El agente del MP aseguró que Garduño Yáñez contaba con un informe realizado tiempo antes del incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que decía que el centro de detención de migrantes afectado no contaba con las condiciones necesarias para existir, por lo que debía de cerrarse.
En la lectura de los cargos, el Ministerio Público (MP) le detalló sus obligaciones como Comisionado, a fin de señalar la serie de omisiones que cometió, las cuales van relacionadas con el salvaguardar a las personas migrantes dentro de las estaciones del Instituto, además de no cumplir con las obligaciones y leyes que se marcan dentro de los reglamentos del propio organismo y que debía de cumplir después del juramento que realizó al tomar protesta al cargo.
Luego de que el MP realizara la lectura de cargos para pasar a escuchar las declaraciones del imputado, Garduño Yáñez decidió reservarse su derecho de hacerlo.
El Juez de Control, Victor Manlio Hernández, fue informado de que el titular del INM contaba con un informe realizado previo al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se establecía que dicha instalación del Instituto no contaba con las condiciones necesarias para seguir operando, por lo que debía de cerrarse.
La Fiscal del caso alegó que disponía de grabaciones de video en las que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de Migración para permitir la salida de los migrantes tras el incendio y éstos se lo negaron.
La Fiscalía pidió que se retirara del cargo a Garduño por el “peligro latente” que podía suponer para la comunidad migrante en México y que se le prohibiera salir del país, pero el Juez Victor Manlio Hernández Calderón se negó y como medida cautelar solo le impuso presentarse en los juzgados cada 15 días. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya había respaldado que siguiera en su cargo al frente del INM desde que se inició la investigación.
Rodolfo López, abogado de Garduño, dijo a la prensa que en la audiencia de vinculación a proceso prevista para el domingo demostrarán que el jefe del INM puso en marcha medidas “tendentes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las condiciones de las instancias (migratorias y) a que se cumpla con la normatividad vigente”.
Originalmente, la audiencia iba a llevarse a cabo el viernes pasado; sin embargo, fue aplazada luego de que la defensa del ahora imputado lo solicitara ya que ese mismo día había recibido la carpeta de investigación realizada por agentes de la FGR, la cual consistía en 10 tomos.
Ese día, a su salida del Centro de Detención, el titular del INM aseguró que no puede hablar sobre el caso, pues se encuentra en un proceso judicial; sin embargo, sí comentó que desde su llegada a Ciudad Juárez el pasado 28 de marzo, estableció el objetivo de atender a las víctimas, asistir a hospitales, concurrir y apoyar en los servicios médicos que fueran requeridos.
“Mi objetivo fue atender a los familiares y estar atento con ellos para otorgarles visas para que puedan ingresar al país y permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran. Y mantuve comunicación permanente con los consulados para el reconocimiento de los fallecidos. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente y aquí estaré”, agregó.
Horas después del día de hoy, otro Juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
Ni Garduño ni Molina ha dejado su cargo tras el suceso y el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo al jefe del INM pese a que han aumentado las críticas en su contra.
El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión, y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego.
El Juez consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que los migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.
También dijo que el militar avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva” y recordó que la Corte Suprema consideró inconstitucional detener a los migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.
El incendio ocurrido el pasado 27 de marzo que mató a 40 migrantes en una estancia del INM en Ciudad Juarez, Chihuahua, aconteció en un momento en que Estados Unidos y México están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.
El incendio comenzó en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego, pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni por qué no se evacuó a las personas.
En un video que circuló en redes se observa que dos personas en uniforme entran corriendo en el encuadre de la cámara y al menos un migrante aparece junto a la puerta metálica tras las rejas. Ninguno de los agentes se acerca a las celdas para abrirlas sino que huyen mientras todo se llena de humo.
Cinco personas —tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— están bajo proceso, acusados de homicidio y lesiones ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas.
IRREGULARIDADES EN ESTACIÓN MIGRANTE DE JUÁREZ
El Ministerio Público Federal (MPF) que realiza la investigación en contra de los funcionarios implicados en el homicidio y lesiones de los migrantes reveló el viernes que se desconoce el número exacto de personas extranjeras que se encontraban detenidos al momento del incendio ocurrido el 27 de marzo.
La Fiscal, que mencionó una cifra distinta a la que última que dio a conocer la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (67) de migrantes encerrados bajo llave en la estación, exhibió que esta situación se debe a la omisión de registros por parte de los agentes del INM.
“No tenemos la certeza de que hubiera solo 68 personas”, dijo la Fiscal del MPF durante la audiencia inicial en contra de Antonio M.D., director de Control y Verificación Migratoria del Instituto, que se llevó a cabo este viernes.
Lo anterior, explicó, debido a que de 68 personas migrantes fallecidas y heridas, se encontró que sólo existe el registro de ingreso a la estación provisional de 52. Las 16 personas restantes fueron ingresadas sin seguir el protocolo de registro de expedientes y en todos estos casos se trató de personas masculinas originarias de Venezuela, aseguró la Fiscal en la audiencia.
Es por esto que el Ministerio Público sólo pudo determinar que había por lo menos 68 personas en el área de masculinos al momento del incendio, pero estiman que pudieron ser más las personas que estaban sin registro que no resultaron ni fallecidas ni lesionadas.
La falta de seguimiento a los protocolos de ingreso, así como a los de prevención y actuación en caso de siniestro o incendio así como las condiciones indignas, sumado a la corrupción del personal que vendía cigarros y encendedores a los migrantes, derivó en el homicidio de los 40 migrantes que perdieron la vida, determinó la Fiscal en la audiencia de Antonio Molina.
Y la responsabilidad de controlar y vigilar el cumplimiento de los protocolos y calidad de las condiciones recae en el director Antonio Molina, segundo al mando, debajo del Comisionado Francisco Garduño, por lo que se le imputa la probable comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de comisión por omisión.
“Excedía la capacidad, que no debe pasar del 80 por ciento de la capacidad máxima, no tenían comida ni agua suficiente, no recibían un trato digno y el imputado no supervisó ni vigiló como era su deber. La falta de supervisión propició la muerte de 40 personas de origen extranjero”, dijo la Fiscal durante la descarga de pruebas del MPF.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el MP el incendio se inició luego de horas que los migrantes tenían pidiendo agua, el ambiente era sofocante por la temperatura y por el hacinamiento, dijo la Fiscal, y el agua se les estaba negando.
De acuerdo con los testimonios, por lo menos dos hombres acumularon colchonetas cerca de la reja de la estancia y prendieron fuego a las mismas lo que provocó una acumulación inmediata de humo que no encontró salida debido a la falta de ventilación adecuada, ya que las ventanas de 40 por 20 centímetros estaban bloqueadas.
La muerte de los migrantes, de acuerdo con el peritaje forense, se determinó causada como una asfixia por intoxicación de monóxido de carbono.
Además, se determinó también que el dormitorio de hombres no contaba con alarmas de incendio, ni tenía extintores. Y a pesar de que se trata de un espacio 100 por ciento libre de humo, se corroboró el consumo de tabaco en el baño y en la estancia, ya que se encontraron una cajetilla quemada y cinco colillas de cigarro.
AUTOR: REDACCIÓN.
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