En la última audiencia del caso, la FGR dijo que el contrato conocido como Tula I fue legal, cuando en la carpeta de investigación señala que está ligado con presuntos actos de corrupción y que por ello dio pie a indagatorias.
En la audiencia del 13 de marzo, el representante del Ministerio Público de la Federación dijo: “Nosotros nunca hemos dicho que exista alguna ilegalidad, el contrato de Tula I fue entregado de manera legal”. En esa misma audiencia, el juez Gerardo Alarcón dictó auto de apertura al juicio en contra del exdirectivo.
La declaración del representante del MP contradice a la propia carpeta de investigación del caso Odebrecht, en la que se menciona que, “respecto a los contratos relacionados con actos de corrupción”, el principal vínculo se encontró precisamente a raíz del contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, mejor conocido como Tula I.
En respuesta a lo ocurrido en la audiencia del 13 de marzo, Miguel Ontiveros, abogado de la familia Lozoya, aseguró en entrevista que ahora hay un reconocimiento ministerial “franco, directo y expresado ante el juez” sobre que la actuación de Lozoya fue conforme a derecho.
“En suma, no hay responsabilidad, por acción u omisión, que pueda ser atribuida a Emilio Lozoya Austin”, dijo a Animal Político.
Durante la audiencia, incluso el propio Lozoya pidió la palabra. “Es la primera vez que escucho que el contrato fue legal, sigo perplejo”, señaló, y recordó que en su momento la FGR citó a funcionarios que afirmaron que Lozoya no participó en las contrataciones con Odebrecht.
Ahora, esos mismos funcionarios y exfuncionarios podrían ser llamados a declarar en favor del exdirectivo en un eventual juicio.
La acusación y el contrato Tula I
En diciembre de 2016, las empresas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal de Distrito de Nueva York, en EU, por pagar sobornos a funcionarios de diversos países, como México. Destacó la declaración sobre que Odebrecht pagó 6 millones de dólares a “oficiales de alto nivel” de una empresa propiedad del Estado mexicano para verse favorecida en la asignación de un proyecto.
Por esta declaración, la FGR comenzó el 27 de enero de 2017 la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, donde encontró que dentro del periodo de 2010 a 2015 fueron celebrados entre Odebrecht y Pemex cinco contratos de obra pública, tres de los cuales fueron firmados durante la gestión de Lozoya.
El primer contrato, PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, denominado “Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales de la Refinería Miguel Hidalgo”, mejor conocido como Tula I, fue firmado por mil 436 millones 398 mil 637.49 pesos, el 15 de febrero de 2014.
A este le siguió el contrato DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, conocido como Salamanca, que fue firmado el 6 de noviembre de 2014 por 84 millones 701 mil 354.52 pesos, y otro más denominado DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-315 o Tula II. Todas estas contrataciones forman parte de la carpeta de investigación de la FGR.
Incluso, la FGR consideró necesario entrevistar al propietario de la empresa Construcciones Industriales Tapia, toda vez que las actuaciones de la fiscalía hallaron que dicha compañía fue subcontratada por Odebrecht para la ejecución del contrato Tula I.
“Contrato que a decir de (…), exfuncionario de Odebrecht, fue el motivo de los pagos indebidos que hicieron a Emilio Ricardo Lozoya Austin durante su gestión como director general de Pemex”, dice la carpeta de investigación del caso.
Así, el 30 de enero y 23 de marzo de 2017, la FGR recibió escritos firmados por Araceli Cortéz Hernández, apoderada legal de Pemex y de Pemex Transformación Industrial, mediante los cuales exhibió copias certificadas del contrato Tula I, así como del dictamen de adjudicación de fecha 28 de enero de 2014.
Días después, el 3 de abril de 2017, la FGR recibió otro escrito de la apoderada legal de Pemex, mediante el cual proporcionó copia certificada del oficio RTASI-22-99-CNO-010, del 18 de febrero de 2014, por el cual Odebrecht solicitó a Pemex Refinación autorización para subcontratar a una persona moral para realizar trabajos relacionados con el contrato Tula I.
También se presentó el documento PXR-SPR-CPMAC-EXT-ROAR-03-2014, del 19 de febrero de 2014, mediante el cual Pemex autorizó el inicio de trabajos de la empresa Construcciones Industriales Tapia. Así fue como iniciaron las indagatorias contra personas relacionadas con dichas contrataciones.
El inicio de las pesquisas contra Lozoya
Mientras las investigaciones avanzaban, Lozoya solicitó que se hiciera de su conocimiento la existencia de alguna imputación en su contra por el caso Odebrecht, para en su caso presentarse a declarar ante las autoridades.
El escrito fue recibido el 10 de mayo de 2017 por el director general adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que a su vez envió a la FGR nueve días después la solicitud de información.
Así, mediante un acuerdo ministerial del 14 de agosto de 2017, fue reconocida la condición de Lozoya como imputado dentro de la carpeta de investigación originada por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, que inició a raíz de una denuncia de Pemex.
Tres días después, Lozoya negó la imputación en su contra. Sin embargo, el 3 de octubre de 2017, mediante el oficio UIL-C-CGI-104/2017, la FGR solicitó al titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia toda la información a la que tuviera acceso sobre Lozoya.
De este requerimiento fue donde se especificó que el exdirectivo también tuvo relación con la empresa Altos Hornos de México, misma que está implicada en el caso de la compra a sobreprecio de la planta conocida como Agronitrogenados, por la que Lozoya también tiene otro proceso penal abierto.
Finalmente, el 5 de diciembre de 2017, se realizó una solicitud de asistencia jurídica internacional a España, a fin de recabar la entrevista de un exdirector del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, señalado como la persona aparentemente responsable de diseñar una forma de pago para que Lozoya pudiera recibir transferencias hasta por 5 millones de dólares.
Los presuntos pagos a Lozoya
De acuerdo con la teoría criminal de la FGR, el exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, fue quien pagó los sobornos por 6 millones de dólares a Lozoya a cambio de obtener el contrato Tula I, 2 millones antes de obtener las contrataciones y 4 millones después.
“Weyll declaró que esa recompensa fue iniciativa de él y Emilio Ricardo Lozoya Austin aceptó, comprometiéndose a influir en la decisión que tomara el Consejo de Pemex Refinación, respecto a la adjudicación directa”, dice la carpeta de investigación.
Para realizar esta transacción, Odebrecht solicitó a Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, director del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, abrir una cuenta donde Lozoya pudiera recibir depósitos por más 5 millones de dólares, lo cual se hizo con ayuda de un especialista en estructuración de cuentas.
La empresa off shore que terminó como receptora de las transferencias fue Innovation Research Engineering and Development, Ltd.
“Dicha empresa registró diversas transferencias durante los años 2012, 2013 y 2014, mientras que el día 15 de febrero de 2014, fue celebrado el contrato de obra pública denominado Tula I”, indica la carpeta de investigación, en la que se señala que dicho contrato está clasificado como confidencial.
El pasado viernes 10 de marzo, el juez Gerardo Alarcón determinó que fue ilegal parte de la información financiera que entregaron Suiza y Brasil a México para acreditar los supuestos sobornos de Odebrecht a Lozoya, porque no hay pruebas de que las autoridades la obtuvieron mediante orden judicial.
Por esa misma razón, también canceló los documentos bancarios que proporcionó Brasil de las transferencias de las empresas off shore Latin America Asia Capital Holding y Zecapan, así como la empresa que supuestamente se utilizó para el pago de los sobornos a Lozoya.
Pese a lo anterior, Ontiveros asegura que Lozoya ha cumplido con todos los elementos para que le sea reconocido y otorgado un criterio de oportunidad. Según el abogado, Lozoya ya aportó datos de prueba contra presuntos responsables de delitos y ha aceptado pagar más de 200 millones de pesos por la reparación de daño de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“Siendo así, no vemos por qué habría que ir a juicio, pues confiamos plenamente en la Fiscalía General de la República y en el Estado de derecho, con especial referencia a la política anticorrupción del presidente López Obrador”, dijo.
En esa misma audiencia y la que siguió el lunes 13 de marzo, el juez excluyó más de 20 medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y excluyó parcialmente otros 12, decisión que ya fue impugnada por la FGR. En contraste, el juez admitió que 20 personas testifiquen a favor de Lozoya.
Testigos niegan la ilegalidad del contrato
Dentro de las personas que el juez aceptó sean llamadas a declarar en favor de Lozoya, se encuentra André Arthur Glorieux González, actual gerente de Proyectos 1 de Pemex Transformación Industrial, quien en una declaración ante la FGR el 27 de abril de 2017 aseguró que Odebrecht no fue favorecida de ninguna forma por la administración de Lozoya.
—¿Considera que la empresa Odebrecht fue favorecida con la adjudicación del contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-315 (Tula II), por haber estado realizando los trabajos del contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 (Tula I)? —le preguntó el agente del MP.
—No favoreció de manera particular a Odebrecht, ya que el estudio de mercado consideró a todas las empresas que estaban en la región con todas las capacidades. Es decir, que estuvieran en Hidalgo al igual que la empresa —respondió.
La FGR también solicitó la comparecencia de Leonardo Cornejo Serrano, actual subdirector de Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial y quien firmó el contrato Tula I; Cornejo, durante una declaración en abril de 2017, negó que haya recibido instrucciones para dar más contratos a Odebrecht.
—No, nadie me instruyó, seguramente (Pemex) en el estudio de mercado valoró que la empresa Odebrecht ya tenía presencia en la ejecución del contrato de Tula I, estableciendo los criterios bajo los cuales se realizaron propuestas de las empresas.
El 11 de abril de 2022, la defensa de Lozoya estuvo a punto de firmar un acuerdo para conseguir el criterio de oportunidad y así suspender el proceso penal en su contra. Sin embargo, un par de horas antes y por “instrucciones superiores”, autoridades de Pemex cancelaron la reunión en la que se abordaría esa posibilidad.
“No sabemos la razón de esa orden ni quién la giró, pero creemos que las condiciones están plenamente dadas para que, en los próximos días, podamos regresar al mismo juzgado, firmar, que se suspenda el ejercicio de la acción penal, y seguir colaborando con el sistema de justicia penal. Estoy convencido de que eso es lo que va a suceder”, aseguró Ontiveros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.
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