La organización, que acompaña la lucha legal de las comunidades contra el megaproyecto, explicó que la decisión de no suspender las obras atenta contra los derechos de los pueblos indígenas a acceder a la justicia, a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
El Centro destacó que en caso de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos pues las obras están avanzando.
“Hacemos un llamado a las Magistradas y el magistrado que integran el Tribunal Colegiado a basar su resolución considerando que los derechos que se estiman violados son de naturaleza previa. Esto quiere decir que, si se permite que las obras del Tren Maya continúen hasta que concluya el litigio, se habrá afectado ya el patrimonio natural, la tierra y el territorio en el que habita el pueblo maya y que constituye su forma de vida”, señaló en un comunicado.
Finalmente, precisó que negar la suspensión a petición de las comunidades “dejará sin protección a las personas demandantes, con lo cual se estaría violentando su derecho de acceso a la justicia y los derechos en juego en el litigio”.
El Cemda recordó que de acuerdo con el Observatorio de Deforestación Neta Cero, la construcción y entrada en operación del Tren Maya implicará un aumento en la deforestación de 9 mil 786 hectáreas por año.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario