28 de mayo de 2021, cuando un adolescente de 16 años de nacionalidad hondureña quien fue reconocido como refugiado por la Comisión Mexicana de Refugio (Comar) y por lo tanto contaba con una tarjeta de residente legal en México, fue llevado a la estación migratoria ubicada en el Polideportivo Xonaca, de esta ciudad.
Pese a que el joven, quien viajaba solo de Puebla a la Ciudad de México, mostró la constancia que acreditaba su estancia como refugiado en el país, el personal del INM lo llevó al albergue donde convivía con personas mayores de edad y es un lugar que “no reúne los requisitos de estancia para niñas, niños y adolescentes”.
En ese lugar, la víctima estuvo desde el 28 de mayo hasta el 19 de junio de 2021, sin que el INM corroborara en los sistemas y bases de datos electrónicos con que cuenta el propio Instituto a fin de conocer si la víctima tenía alguna condición de estancia regular en el país.
“De igual forma, personas servidoras públicas de los Sistemas DIF estatales, omitieron procurar la protección integral de la víctima, dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de sus derechos, así como dar una solución que resolviera sus necesidades”, indica la CNDH.
Agrega que este organismo nacional contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez en agravio del joven hondureño.
En ese sentido recomendó al comisionado del INM, que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas del adolescente y se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas.
De igual forma, pidió que, en coordinación con los Sistemas DIF de Chiapas, Puebla y Tlaxcala, se proporcione a la víctima la atención médica y psicológica que requiera, entre otras medidas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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