Integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia, la mayoría adultos mayores, ocuparon hace un mes el Centro de Atención Integral como protesta por el incumplimiento de un acuerdo para recibir ayudas económicas. La CIDH ha calificado el paso del tiempo como un factor de impunidad cuando las personas envejecen y mueren sin acceder a la verdad y la justicia.
“Yo ya era casada […]. A mi mamá un carro la aventó a media calle, se quebró su pelvis, de ahí empezó a estar enferma y ya no pudo acompañar a mi papá. Entonces, él y yo andábamos”, cuenta doña Estela, hoy de 73 años, quien vive sola y se sostiene económicamente con la pensión para adultos mayores que le entrega el gobierno federal.
Con parte de ese apoyo pagó los gastos del viaje de Atoyac de Álvarez a la Ciudad de México para participar en las actividades de protesta del Movimiento por la Verdad y la Justicia de los Desaparecidos de la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80, un periodo de represión y violencia del Estado que incluyó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes de inteligencia, policías y militares.
Hace más de un mes, en la mañana del 17 de marzo, alrededor de 50 integrantes de este colectivo tomaron las oficinas del Centro de Atención Integral (CAI) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en protesta por el incumplimiento de un acuerdo para entregar los primeros apoyos económicos o “recursos de ayuda” a 19 de sus miembros.
El Movimiento por la Verdad y la Justicia fue creado en 2018 por familias que durante décadas habían participado en otros grupos de víctimas, principalmente de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, sin poder dar solución a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, y acceder a la justicia y la reparación del daño.
La represión de movimientos sociales y políticos durante la “guerra sucia” se extendió a todo el país, pero en Guerrero fue “sistemática y generalizada” y se llevó a cabo a “una mayor escala”, según lo señalado por la Comisión de la Verdad (Comverdad) del estado en su informe de 2014.
El colectivo está integrado por 77 sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas, en su mayoría adultas y adultos mayores, de acuerdo con Luis de la Cruz, su vocero. En algunos casos, como el de doña Estela, llevan más de cuatro décadas buscando a sus parientes y han ido de una agrupación a otra debido a conflictos internos y a la falta de resolución de sus demandas.
El paso del tiempo ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un factor de impunidad y un obstáculo para la reparación integral de las víctimas cuando, en casos de violaciones a los derechos humanos, después de dedicar tiempo y recursos en una lucha de años o décadas, sucede “el envejecimiento y muerte de las víctimas y familiares sin conocer verdad y justicia”.
Las políticas de memoria, verdad y justicia deben incorporar un “horizonte temporal” para su ejecución, señala el organismo internacional. La invisibilización del envejecimiento en estos procesos, agrega, es considerada una discriminación por edad.
“Cuando los procesos de justicia y verdad son demorados o interminables se recrudecen los efectos perniciosos de una violación a los derechos humanos”, señaló la CIDH el 24 de marzo en un comunicado que conmemoraba el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y esto es lo que ha sucedido con las víctimas de la “guerra sucia”.
El 13 de marzo, miembros del colectivo guerrerense viajaron a la Ciudad de México para manifestarse por el incumplimiento de un acuerdo para la entrega de ayudas económicas firmado en octubre del año pasado por la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y el director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Santana Ángeles, quien es también secretario ejecutivo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Creada el 6 de octubre de 2021, esta comisión es un “grupo de trabajo especial” presidido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, e integrado por personal de instituciones como la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda. Aunque cuenta con dos instrumentos —el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Comité para el Impulso a la Justicia— en el que participan especialistas independientes, se trata de un organismo gubernamental, que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
Décadas de impunidad
La familia de doña Estela acumula 45 años de exigencia de verdad y justicia. Isaías, su padre, pertenecía a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), un colectivo creado en 1978.
Durante veintiséis años, Isaías buscó a su hijo Misael en cárceles y cuarteles militares, y participó en plantones y manifestaciones para exigir su presentación con vida. En enero de 2004, cuando tenía 82 años, fue acusado junto a otras cuatro personas del asesinato de Horacio Zacarías Barrientos Peralta, un testigo clave para identificar a personal del Ejército y de la Policía Judicial involucrado en la detención y desaparición de cientos de habitantes en la sierra de Guerrero, y que poco antes del crimen había dado su testimonio a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Isaías se declaró inocente y víctima de tortura por parte de la Policía Judicial. Después de once meses encarcelado, fue liberado junto con dos de los cinco acusados.
“Para mí fue más feo porque yo no dormía en la noche. Tenía miedo de que me cayeran a quitarme a mi padre otra vez. Y yo no dormía, quería meter a mi papá no sé en dónde, que nadie lo viera. Tenía mucho miedo. Todo eso fue a consecuencia de que mi papá mucho buscaba a mi hermano”, recuerda doña Estela.
La condición de salud de Isaías era mala, pero estando preso se agravó. Un año exacto después de su liberación, el 3 de diciembre de 2005, falleció. A partir de entonces, Estela y Jaciel Martínez Hipólito, hijo de su hermano desaparecido, decidieron continuar exigiendo lo que Isaías ya no pudo.
“¿Dónde están? Es lo que nosotros queremos saber, porque mi padre y mi madre se fueron con esa ilusión de saber de su hijo y nunca fue posible. Allí terminaron su vida ellos dos, buscando a mi hermano. Y eso es lo que a mí me da fuerza y ánimo de seguir luchando, porque vi cuánto sufrieron mis padres”.
Apoyos que no llegan
Doña Estela y otras ocho mujeres, integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia, juegan a la tradicional lotería mexicana. Son alrededor de las siete de la noche del jueves 30 de marzo y, después de hacer la comida, de recoger y lavar, se toman un descanso.
Quienes ese día sostienen la toma de las instalaciones del CAI son alrededor de 30 personas y, por lo menos, la mitad son mujeres. Las labores de aseo y de la cocina se las dividen doña Estela y sus compañeras Lidia, Abelina, Simona, Mercedes, Macrina, Nestora, Julia, Andrea, Teresa, Saturnina, Isabel, Silvia y Leslie. A un lado de la mesa en la que se entretienen jugando, hay un par de kilos de jitomates y papas, cabezas de ajos y otros ingredientes para la comida de la jornada siguiente.
“Apenas nos trajeron la lotería, pues, para distraernos”, dice una de las mujeres, envuelta en su rebozo. Entretanto, se escucha caer una fuerte lluvia.
Desde el 17 de marzo, los cubículos donde los funcionarios solían atender a las personas usuarias del CAI se han convertido en dormitorios. Las y los manifestantes han colocado los muebles de oficina en las esquinas y con cobijas improvisan camas a ras del suelo. También han montado una cocina comedor en el patio, al aire libre, y un área de vigilancia que incluye una hamaca en la entrada del centro.
Ese día, por la mañana, el colectivo decidió en asamblea tomar las instalaciones. Alrededor de las 11:30 horas, unas 50 personas llegaron a las oficinas, un par se registraron y, tras unos minutos, Luis de la Cruz, vocero del colectivo, tomó un megáfono y anunció:
“Compañeros, en este momento les comunicamos a las personas que están aquí que el edificio está tomado por nuestro colectivo, por el incumplimiento a un acuerdo, que fue violado por la CEAV”.
Le pidieron a los empleados que se retiraran, pero estos prefirieron quedarse y comenzaron a dar consultas de salud a las y los adultos mayores que participaban en la toma. Unos 30 minutos después llegaron policías antimotines a rodear el lugar.
“Nosotros dijimos, si nos van a desalojar no podemos poner resistencia porque no tenemos las condiciones para evitarlo. Somos adultos mayores, pura señora, ¿pues cómo? […] Nuestra toma es pacífica, ni siquiera agredimos a nadie o que hayamos ofendido a algún empleado, no. Aquí venimos nosotros también a que nos den algún servicio, ¿cómo vamos a agredir?”, señala De la Cruz.
Unas horas después de la toma, la CEAV emitió un comunicado: “Grupo de personas cierra instalaciones del CAI…”, en el que anunciaba la suspensión de los servicios regulares de la oficina y reprobaba “cualquier acto de violencia contra víctimas y personas servidoras públicas”.
“Ahorita se sienten víctimas porque estamos aquí, dicen que un grupo de personas entró aquí. ¿Por qué no dicen ‘un grupo de víctimas’? Todos, todos tienen la calidad de víctimas con el Renavi”.
De la Cruz alude con estas siglas al Registro Nacional de Víctimas, el padrón de personas víctimas de un delito o violación a los derechos humanos administrado por la CEAV, que incluye el Registro Federal de Víctimas (Refevi) y los registros locales. De acuerdo con las estadísticas de la CEAV, desde 2014 hasta diciembre de 2022 recibieron 69,408 solicitudes de inscripción al Renavi, de las cuales se asignaron 52,791 folios. Una vez que una víctima es inscrita y recibe el folio, puede acceder a las medidas de ayuda, atención y reparación integral que otorga la CEAV.
Según el acta de la junta de gobierno de la CEAV realizada en julio de 2022, del periodo de la “guerra sucia” hay 2,209 víctimas con expediente en el Refevi (97 por ciento con un folio asignado). La mayoría se concentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de México, y en menor número, en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos y Michoacán. El 75 por ciento de los registros son víctimas indirectas, y el 25 por ciento, directas, y la mayor parte son personas adultas mayores.
Doña Estela y su sobrino Jaciel cuentan con un folio asignado del Renavi que los acredita como víctimas indirectas desde mayo de 2016. Ella toma sus documentos y los muestra para comprobarlo.
“Venimos y firmamos papeles. ‘No, que para tal fecha, ahora sí ya’. Y nos vamos contentos y se llega la fecha y no. Y allá venimos más. No tenemos dinero, yo ando consiguiendo prestado”, cuenta doña Estela sobre los múltiples viajes que ha realizado con sus compañeros del colectivo desde Atoyac de Álvarez a la Ciudad de México.
Lo que tanto han esperado, explica De la Cruz, son esas medidas que la CEAV reconoce como “recursos de ayuda, asistencia y reparación integral”: apoyos monetarios para alimentación, alojamiento y traslados relacionados con el acceso a la justicia, la atención médica y los gastos funerarios, en tanto no exista una reparación integral del daño. E insiste: no se trata de beneficios o dádivas, es su derecho legal como víctimas y les resolvería muchos problemas en lo inmediato.
“Yo cuidé a mi padre como pude, lo sepulté igual, a mi mamá también. Por eso siento yo, no sé… que nos van a ayudar, pero ¿cuándo y en qué forma? Había muchos señores ya de edad en nuestro grupo y muchas personas están muriendo sin una esperanza de nada”, lamenta doña Estela.
Acuerdos incumplidos
Luis de la Cruz, quien pronto cumplirá 65 años, es yerno de Antonio Onofre Barrientos, desaparecido el 2 de septiembre de 1972. Tras la muerte de Florentina Gudiño Castro —esposa de Antonio—, asumió junto con su esposa y sus hijas un rol de liderazgo en las actividades de protesta. En diciembre de 2018 se unieron al colectivo y, poco después, De la Cruz comenzó a apoyar con los trámites frente a las dependencias y a fungir de vocero.
“Desde 2019 estamos pidiendo esto y no nos contestan”, dice sobre los recursos de ayuda. “Y tengo mis acuses, no solamente de palabra, lo pedimos con la CEAV y hasta a Gobernación también. Hemos regado papeles por donde quiera y nos ignoran, ese es el coraje que nos da”.
Cuenta que, antes de tomar las instalaciones del CAI, el colectivo realizó bloqueos, protestas pacíficas, y participó en mesas de diálogo y en reuniones para hacerse escuchar y colaborar con autoridades y funcionarios del gobierno. Y es que la comisión actual para investigar la “guerra sucia”, creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una demanda de los colectivos de víctimas que apostaron por una nueva administración aparentemente comprometida con sus causas; sin embargo, con el paso de los meses dicen estar decepcionados.
El 22 de junio de 2022, en el Campo Militar No. 1, durante el acto protocolario de inicio de actividades de la comisión, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reivindicó la actuación del Ejército durante la “guerra sucia” y anunció que algunos de los militares fallecidos durante ese periodo serían inscritos en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. Para evidenciar su rechazo al discurso del general, el colectivo decidió emprender una serie de manifestaciones.
En septiembre, los integrantes bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo durante horas a manera de protesta. Pedían, entre otras demandas, que López Obrador cancelara los planes del secretario de la Defensa de inscribir los nombres de los “perpetradores” en un monumento. La última petición era para el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien solicitaban “nos informe el avance de la comisión, reparación y medidas de ayuda”.
El 27 de octubre, el colectivo fue convocado a la Ciudad de México para reunirse con Santana Ángeles, por parte de la Segob, y Rodríguez Estrada, titular de la CEAV. Ese día firmaron el acuerdo que ahora sus integrantes consideran incumplido y por el que justifican la toma de las instalaciones del CAI. El compromiso fue analizar “los procesos de los 19 expedientes completos que existen para emitir las resoluciones” ese año; es decir, que en 2022 se entregarían 19 recursos de ayuda. No se establecieron montos, pero se acordó que, tras proporcionar una “lista de documentos faltantes para el 4 de noviembre de 2022”, posteriormente se agendarían citas a través de Tomás Godoy Barrera, integrante del colectivo.
“Le dijimos: ‘¿Sabe qué, licenciada Yuriria? Pásenos esos 19 expedientes para saber qué compañeros están completos. Porque yo que me acuerde, le entregué todo. Aquí no metí papeles de 19, son 73 [personas víctimas integrantes del colectivo]’. Y ella me dijo que esos 19 ya estaban completos y que se iba a emitir una resolución para que se dieran ya las primeras medidas de ayuda. Así nos dijo, después nos la volteó”, recuerda De la Cruz.
En 2023, el colectivo continuó con las manifestaciones: en febrero protestó afuera del Palacio Nacional y del Campo Militar No. 1; se reunió con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y tras bloquear la entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus miembros fueron atendidos por personal del CAI, que les pidió ingresar otros documentos para continuar con el trámite. El 13 de marzo, aún sin una solución, volvieron a la Ciudad de México para realizar una nueva jornada de manifestaciones. El 17 de marzo, finalmente, tomaron las instalaciones del centro.
“Los compañeros dijeron: ‘Oye, pues no venimos a pasear, venimos a luchar’. Dijeron: ‘Pues vámonos al CAI’. Por eso estamos aquí”, dice De la Cruz.
Godoy, quien estuvo presente en la firma del acuerdo en octubre, duda que los contacten pronto. Piensa que están esperando a que se cansen o se les agoten los recursos. Su primera demanda fue reunirse con la titular de la CEAV, pero aún no los ha recibido. Se buscó conocer la postura del organismo ante el conflicto, pero hasta el momento de la publicación no hubo respuesta.
“Ahora se quieren lavar las manos, que porque somos grilleros, dicen ellos, que por qué nos atrevimos… No nos dejaron otra opción”, afirma.
Esos grilleros son en su mayoría, como doña Estela, adultas mayores. Los más jóvenes, un número reducido, son nietos y nietas que nunca conocieron a sus abuelos desaparecidos, mientras que otros familiares, hijas e hijos, yernos y nueras, no tienen, como Godoy, menos de 50 años.
De la Cruz y Godoy mencionan a doña Luisa Vázquez, con 82 años, como la más longeva del colectivo. Luego a doña Fidencia, que se fue a descansar a su casa unos días porque está enferma del corazón; doña Juana Barrientos, que ya no camina, pero a quien representan sus hijas, y don Chico, que participó en las protestas en la Ciudad de México en febrero hasta que desarrolló una trombosis en la rodilla. Y a quienes están aquí, como doña Estela, sosteniendo la toma con su trabajo doméstico y jugando lotería para distraerse.
De la Cruz afirma que la intención del colectivo es reunirse también con el subsecretario Encinas. Desde la toma, solo han podido hablar con Abel Barrera y Eugenia Allier, dos de los miembros del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, quienes se comprometieron a apoyarlos llevando sus demandas al interior de la comisión. Ambos declinaron dar una entrevista.
Mientras esperan a que la titular de la CEAV los reciba, integrantes del colectivo organizaron el domingo 16 de abril una venta de pozole para recaudar fondos y sostener la protesta. Sugieren, entre broma y broma, renombrar el CAI como Pozolería La Resistencia.
“A lo mejor nos llevamos aquí unos cinco, seis, siete meses, hasta un año. Pero estamos preparados para eso, para ese tiempo”, asegura De la Cruz, y añade bromista: “Nada más con que no sean otros 50 años [refiriéndose al periodo más álgido de la ‘guerra sucia’] porque va a estar canijo”.
AUTOR: CELIA GUERRERO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario