El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina posiciona a México como el primer lugar en conflictos mineros de la región, con 58 casos documentados en el país de los 284 totales; mientras que Global Witness calificó a México como el país más letal para activistas ambientales y defensores de la tierra en el 2021, según su último reporte, con 54 homicidios.
“Lo que pasa en Michoacán es sólo una muestra de lo que ocurre en el resto del país“, expuso Nataniel Hernández, integrante de la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). “Hay proyectos mineros en marcha, y otros que fueron suspendidos por la oposición o la resistencia organizada de las comunidades (…) y también hay cierto incremento de agresiones a defensores que han convocado a la resistencia organizada, pacífica y civil, y denunciado las irregularidades de estas empresas mineras”.
La víctima mortal más reciente, presuntamente ligado a conflictos mineros, es el consejero comunal Juan Medina, quien fue asesinado el 14 de abril. “Este homicidio es el resultado del abandono del Estado mexicano en proporcionar protección a la población frente a los embates del crimen organizado en colusión con la empresa Ternium“, expresó la asociación Serapaz al respecto.
Apenas dos semanas antes, Eustacio Alcalá fue asesinado por un comando armado del crimen organizado; el 15 de enero desaparecieron el abogado y activista Ricardo Lagunes y el líder comunitario de Aquila, Antonio Díaz; y el 12 de enero fueron hallados muertos tres guardias comunales de Ostula: Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano.
Las personas agredidas y asesinadas, expresó Hernández, tienen trabajo y actividades vinculadas a la defensa del territorio, lo cual es parte de uno de los factores de riesgo. “Nosotros consideramos que una parte de los factores de riesgo tiene que ver justamente con la actividad minera, y también con la participación de grupos criminales que operan en la región, y esto es atado evidentemente a un clima de asesinatos, de agresiones graves a personas defensoras. Es una mezcla de factores que pone en riesgo la vida de las personas ahí en la región, y en otras partes del país, también”.
Los lazos entre la minería, la violencia y los conflictos socioambientales en México han sido ampliamente documentados por organizaciones, académicos y activistas en distintos estados, tales como Puebla, Chiapas, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, entre otros. Global Witness calificó a México como el país más letal para activistas ambientales y defensores de la tierra en el 2021, según su último reporte, con 54 homicidios.
Para Hernández, este patrón de ataques a activistas existe a lo largo de toda la República, pues en las zonas donde se insertan mega proyectos —particularmente proyectos mineros— las empresas provocan división y ruptura al interior de las comunidades, un fortalecimiento de grupos opositores a la resistencia contra el mega proyecto, así como cooptación y “en gran medida la colusión con autoridades”.
“Estamos hablando de comunidades que se han organizado para defender la tierra y el territorio, y defender la vida, que han emprendido acciones tanto legales, sociales y políticas que incomodan y además evidencian la actuación de las autoridades, de los grupos criminales que operan en la zona con facilidades del Estado. Eso ha propiciado que que el clima de violencia se agudice, y para las empresas y el Estado es una oportunidad para agredir a las personas defensoras, ya sea con amenazas, con la intimidación, con campañas de desprestigio y difamación, y por último la desaparición y asesinatos”.
EL CONFLICTO MINERO EN MICHOACÁN
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) posiciona a México como el primer lugar en conflictos mineros de la región, con 58 casos documentados en el país de los 284 totales. Uno de ellos es precisamente el de la comunidad de Aquila —donde centraron su activismo Lagunes y Díaz—, que ha denunciado incumplimiento de acuerdos establecidos entre la empresa italo-argentina Ternium y la comunidad.
Las Encinas SA de CV, también conocida como empresa Ternium México SA de CV, es titular de 17 concesiones mineras en el municipio de Aquila para la extracción de hierro, sublimación de titanio, oro, plata, plomo, cobre y cinc. De acuerdo con registros de la Secretaría de Economía, en 1951 empezó sus actividades de exploración y explotación con minas a cielo abierto y subterráneas, así como producción del mineral en una planta peletizadora.
De acuerdo con la “Cartografía de las operaciones mineras en México y su gestión ambiental” realizada por la organización Cartocrítica, con base en información pública de la Secretaría de Economía (SE), en Michoacán actualmente se llevan a cabo 16 operaciones mineras, con un total de mil 744 hectáreas. A nivel nacional, la cifra es de 874 operaciones mineras con 188 mil 320 hectáreas en uso.
“Desde 1998 la empresa denominada Las Encinas filial de Ternium, una de las compañías mineras más grandes del mundo, lleva a cabo la explotación de ese mineral y ha formado parte del proceso de violencia desatado en la región, en años recientes. Todo ello a través de una combinación de explotación legal e ilegal de minerales”, analizó María del Carmen Ventura Patiño, doctora en Ciencias Sociales en su investigación “¡Nosotros queremos la tierra! Despojo y resistencia en la costa nahua, el caso de la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán, México”.
En dicho documento, publicado en 2020, Ventura Patiño tenía identificado que en casi 10 años habían sido asesinados 36 comuneros de Ostula y desaparecido otros seis, en el marco de un clima plagado por la minería legal e ilegal, la defensa del territorio y la presencia del crimen organizado.
En septiembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares para miembros de la comunidad de Ostula; y en el 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya tenía identificado que la minería tenía un papel central en la vida de los habitantes de la costa michoacana, pues en su “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto” destacó que los testimonios recabados por la institución dieron cuenta de “las afectaciones provocadas por la relación de algunos grupos mineros y la ‘delincuencia organizada'”.
“El conflicto minero y los intereses económicos que ha despertado a grupos delincuenciales, acompañado de la compra venta ilegal de minería; la ausencia de caminos y carreteras que generan zonas aisladas; el abandono social; y la reivindicación indígena de algunos pueblos y comunidades; son cuestiones que deben ser atendidas puntualmente”, había anotado la Comisión.
En el caso particular de Aquila, el conflicto comenzó en el año 2000, de acuerdo con la documentación hecha por OCMAL. Para 2013, ya existía preocupación de los habitantes de Aquila por contaminación del río, y ese mismo año el policía comunitario Agustín Villanueva fue arrestado bajo cargos falsos de secuestro, en un operativo de seguridad para desarmar el grupo de autodefensas al que pertenecía y se había formado para combatir al cártel de los Caballeros Templarios. En ese mismo operativo fueron asesinados ocho comuneros y 41 otros fueron detenidos.
Uno de los hechos más recientes del conflicto suscitó en enero de este año, cuando el abogado Ricardo Lagunes y el líder comunitario Antonio Díaz fueron reportados como desaparecidos, mientras que comuneros de Aquila denunciaron probable secuestro. Los comuneros habían empleado un litigio para defender el patrimonio y la representación del comisariado, con relación a las regalías mineras, y habían denunciado irregularidades en la entrega de este dinero por parte de Ternium.
“[El conflicto con Ternium] a la larga ha traído diversas consecuencias, sobre todo en la disputa de los cargos al interior de la comunidad. Ha traído también diferencias personales, familiares y rompió el tejido social al interior, con dos posturas a favor y en contra [de la extracción minera]. Y bueno, lo que ha ocurrido es al grado que ocurrió la desaparición de Ricardo y Antonio, donde se presume que hay participación indirecta por parte de la empresa y de un grupo del crimen organizado que opera en la zona, de grupos que tienen el control territorial, con todas las facilidades del Estado para operar, y que no se puede desarticular estos grupos que evidentemente tienen el control absoluto en la región”, señaló Nataniel Hernández de Red TDT.
“Es un conflicto delicado, grave, donde evidentemente la empresa lo que ha hecho es tensar las relaciones sociales y políticas al interior de la comunidad, y que ha generado pues una desarticulación, desconfianza, esta ruptura, falta de comunicación y de posible reconciliación, no sólo al interior de la comunidad sino también la empresa tiene este papel importante para dividir la comunidad”.
Rita Robles, integrante de la organización Alianza Américas que ha dado seguimiento al caso de Lagunes y Díaz, aseguró que dado el clima en la región, “no podemos tener duda de que [su desaparición] está relacionada con la defensa que estaba haciendo Ricardo Lagunes, en cuanto acompañamiento jurídico, y el papel político que tiene don Antonio Díaz en la región”.
“Entonces sí, tiene que ver con con la oposición que habían manifestado –tanto los comuneros como don Antonio– en cuanto a el interés de la minera de expandirse territorialmente, y sigue un conflicto en cuanto a las regalías”, expuso. “También tuvimos noticia de otra persona en Ostula que fue asesinada (Juan Medina), y el común denominador es que son opositores al proyecto minero; es el caso de Eustasio Alcalá, que había ganado un amparo en algún momento determinado en contra de la mina, y esto protegía pues la el territorio que él estaba representando, y los compañeros de Ostula también han tenido una resistencia ante los intereses de expansión de la mina, y también tiene que ver con la violencia de la región”.
Por otro lado, en enero del 2022 el pueblo nahua de San Juan Huitzontla –de donde era originario Eustacio Alcalá–, en el municipio de Chinicuila, ganó un amparo contra las empresas ArcelorMittal y Ternium por la extracción de hierro en la región sin hacer una previa consulta a la comunidad. Con un fallo del Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, se lograron frenar las operaciones de seis concesiones emitidas por las mineras Las Truchas y Las Encinas.
“Así, a más de tres años de iniciado el proceso legal, en el que la comunidad ha sido representada legalmente por el Centro Prodh, la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación a los derechos de la comunidad indígena y declaró la suspensión de los títulos de concesión minera a dos empresas hasta que la comunidad sea consultada”, dijo en ese momento el Centro Prodh en un comunicado de prensa.
ESTADO DEBE DE FORTALECER LA REGULACIÓN
Dentro de los distintos tipos de conflictos relacionados con la minería que pueden existir –laboral, socioambiental, por falta de participación ciudadana, por distribución de beneficios económicos, territoriales, entre otros–, es común que sean multifactoriales y complejos, por lo que se requieren soluciones integrales, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, que estudia el extractivismo y minería.
“Sería importante tomar en cuenta las demandas y las necesidades de las comunidades locales, y promover que puedan participar de forma activa y efectiva en tomar esas decisiones; implementar políticas y prácticas que ayuden de alguna forma para minimizar esos impactos [de la actividad minera] y fortalecer toda la regulación de control ambiental y social”, señaló.
Para ello, sería importante que las diversas dependencias e instituciones gubernamentales que están involucradas en la regulación de la industria minera, tales como las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fortalecieran sus mecanismos de regulación y cooperación interinstitucional. “No es que no exista, hay cosas que están, pero que no se cumplen, y [el fortalecimiento] ayudaría a que justo las empresas también cumplieran con estándares necesarios y se evitaran daños importantes”.
A nivel local, indicó la académica, se ha observado una cierta ausencia de las autoridades, pero en cambio a nivel federal han sido elementos del Ejército, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que ha empleado la fuerza pública. “Ha incrementado el uso de los militares para construir proyectos. No es el caso de la minería, pero sí es el caso del Tren Maya, de los aeropuertos, y esto me parece que es muy preocupante porque justo dentro de unos años, cuando ya no tengamos el mismo Presidente (Andrés Manuel López Obrador), le deja mucha fuerza a los militares”.
Sin embargo, Azamar Alonso también advirtió que existe un papel fundamental que ha desarrollado el Gobierno en sus diversos niveles, al utilizar la Policía y la Militar como actores para intervenir a favor de las empresas.
“Se ha observado en muchos de estos casos [de conflictos por la minería] que ha habido antes del 2018 una presencia militar y policial, justificando que van a resolver justo el conflicto, pero en realidad sabemos que es a favor de las empresas; y lo preocupante también es que en este año 2018 pues sabemos entonces sí han desplazado en muchas ocasiones a las poblaciones, les han impedido también [manifestarse] (…), entonces ese ya es bastante preocupante (…) que ha habido también, desde mi punto de vista, un incremento en lo que llamamos militarización, donde los militares han entrado a todos estos territorios para defender netamente los intereses de las empresas. Y sí, cada vez tenemos más defensores ambientales que han sido asesinados o desaparecidos. (…) Estamos llegando a ser el país con más defensores ambientales asesinados, antes creo que nos estaba ganando Brasil y Colombia, pero ahorita estamos casi al mismo nivel”, concluyó.
LA MINERÍA EN MÉXICO
A nivel nacional, se mantienen vigentes concesiones de 21.3 millones de hectáreas para la actividad minera, mientras que Cartocrítica identificó que se están realizando operaciones mineras sólo en 874 puntos, un total de 188 mil 320 hectáreas.
El mismo estudio realizado por Cartocrítica identificó que el 55 por ciento de las 249 operaciones mineras metálicas en el país se realizan sin que existan reportes públicos de emisiones y contaminantes en agua, aire, manejo o suelo en un periodo de 17 años; además de que el 38 por ciento de las operaciones carecían de información sobre una Evaluación de Impacto Ambiental o bien había sido negado el trámite.
Además, de acuerdo con el colectivo Cambiémoslo Ya, que reúne a académicos y miembros de comunidades indígenas, la industria extractivas —que incluye la minería y el petróleo— es responsable de sólo el 0.62 por ciento de los empleos en México, que eran equivalentes a 131 mil 880 a febrero del 2023 según cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Del total de concesiones existentes ante la Secretaría de Economía, 3 mil 036 concesiones mineras al 2019 ocupaban territorios indígenas, de acuerdo con información contenida en el proyecto de reformas a la Ley Minera enviado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión en marzo de este año.
Este viernes por la madrugada, el dictamen fue aprobado en lo particular y general el proyecto en la Cámara de Diputados, por lo que ahora tendrá que ser revisado y votado por las y los senadores. Los 251 votos a favor provinieron de la bancada de Morena y aliados, mientras que los 209 votos que se emitieron en contra corrieron a favor de los partidos opositores PRI, PAN y PRD.
El documento aprobado en San Lázaro contiene modificaciones a las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En la propuesta original enviada desde el Ejecutivo federal, se contemplaba que las concesiones tendrían una duración de 15 años en vez de 50, y serían prorrogables sólo por un periodo extra sujeto al cumplimiento de las regulaciones en la materia. Es decir, las empresas mineras podrían operar por un máximo de 30 años, en vez de los 100 previstos en la Ley Minera actual expedida en 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Sin embargo, la minuta aprobada por las y los diputados federales tuvo algunos cambios a la propuesta inicial, pues el tiempo máximo de concesión se amplió a 80 años –mientras que inicialmente se consideraban 30 años como máximo–, se flexibilizaron las causales de cancelación de los permisos en caso de daño medioambiental, y redujo de 10 a cinco por ciento como mínimo de las regalías mineras que se deben de pagar a comunidades indígenas.
En materia de consultas a la comunidad, la reforma mantuvo la obligatoriedad de una consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y afrodescendientes donde se pretende entregar una concesión minera; pero Nataniel Hernández de Red TDT advierte que aunque es una buena iniciativa, faltan mecanismos gubernamentales que garanticen todo tipo de derechos a comunidades originarias, por lo que esta legislación puede caer en ser “letra muerta”.
“Una ley resulta insuficiente cuando no hay una voluntad política por el Estado, por las autoridades a nivel local, municipal o federal, para garantizar el respeto a los derechos humanos de los pueblos, y no sólo con el tema de la consulta, sino también se tiene que tener un enfoque más integral en términos de si hay afectación social, política, económica y cultural. Es decir, todos estos elementos se tienen que valorar y considerar”, expuso. “Nos parece que una ley puede resultar importante, pero puede ser letra muerta si en la práctica no se aplica, que es lo que ocurre particularmente en nuestro país”.
AUTOR: TAMARA MARES RIVERA.
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