González Tiburcio es economista y se había dedicado al análisis de estadísticas sobre pobreza y desigualdad para la elaboración de política pública. Por eso es que su perfil funcionaría para la nueva estrategia del gobierno peñista en el combate de la pobreza que se conocería como Cruzada Nacional contra el Hambre.
Ahí conoció a Rosario Robles y a su oficial mayor, Emilio Zebadúa, el encargado de administrar el presupuesto de la Sedesol. Trabajaron los siguientes tres años, hasta 2015, cuando el presidente Peña Nieto decidió nombrar a José Antonio Meade titular de la Sedesol —y terminaría siendo el candidato presidencial del PRI—, y a ella la envió a dirigir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Robles llevó a varios de su equipo a la Sedatu, incluyendo a Zebadúa para repetir como Oficial Mayor, y a González Tiburcio, ofreciéndole la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, el cargo más alto en su carrera en la administración pública. Aceptó.
Dos años después de estar en el cargo, en abril de 2017, González Tiburcio descubrió que habían falsificado su firma en un convenio realizado entre la Sedatu y la Universidad Francisco I. Madero, por el que la dependencia había pagado 165 millones de pesos y que, luego se sabría, formaría parte de La Estafa Maestra.
Se trata del sistema de corrupción desplegado durante el sexenio de Peña Nieto, en el que 11 dependencias de gobierno realizaron convenios con universidades públicas para que estas hicieran supuestos servicios que nada tenían que ver con la naturaleza académica, y estas terminarían subcontratando a empresas que resultaron ser fantasma o ilegales, como documentó la investigación hecha por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción en 2017.
En los últimos cinco años, González Tiburcio ha enfrentado acusaciones penales y presentado peritajes que confirman la falsificación de su firma, pero la FGR ha alargado los procesos.
El último peritaje, por ejemplo, costó 50 mil pesos. “Es dinero que no te lo ganas en un mes y hay que pagarle a los abogados. Los ahorros que había logrado hacer durante toda mi vida, en mis 45 años de trabajo, se han ido en todo este proceso”, dice en entrevista.
Además, tampoco ha logrado conseguir empleo tras las acusaciones judiciales. “¿Quién le da trabajo a quien está saliendo en el periódico todos los días y que te dicen que eres tóxico y que te dicen que robaste? No han sido años fáciles”.
La historia de la falsificación
La falsificación fue descubierta cuando el equipo de González Tiburcio recibió una notificación de la Unidad de Transparencia de la Sedatu, en la que se informaba que debía entregar el convenio general firmado en enero de 2016 entre esa subsecretaría y la Universidad Francisco I. Madero.
En un inicio, la Oficialía Mayor de la Sedatu, que dirigía el comité de transparencia de la dependencia, había tratado de ocultar el documento negando por todos los medios su entrega al ciudadano que lo había solicitado. Pero, tras un recurso ante el INAI, el organismo de transparencia dio la razón al peticionario y la Sedatu no tenía más remedio que entregarlo.
“¿Un convenio con una universidad en enero de 2016? ¡Imposible! Yo no he firmado ningún convenio ni contrato con nadie”, respondió González Tiburcio ante el requerimiento del documento. “Además, yo estaba de vacaciones en esa fecha”, alegó el exfuncionario, que cuenta con un recibo fechado el 4 de enero de ese año en un restaurante Fisher’s, en Boca del Río, Veracruz, el mismo día de la supuesta firma.
Casi dos meses después, el 1 de junio de 2017, el INAI insistió a la Sedatu para que esta vez realizara “una búsqueda exhaustiva” del convenio y lo entregara. En su respuesta, la dependencia, a través de la dirección de Programación y Presupuesto dependiente de la Oficialía Mayor de Zebadúa, aceptó la existencia de dicho convenio, pero señaló que no lo podía proporcionar porque existía una supuesta cláusula de confidencialidad que le impedía hacerlo.
Fue ahí cuando González Tiburcio se dio cuenta de que, en efecto, existía un convenio general firmado con su supuesta rúbrica y que algo “no estaba caminando bien”. Y fue ahí cuando otro funcionario subalterno del subsecretario, Armando Saldaña, también descubrió la falsificación de su firma.
González Tiburcio y Saldaña decidieron buscar a la secretaria Robles, quien los recibió personalmente en su despacho el miércoles 5 de junio.
—Rosario, es muy grave que haya por ahí convenios falsificados —le comentó González Tiburcio.
—La firma que aparece en ese documento no es mía —dijo por su parte Saldaña—. La Oficialía Mayor fue la que hizo los pagos a la universidad y desconozco cuánto se haya pagado, pero yo voy a denunciar ante el Órgano Interno de Control.
—Déjame investigar qué pasó —respondió Rosario, según el testimonio de González Tiburcio y Saldaña.
La secretaria mandó llamar al oficial mayor, Zebadúa, y una vez que llegó, González Tiburcio y Saldaña advirtieron que denunciarían la falsificación. Zebadúa dijo que investigaría qué había pasado.
Así lo hicieron. González Tiburcio y Saldaña denunciaron ante el OIC y, después, ante la entonces PGR.
Sin embargo, el 15 de enero de 2019, en la audiencia sobre el caso, la FGR acusó a González Tiburcio de falsedad de declaración, al denunciar la falsificación de su firma, pues según el Ministerio Público, sí era suya. Pese a la presentación de un peritaje que confirmaba la falsificación, González Tiburcio pasó de denunciante a imputado.
Desde entonces y hasta este 21 de abril de 2023, González Tiburcio ha enfrentado cinco causas penales. La segunda acusación derivó del convenio con la firma falsificada, por uso indebido de atribuciones. Y la última, de un convenio general de colaboración firmado con la Universidad Indigenista de México en Sinaloa, así como por un convenio específico suscrito por Aída Marina Arvizu Rivas, entonces directora general adjunta para la Igualdad de Género.
Aunque esta vez, el juez Juan José Hernández Leyva determinó no vincularlo a proceso al considerar válidas las pruebas del peritaje que confirmaban la falsificación de firmas.
González Tiburcio es el funcionario con el cargo más alto después de Rosario Robles en ser señalado por La Estafa Maestra. Si bien está confirmado el desvío de recursos públicos a través de los convenios con las universidades, en el caso de González Tiburcio la falsificación de firmas también ha sido confirmada en distintos peritajes, pero la fiscalía ha alargado los procesos judiciales.
Entre las pruebas de la fiscalía está la declaración de Zebadúa —quien buscaba un criterio de oportunidad—, en la que aseguró que La Estafa Maestra fue una trama de corrupción orquestada presuntamente por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, para financiamiento de campañas, compra de votos y promoción del gobierno de Peña Nieto y el PRI.
Señaló a González Tiburcio como uno de los funcionarios implicados en la firma de convenios que permitieron los desvíos, pero sin ofrecer ninguna prueba. En cambio, Zebadúa dirigió el área que permitió la salida de recursos públicos a las universidades y que terminaron en empresas fantasma, pero no ha enfrentado ni una acusación penal en todo este tiempo.
Las otras dos causas penales en su contra, también por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, fueron abiertas por otros dos convenios generales de colaboración presuntamente firmados por él con el Instituto de Estudios Superiores de Comalcalco, Tabasco.
En ambos casos, aún está pendiente por señalar la fecha de formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001134/2019. Sobre este caso, el 6 de junio de 2019, nuevamente González Tiburcio presentó una denuncia por la presunta falsedad de firmas en los dos convenios.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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