Un hombre de 54 años, una adolescente de 15 embarazada de ocho meses, y el niño que esperaba, mueren en un ataque perpetrado supuestamente por agentes de la corporación. Los sobrevivientes dan su versión.
Un nuevo ataque a balazos, esta vez perpetrado supuestamente por agentes de la Guardia Nacional, ha vuelto a hacer sonar las alarmas en Nuevo Laredo. Cuando aún no se cumplen dos meses de la muerte de cinco muchachos desarmados a manos de militares en la ciudad fronteriza, una nueva agresión el domingo pasado, que dejó dos muertos, además de un bebé no nato de ocho meses, y tres heridos, pone de nuevo a las corporaciones de seguridad en el punto de mira. De momento, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa (Sedena), ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han informado de lo ocurrido. Tampoco la Fiscalía General de la República (FGR).
Como en el caso de los militares en febrero, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha denunciado lo ocurrido, exigiendo una respuesta del Gobierno. El presidente de la organización, Raymundo Ramos, objetivo del espionaje de las Fuerzas Armadas durante la actual administración, ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigiendo que investigue el asunto. Ramos y su equipo han entrevistado estos días a los supervivientes en el hospital. Los tres dibujan una agresión sin motivo. Una camioneta de la Guardia empezó a seguir su vehículo. Acto seguido empezaron a disparar, agresión que continuó tras la persecución y la primera ráfaga. Mientras los civiles huían, al menos tres agentes siguieron tirando.
Una de las supervivientes, Verónica Treviño, de 25 años, herida de las dos piernas y el pie izquierdo, dibuja una posible confusión de los agentes. En entrevista con el Comité de Derechos Humanos de la ciudad, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, explica: “Nos bajamos[del vehículo], corriendo a diferentes lugares. Se escuchaba así el zumbido de las balas. Me estaban tirando a las piernas. Cuando me las miré ya las tenía balaceadas. Mi pie también. Nos decían, ‘¡no se mueven pinches culeros, a la verga, porque los vamos a rematar, los vamos a matar aquí!’. Yo me fui a rastras, como pude. Quería cruzar la cerca, porque dijeron que nos iban a matar. Pero luego checaron la troca y dicen ‘guey, la cagamos, la cagamos, no tenían nada’. Y se fueron”.
A diferencia del caso de febrero, cuando familiares y vecinos de los cinco muchachos asesinados increparon a militares en el lugar de los hechos, horas después de lo ocurrido, en este caso no ocurrió tal cosa. Entonces, Sedena divulgó incluso un comunicado, dando fe del ataque. Ahora, silencio. “Tenemos pruebas que evidencian la presencia de la Guardia Nacional en el lugar de los hechos”, indica Ramos. “Hay evidencias muy importantes que todavía no podemos dar a conocer, incluyendo testimonios de personas que no son víctimas directas del caso”, añade.
El domingo en la mañana, agentes de la Guardia Nacional, en boca de todos estos días en México por la discusión sobre su adscripción, si civil o militar, empezaron a seguir un vehículo color guinda en las afueras de la ciudad. Los agentes iban a bordo de una camioneta pick-up, equipada con una torreta artillada. A bordo del vehículo color guinda iban cinco personas. El conductor era Luis Adán Rodríguez, de 25 años. Su pareja, Miriam Treviño, de 15, embarazada de ocho meses, iba detrás. De copiloto iba Edwin Tizano, un primo de Míriam, de 14 años. Detrás, con la joven embarazada, iban dos amigos de ella, Verónica Treviño y Felipe García, este último de 54 años. Todos iban a casa de la menor a pasar el día.
El seguimiento inició pasadas las 8.30 de la mañana. Rodríguez, el conductor, uno de los que sobrevivieron, ha relatado desde el hospital que los agentes se colocaron a 50 metros, detrás de ellos. Acto seguido, dice, empezaron a disparar desde la torreta. Rodríguez trató de huir. Se incorporó al otro lado de la carretera, en sentido contrario. Como un tráiler venía de cara, viró y el vehículo se golpeó contra la barrera de protección. Es posible que alguno de sus neumáticos se pinchara y el vehículo acabara golpeándose con el muro de contención, del lado contrario de la calzada.
Con el coche ya detenido, cuatro de los cinco salieron. Trataron de huir. Solo uno se quedó quieto, en el carro. Era Felipe García, que sus amigos llamaban Pollito. Malherido, el hombre falleció poco después por los balazos recibidos durante la persecución. Rodríguez salió corriendo, tratando de alcanzar una cerca, una especie de valla que separaba la carretera de un campo. En su declaración al Comité, el joven dice: “Cuando volteé a ver a mis amigos, estaba todos tirados. Luego busqué a mi señora y solo escuché que me gritaba, ‘Wicho, me dieron, Wicho. Le dije, ¿estás bien? Cuando me dirigí hacia ella estaban los de la Guardia, como a metro y medio suyo. Yo me iba acercando, iba sangrando y ellos me gritaban, ‘no te acerques, culero, te vamos a matar”.
Miriam Treviño estaba junto a su primo. En sus declaraciones al Comité, Edwin Tizano cuenta: “[Los agentes] gritaban, ‘córranle, les damos tiempos de correr’. Y yo les decía, ‘pero, ¿por qué?”. Tizano dice que decidió echarse a correr hacia la cerca. “Estaba corriendo, cuando empezaron, ta ta ta ta. Se escuchó una ráfaga. Y me caí para atrás. Y luego, Verónica vi que quedó en el poste blanco. Yo me quedé con mi prima. El otro muchacho, Luis, alcanzó a correr hasta más allá. Luego Luis dijo, ‘no tiren, no tiren que mi mujer está embarazada’. Luego, los guardias se fueron. Mi prima estaba consciente, decía que le dolía, que le dolía”.
La supuesta fuga de los guardias nacionales dejó a los heridos a merced de quien pasara. Al cabo del rato, sin embargo, agentes de carreteras de la corporación pasaron por allí y les auxiliaron. Militares llegaron igualmente e hicieron lo mismo. Tres ambulancias se llevaron a los heridos y al muerto al hospital. En la tarde, Míriam Treviño y su bebé habían muerto. Ramos ha explicado este martes que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió en un primer momento una investigación sobre el caso. Cuando empezó a trascender que personal de la Guardia Nacional podría estar involucrado, la FGR abrió otra. Según ha contado el activista, entre ambas dependencias recogieron del lugar 86 casquillos de bala.
FUENTE: EL PAÍS.
AUTOR: PABLO FERRI.
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