Así lo evalúa Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, organización que representa a familiares de los estudiantes desparecidos y que a lo largo de sus 35 años de existencia ha defendido casos en los que el Ejército ha estado involucrado en violaciones graves a derechos humanos y ha mantenido una posición firme contra la militarización del país, sobre todo desde que se declaró “la guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón.
El martes 18, un informe del consorcio de organizaciones compuesto por la Red de Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19, con base en peritajes del Citezen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que entre junio y septiembre de 2022 en al menos cinco ocasiones los dispositivos móviles de Aguirre Espinosa –quien ya había sido víctima del mismo spyware en las postrimerías del sexenio de Enrique Peña Nieto– y el de la coordinadora del área internacional de la organización, María Luisa Aguilar Rodríguez, habrían sido infectados por Pegasus.
Ese mismo día, un reportaje del diario estadunidense The New York Times reveló que desde 2011 la Sedena ha sido cliente de NSO Group, que el gobierno mexicano es el mayor consumidor en el mundo de esa tecnología para espiar y que a partir de 2019 la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval González es la única institución que opera el spyware en el país.
En entrevista, el director del Centro Prodh advierte que a diferencia de 2017 hoy es posible afirmar, “con un grado de mayor certidumbre, que es el Ejército el que está detrás de todas las infecciones de 2018 a la fecha, o de la gran mayoría de ellas” y que se demuestra que, “lejos del discurso oficial, no hemos tenido un cambio significativo en el combate a la impunidad en México en estas prácticas”.
Y alerta: “A estas alturas del sexenio sólo hay dos escenarios posibles: o bien el Ejército sigue engañando al presidente, hasta el punto que ha saboteado iniciativas muy importantes para este gobierno, como llevar justicia en el caso Ayotzinapa, y como nadie le exige rendición de cuentas, dicen lo que quieren y todo mundo les cree.
“O bien, ya de plano el presidente tomó su decisión de estar alineado a los intereses del Ejército y no tiene margen de maniobra, porque lo que vemos una y otra vez, es que el Ejército hace lo que quiere sin rendir cuentas y actúa sin límites”.
Al señalar que aun manteniendo inalterable su posición crítica frente a la militarización, la organización ha participado en iniciativas gubernamentales tan relevantes como la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), “lo que habla de una lógica de trabajo de buena fe, propositiva, dialogante”, de ahí que resultan injustificables “esas intrusiones” del Ejército.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2425 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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