Desde el pasado 4 de abril, El Salvador había calificado de “crimen de Estado” la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en un centro de detención de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez. En esa ocasión, también exigió la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.
“Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, que esa es la labor del Gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar”, dijo al ser cuestionado por la petición que hizo ayer Cindy Portal, Vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana de dicho país.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió en que no habrá impunidad, y que se castigará a las y los responsables de los hechos. “Va a continuar la investigación. Ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia”, agregó.
Sin embargo, evitó hablar de la posible renuncia de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), o de alguna otra persona de alto nivel que esté relacionada con el caso.
Ayer, El Salvador culminó con el proceso de repatriación de los siete compatriotas que murieron en el incendio en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, y reiteró su exigencia para que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia.
“Nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones clave para dar a conocer nuestra posición” al Estado de México, dijo en conferencia de prensa la Vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.
La funcionaria señaló que los cuerpos de los salvadoreños habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.
Explicó que el Gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares que viajaron a ese país para identificar los cuerpos.
Por respeto a los familiares, indicó, no identificaron a las víctimas, aunque señaló que se trata de siete hombres con un rango de edad entre los 35 y 40 años. Refirió que las autoridades mexicanas publicaron los nombres de 12 de los más de tres docenas de muertos en el siniestro.
Dijo que en un principio se habló de 12 salvadoreños fallecidos, pero que luego de las investigaciones en el campo se confirmó que sólo se trataba de siete. Agregó que otros cinco fueron afectados, dos de ellos se encuentran en estado grave, y los otros tres recibieron el alta y continuaron su camino hacia Estados Unidos.
“Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel”, subrayó Portal. “Estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”, agregó. Afirmó que “este no es el primer caso donde El Salvador está exigiendo respuesta; hay muchos casos que han quedado en la impunidad y en los que nosotros estamos solicitando resarcimiento de los daños”.
Mencionó el caso de 14 salvadoreños que fueron asesinados en el estado de Tamaulipas en 2010 y el crimen de la salvadoreña Victoria Salazar hace poco más de dos años en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, en el que, según señaló, habrían participado varios policías.
AUTOR: REDACCIÓN.
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