El proyecto de resolución adoptado por consenso fue presentado por Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería.
El texto llama a “examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los migrantes, reconociendo sus efectos desproporcionados sobre los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, en particular las mujeres, los niños y los migrantes indocumentados o en situación irregular”.
“Resuelto a garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes”, la resolución decide prorrogar por un periodo de tres años el mandato del Relator Especial sobre los derechos de los migrantes.
El gobierno de Palacio Nacional pide al relator “solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, incluidos los propios migrantes, sobre las violaciones de los derechos humanos de estos y de sus familiares”.
Urge formular “recomendaciones apropiadas para impedir las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y para remediarlas, dondequiera que se produzcan, así como promover la aplicación efectiva de la normativa internacional en la materia, incluido el principio de no discriminación”.
Asimismo, le solicita “recomendar actividades y medidas aplicables a escala nacional, regional e internacional para acabar con las violaciones de los derechos humanos de los migrantes”.
México pide al experto de la ONU que al hacer sus informes debe “tener en cuenta las perspectivas de género, edad y discapacidad al solicitar y analizar la información, y prestar especial atención a la incidencia de las formas múltiples e interseccionales de discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas migrantes, los niños migrantes, las personas migrantes de edad, los migrantes con discapacidad y los migrantes indígenas”.
Además, solicita a la Relatoría Especial que, en el desempeño del mandato, tome en consideración los instrumentos de derechos humanos pertinentes de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos humanos de los migrantes.
Hace hincapié en que “el desempeño del mandato, pida información relativa a las violaciones de los derechos humanos de los migrantes a Estados, órganos de tratados, organismos especializados y relatorías especiales sobre diversas cuestiones de derechos humanos, así como a organizaciones intergubernamentales, otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones de migrantes, intercambie la información recibida y actúe de manera efectiva al respecto”.
En este contexto, Proceso preguntó a varios diplomáticos que se encontraban en la sala del Consejo sobre el contenido de esta resolución a la luz de los acontecimientos ocurridos en Juárez, reconocieron la oportunidad de esta iniciativa especialmente en momentos “tan críticos” para los migrantes que se encuentran en el país y en otras partes del mundo. Especialmente uno de los diplomáticos, que prefirió el anonimato, consideró que “uno de los primeros países que debe visitar el relator especial de los migrantes es México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
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