La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que son delitos federales, ha mantenido el caso abierto, pero información clave sobre lo que realmente le sucedió a Martínez la ha dejado fuera del ojo público, sin absolutamente ningún progreso o resultado.
Martínez fue encontrada muerta a golpes y asfixiada en su baño el 28 de abril de 2012, después de más de 20 años de escribir historias que a menudo eran duras para los funcionarios de los gobiernos estatal y federal. No investigó sobre los cárteles de la droga, contrariamente a mucho de lo que se ha escrito sobre ella. Cubrió la corrupción en la administración pública. Siempre trató de seguir el rastro del dinero y manifestó su frustración a compañeros cercanos por la opacidad de las finanzas públicas en Veracruz. (Ahora sabemos que gran parte de esos recursos fueron a dar a los bolsillos de los funcionarios estatales durante la administración de Javier Duarte mediante empresas fantasma, una revelación reportada después de la muerte de Martínez).
La FEADLE inició el caso con buenas intenciones. La fiscal especial Laura Borbolla apareció en Xalapa poco después del asesinato y descubrió un desorden en la escena del crimen. Fueron los investigadores federales quienes encontraron una muestra de sangre que los investigadores estatales habían pasado completamente por alto y que un uso excesivo de polvo para huellas dactilares había destruido gran parte de la evidencia.
Desde el primer día, Borbolla lo ha dicho en muchas ocasiones, la solicitud de información de su oficina fue bloqueada y retrasada por la oficina del fiscal del estado de Veracruz. Sus investigadores se vieron obstaculizados. Además, no contaban con suficientes recursos. Pero ella tenía claras sospechas de que el asesinato tenía que ver con el trabajo de Martínez.
Mientras tanto, la fiscalía del estado de Veracruz procedió a investigar la vida personal de Martínez y concluyó que fue asesinada por un delincuente callejero por quien tenía un interés romántico. Un cómplice fue recogido en la calle y condenado a 38 años de prisión. El verdadero asesino del “interés amoroso” desapareció después del crimen. Nadie cree en la historia de la fiscalía del estado, fuera de las personas que la inventaron.
En ese momento Proceso figuraba como coadyuvante en el caso y tenía acceso a todos los archivos, pero la ley le prohibía informar sobre una investigación abierta. La FEADLE optó por “acompañar” la investigación estatal en lugar de hacerse cargo del caso. La investigación languideció bajo varios fiscales especiales después de que Borbolla fuera reasignada.
A fines de 2015 entrevisté al entonces titular de la FEADLE, Ricardo Nájera, y me dijo que esta fiscalía había cerrado su versión del caso Martínez porque el estado de Veracruz había resuelto el crimen. Así fue la conversación, grabada por mi:
Fiscal: Para nosotros ya está cerrado, porque hay una gente sentenciada, y falta otra por ser detenida, pero un juez ya compromete que hay una responsabilidad.
Yo: Ok, y que no tenía que ver con libertad de expresión.
Fiscal: Nada.
Cuando pedí una copia del expediente, que se hace público en ese momento, Nájera se negó. Cuando con su sucesor traté de obtener una copia, me dijeron que el caso aún estaba abierto y sigue así hasta el día de hoy.
Preguntas sin respuesta
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 135 periodistas han sido asesinados en México desde que se estableció la FEADLE bajo la presidencia de Vicente Fox. Ese número no tiene precedente en el mundo para una democracia que no está en guerra. El historial de la FEADLE en la resolución de esos asesinatos es levemente superior a cero.
¿Qué está haciendo la FEADLE en el caso de Regina Martínez? Nada. Nadie puede decir lo contrario. Además, se opone a reconocer a Proceso como víctima, lo que la revista –con el apoyo de las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica– está litigando ante la justicia federal.
La FEADLE también se ha negado a proporcionar una versión pública del expediente, incluso después de haber sido ordenado por el INAI, la autoridad en México sobre la información pública, y a pesar de que el presidente López Obrador se comprometió a reabrir el caso.
Esto contrasta con el caso de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, quien fue baleada en su automóvil en 2017 luego de investigar los vínculos de los candidatos políticos locales con el Cártel de los Salazar.
Un artículo de la semana pasada de la revista estadunidense New Yorker describió los hechos de ese asesinato. Después de casi un año a cargo de la oficina del fiscal del estado de Chihuahua, la FEADLE ejerció su facultad de atracción del caso. El asesino y un exalcalde han sido condenados a prisión y el autor intelectual, Crispín Salazar, ha sido mencionado dentro del proceso judicial, aunque sigue libre.
Pero eso sólo sucedió después de presiones externas e investigaciones por parte de un grupo de periodistas y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, además de la intervención de un colega colombiano, que trajo organizaciones internacionales de periodismo de investigación para trabajar en el caso.
Ha habido varias investigaciones periodísticas sobre el caso de Regina Martínez, comenzando con Jorge Carrasco y Proceso en el momento de su asesinato hasta la más reciente, mi libro sobre el caso: En la Boca del lobo: un asesinato, un encubrimiento y el verdadero costo de silenciar a la prensa (Bloomsbury, 2022).
Conozco este caso al derecho y al revés:
–Si el asesinato de Martínez no tuvo que ver con su trabajo, ¿por qué los testigos clave fueron torturados para que firmaran la versión estatal de los hechos? Entre ellos se encuentran Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, quien cumple condena, y el fallecido Diego Hernández Villa, cuyo testimonio colocó a El Silva y al presunto homicida, José Adrián Hernández Domínguez, en el lugar de los hechos la noche del asesinato. En realidad, Diego Hernández Villa no vio nada esa noche porque estaba en otra parte de la ciudad.
–Si no tuvo que ver con el trabajo de Martínez, ¿por qué Jorge Carrasco, ahora director de Proceso, recibió un aviso de que los funcionarios estatales se estaban reuniendo en Xalapa para secuestrarlo en la Ciudad de México después de que expuso todas las irregularidades en el caso por la revista?
–Si no tuvo que ver con el trabajo de Martínez, ¿por qué ninguna de las pruebas en la escena apunta a ninguno de los presuntos sospechosos, quienes presumiblemente habrían dejado mucho ADN si golpearon y estrangularon a alguien hasta la muerte?
–Si no tuvo que ver con el trabajo de Martínez, ¿por qué la gente en Xalapa está aterrorizada, 11 años después, de hablar sobre el caso?
–Si no tenía que ver con el trabajo de Martínez, ¿por qué las fuentes con las que hablé para mi libro fueron seguidas, acosadas y notificadas si se descubría que estaban hablando conmigo?
–Si no tenía que ver con el trabajo de Martínez, ¿por qué un reportero de Xalapa me admitió que después de promover la versión estatal del asesinato de Martínez, el entonces gobernador Javier Duarte le pagó 300 mil pesos porque “me ayudaste mucho” con el caso Martínez?
Todo lo que sé sobre el caso está en mi libro. Y todo lo que encontré en mi investigación apunta a personas muy poderosas detrás de este asesinato que permanecen en el poder hasta el día de hoy, de ahí el temor continuo en torno al tema de Regina Martínez. Muchas personas a las que me acerqué porque podrían tener información me dijeron “No me meto en líos”. ¿A qué líos se refieren?
Yo, que soy periodista, no puedo hacerlos hablar, pero la FEADLE por ley sí. A partir de ahora, la FEADLE parece cómplice en encubrir el caso. Lo mantiene abierto sin hacer absolutamente nada e impide que se conozca la información que podría señalar el trabajo de Regina como el móvil de su asesinato.
Once años después de la muerte de Regina Martínez, ¿dónde está la FEADLE?
AUTOR: KATHERINE CORCORAN.
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