Pistas clandestinas, aseguramiento de drogas, asesinatos y desaparición de personas y desplazamiento forzado de comunidades forman la nueva realidad de la Selva Lacandona, territorio otrora ajeno a la narcoviolencia… Y ante las acusaciones presidenciales de presunta complicidad, las autoridades comunales niegan cualquier actividad ilícita de parte de la población local y claman por ayuda federal.
Pistas clandestinas que se multiplican, aeronaves que aterrizan y despegan rápidamente, aseguramiento de cargamentos de drogas, militares sometidos por civiles que les arrebatan lo decomisado, asesinatos y desaparición de personas, desplazamiento forzado masivo de comunidades y convoyes de camionetas con hombres armados que siembran el terror. Es la nueva realidad en la Lacandona.
En su conferencia mañanera del lunes 20 de marzo, desde el Cuartel General de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tuxtla Gutiérrez, López Obrador reconoció que la zona es controlada por un cártel del crimen organizado que mediante dádivas o amenazas obliga a pobladores de la zona a impedir lo operativos militares que decomisan los cargamentos de droga.
“En efecto, en la Lacandona, cerca de Bonampak. Ahí hay pistas clandestinas, están manejadas por uno de los cárteles, están aterrizando aviones con droga”, admitió López Obrador.
“Y aprovecho para hacer un llamado a la gente de Corozal y de toda esa región, porque se detectan las pistas, se les da seguimiento a las aeronaves, aterrizan, y tiene que llegar el Ejército pronto para el decomiso, porque los narcotraficantes tienen acuerdos con esas comunidades, con algunas gentes, no es todo el pueblo. Ya sea porque están entregando dádivas o dinero o porque están amenazando”, agregó.
Explicó que cuando llega la gente, enfrentan al Ejército para que no se lleve a cabo el decomiso: “Esto lo estamos padeciendo desde hace algún tiempo. Estamos actuando… Este llamado, estoy seguro que va a llegar hasta la Lacandona. Estoy seguro que nos van a ayudar. Y va a haber más vigilancia. Y ya estamos reforzando toda esa área, para que ya no se den estos casos”.
Apenas en diciembre pasado circuló un video de una docena de militares semidesnudos y sometidos presuntamente por pobladores de la comunidad de San Javier, a cuyos mandos militares les exigieron la devolución de “seis bultos” que habían sido decomisados horas antes de una avioneta Cessna que había aterrizado en la región.
Eran soldados de la 15 Compañía de Infantería no Encuadrada, quienes fueron amenazados con ser quemados si sus mandos no entregaban lo decomisado por otro grupo de militares de las fuerzas armadas en un lapso de 24 horas.
Ante estas declaraciones del presidente, desde la Selva Lacandona los líderes de los Bienes Comunales de la Zona de la Lacandona (BCZL) reaccionaron y le tomaron la palabra.
Pidieron a López Obrador visitar la región, como lo hizo durante su campaña electoral, y que constate de primera mano la realidad que ahí se vive; también expresaron que si harán operativos de vigilancia para que no sólo se queden en rondines, sino que haya resultados efectivos, además de negar que en sus comunidades se tengan pactos con cártel alguno.
El territorio que abarcan los BCZL comprende prácticamente 50% del municipio de Ocosingo; dos de las comunidades rurales de este municipio son las más grandes de esta demarcación: Nueva Palestina –con unos 30 mil habitantes– y Frontera Corozal, con unos 10 mil pobladores. Ambas se sitúan junto al río Usumacinta, un caudaloso afluente que separa México de Guatemala.
Esta parte de la Selva Lacandona colinda con la región guatemalteca de la Selva del Petén, corredor tradicional para el trasiego de ganado, droga y migrantes.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2424 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
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