Las autoridades de diversas secretarías del Gobierno federal dieron una actualización sobre los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La cifra de víctimas incrementó luego de que se reportara la muerte de un migrante herido que había sido trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ), ubicado en la Ciudad de México.
La dependencia detalló que seis de los lesionados fueron llevados este fin de semana en ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al CENIAQ y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), localizados en la capital del país.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud (SSa) federal y del IMSS, “se tomó la decisión de trasladar a pacientes, derivado de la valoración médica de especialistas del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación”.
“Lamentablemente una de las víctimas perdió la vida al llegar al CENIAQ, por lo que al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas”, anunció la SSPC.
En tanto, la Secretaría de Salud dio a conocer que este lunes continuará el arribo de más víctimas a la Ciudad de México, a fin de que reciban la atención especializada que requieren, dada su condición de salud.
“En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez, lo que nos permitirá tener en un mismo espacio a quienes presentan una mejoría notable”, dijeron las autoridades.
De este modo, consideraron, “se podrá avanzar en los trabajos que realizan la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo personal, entrevista a las víctimas y esta última, les brinda asistencia a ellas y a sus familias”.
“En ese lugar también es posible realizar los trámites migratorios correspondientes y reencontrarse con sus seres queridos”, se lee en la tarjeta informativa que se envió a los medios de comunicación.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que del análisis realizado a los contratos que se tenían con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V., se desprende lo siguiente:
1. “Se tiene un primer contrato con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos”.
2. “Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido. El Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa”.
3. “Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno”.
En tanto, el IMSS señaló que hasta enero de este año, Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores ante dicha institución, “cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir, cuatro días después de la tragedia de Ciudad Juárez, la empresa dio de alta 417 trabajadores”.
“De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema. Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía. Esta información está en manos de la Fiscalía General de la República para las investigaciones a que haya lugar”, reveló.
Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió que se llevó a cabo una reunión del Grupo de Acción Inmediata (GAI) con personal de la Cancillería; de las secretarías de Gobernación, y Seguridad y Protección Ciudadana; de la Fiscalía General de la República (FGR); del INM; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); y representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.
“De esta manera, se ha informado a las naciones hermanas sobre el apoyo que se brinda a sus connacionales y se coordinan acciones para atender a los afectados de la tragedia”, abundó.
Finalmente, las autoridades del Gobierno federal reiteraron que abogan por el respeto a los derechos humanos, motivo por el que insistieron que “no habrá impunidad para nadie que resulte involucrado”.
Al menos 40 migrantes murieron después de que aparentemente iniciaran un incendio dentro de una celda de detención el lunes 27 de marzo por la noche. Casi una treintena de otros inmigrantes sufrieron lesiones. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
AUTOR: REDACCIÓN.
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