De acuerdo con el rotativo, una agencia de gobierno –no identificada-- compró el sistema de espionaje en noviembre de 2021, a través de una oscura sociedad intermediaria de New Jersey llamada Riva Networks, que había vendido una versión de Pegasus al FBI en 2019; en el contrato de 2021, su director firmó con un nombre apócrifo.
El contrato planteó que el “gobierno de Estados Unidos” sería el usuario final del sistema Landmark, y especificó que permitiría al gobierno a “probar, evaluar e incluso de desplegar el sistema contra blancos de su elección en México”; según el New York Times, el sistema permite a un agente ubicar en tiempo real un teléfono sin que su dueño se entere.
Ese contrato fue firmado escasos cuatro meses después de la publicación de la investigación internacional Pegasus Project, en la que Proceso y otros 16 medios revelaron --bajo la coordinación de Forbidden Stories--, cómo gobiernos autoritarios habían utilizado Pegasus como arma contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
A consecuencia, el gobierno de Biden había colocado a NSO Group en la lista negra del Departamento del Comercio. Y apenas la semana pasada, Biden firmó una Orden Ejecutiva para prohibir a cualquier agencia de gobierno la contratación de spyware que han sido usados para perpetrar violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con el reportaje del New York Times, la Casa Blanca desconocía la existencia del contrato para la adquisición del sistema Landmark.
El rotativo documentó que NSO Group –y su empresa controladora, Novalpina-- creó una compañía en Estados Unidos, llamada Gideo Cyber Systems, con la idea de entregarle la patente de Pegasus y vender la empresa a uno de los grandes contratistas del Ejército de Estados Unidos, específicamente a L3Harris; con ello, pensaba abrirse las puertas de los mercados estadunidense y europeos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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