En el municipio de Cuautitlán Izcalli la empresa Urbi construyó desde 2006 dos fraccionamientos que serían la primera fase de urbanización en esa zona, pero todo fue un fraude, se lee en una de las dos denuncias interpuestas por los vecinos de Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo en donde también señalan que en el Estado de México operó una especie de “Cártel Inmobiliario” con la complicidad de los expresidentes municipales Alfredo Durán Reveles (PAN), David Ulises Guzmán Palma (PAN) y Alejandra del Moral (PRI).
Las viviendas, que se vendieron entre 1.7 y 2.5 millones de pesos, fueron entregadas con vicios ocultos, de acuerdo con las denuncias de los vecinos, y, debido a que no existe el acta de término de obra, el municipio no les brinda servicios como bacheo y poda de árboles, por lo que los colonos denuncian que compraron a sobreprecio y el valor de sus casas oscilaría entre 1 y 1.5 millones de pesos, casi 40 por ciento menos de lo que les costó.
SinEmbargo revisó decenas de páginas de documentos de las dos denuncias —una del fuero común y otra federal— por presunta corrupción inmobiliaria en el Estado de México en las que aparecen los nombres de exfuncionarios mexiquenses como el expresidente Enrique Peña Nieto, el Senador Eruviel Ávila y Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México. También entrevistó a propietarios de las casas de los dos fraccionamientos, quienes junto con vecinos de otros municipios mexiquenses han emprendido una lucha denunciando a servidores públicos, bancos, notarios e inmobiliarias como Urbi.
Este medio también contactó a la candidata Alejandra del Moral y a Karla Fiesco, actual Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli. A la primera por las denuncias directas de los vecinos de que simuló la entrega de casas y a la segunda por un amparo que interpusieron para que hiciera la recuperación administrativa de los fraccionamientos. El equipo de prensa de Alejandra del Moral atribuyó la denuncia de vecinos a un “refrito” y ofreció responder por escrito dos preguntas, pero al cierre de esta edición no envió sus respuestas.
EL MODUS OPERANDI DEL CÁRTEL INMOBILIARIO EN EDOMEX
Al comparar su caso con el del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, los vecinos de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo ríen y afirman: “Christian Von Roehrich, Jorge Romero y Santiago Taboada son unos aprendices porque los verdaderos jefes del Cártel Inmobiliario están en el Estado de México”.
En la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina mantiene una investigación abierta en contra de exalcaldes y exfuncionarios de Benito Juárez que beneficiaron a constructoras e inmobiliarias otorgándoles permisos sin cumplir con las normas de construcción. Hasta ahora se han producido ocho vinculaciones a proceso, de las cuales seis son de exservidores públicos, y se investigan a siete empresas.
En el Estado de México, narraron los vecinos, ocurrió algo similar que se tramó desde el año 2004 cuando Arturo Montiel Rojas (1999-2005) era Gobernador y Alfredo Durán Reveles (2003-2006) Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, como se muestra en la siguiente línea de tiempo.
El 2 de julio de ese año, agregaron, los ejidatarios de Tultitlán, otro de los 125 municipios del Estado de México, vendieron sus parcelas a la Empresa Constructora de Vivienda CYD Desarrollos Urbanos, la cual sin tener el dominio pleno logró que se expidiera la Escritura Pública No. 1476, de fecha 02 de julio de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público 119 de la entidad.
En ese municipio se operaría un primer caso de presunta corrupción inmobiliaria que alcanzaría a otros más, como Cuautitlán Izcalli, y por el cual hay dos denuncias contra exservidores públicos que están en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), señalaron los vecinos unidos en el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.
El caso de presunta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli, uno de los municipios incluidos en las dos demandas, comenzó el 10 de mayo de 2006 cuando se publica en la Gaceta del Estado de México la autorización del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa para la compra y venta de créditos de 1,049 casas que valían alrededor de 2 millones de pesos cada una.
Las viviendas prometidas a los compradores, quienes ahora se dicen estafados, eran promocionadas por Urbi como “La alegría llegó a Cuautitlán Izcalli”. El fraccionamiento Hacienda Balboa cuenta con amplias casas de más de tres habitaciones, espacios verdes y está ubicado a sólo unos minutos de populares centros comerciales como Sams, Comercial Mexicana y Walmart, presumía la empresa en la publicidad que aún se puede ver en sus sitios web y canales de YouTube como el siguiente video.
No obstante, la realidad fue otra.
La construcción de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo no corrió a cargo sólo de Urbi, intervino principalmente el Estado a través de Sociedad Hipotecaria Federal, la entidad financiera que liberó dos fianzas (dinero público) para la realización de estos proyectos que fueron entregados sin estructura hidráulica, contratos de luz, ni otras obras de urbanización, requisitos que debían cumplirse de acuerdo con los contratos de compra-venta.
Pero el hecho que detonó todas estas denuncias y que indignó a vecinos que ya reclamaban por las condiciones de sus viviendas fue precisamente la simulación de la entrega-recepción de estas casas hecha por la entonces Alcaldesa Alejandra del Moral el día 3 de diciembre de 2009, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, como se observa en el siguiente documento firmado por ella.
“Alejandra del Moral simuló el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa con una entrega parcial donde recibió las obras de las Vías Públicas, pero no las obras de Urbanización y con esto legitimó la ilícita devolución de recursos a Urbi”, dijo a nombre de los vecinos Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.
Pérez, un economista e historiador que estuvo preso más de cuatro años y luego fue absuelto tras demostrar su inocencia de los delitos de extorsión y robo con violencia, refiere que con el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano de Tipo Medio denominado URBI HACIENDA BALBOA, la exalcaldesa avaló la devolución de 115 millones 595 mil 650 pesos para favorecer a la empresa.
Esta simulación de entrega-recepción de casas por parte de Alejandra del Moral, que acusan los vecinos, dio pie a la denuncia penal que se presentó al licenciado Gerardo Ángeles Enríquez, Fiscal Especial para Delitos cometidos por Fraccionadores de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (hoy FGEM).
La denuncia se sustentó por las reducciones y entregas de las fianzas a la Empresa Promoción y Desarrollos Urbi por la simulación de la entrega parcial que avaló Alejandra del Moral Vela, así como por haber aceptado las supuestas obras de Urbanización cuando en realidad lo que se le entregó fueron vialidades y calles del Conjunto Urbi Hacienda Balboa y se tipifica el Delito Grave de Fraccionadores.
La denuncia penal, a la cual tuvo acceso SinEmbargo, consta de 25 pruebas.
El luchador de la vivienda sostiene que el acta de entrega parcial con fecha del 3 de diciembre de 2009 es ilegal y Paulina Alejandra del Moral, como Presidenta Municipal, no tenía porque recibir de manera parcial el Conjunto Habitacional “URBI HACIENDA BALBOA” toda vez que ante la falta de las dos prórrogas, la entrega debería de ser total y definitiva.
El Acta de entrega parcial contiene un sinnúmero de actos simulados, agregó Pérez. “En el documento se señala que se entrega de manera parcial las obras de urbanización por 26,129.53 m2 y equipamiento de una escuela preparatoria de 20 aulas, 2 jardines vecinales, 2 áreas deportivas y 2 áreas de juegos infantiles”. Estas obras, que fueron parcialmente entregadas, tenían un valor de 44 millones 211 mil 278.81 pesos y se depositó un monto equivalente al 20 por ciento, es decir, 8 millones 842 mil 255.76 pesos.
“Se simula que se entrega de manera parcial 26,129.53 m2 de obras de urbanización, cuando en realidad lo que se entregó son obras de infraestructura primaria consistente en vialidades”, explicó Humbertus.
Estas irregularidades que cometió Urbi en el fraccionamiento Hacienda Balboa, en presunta colusión con exfuncionarios estatales y municipales, se acreditaron también en otra denuncia que se había formulado con anterioridad, el 19 de febrero de 2009, y que los vecinos señalan que Del Moral tenía conocimiento.
“Ella tenía conocimiento mediante el expediente que obra en su poder de que la constructora estaba incumpliendo los términos para los que fue otorgado el Acuerdo de Autorización y aún así simuló que se entregaban las obras”, dijo una de las vecinas que encabezan esta lucha.
Los vecinos denunciaron que, a diferencia del Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, en donde fue un negocio entre empresas con funcionarios sin que interviniera dinero público, sólo los favores que recibieron a cambio de permisos, en el Estado de México las inmobiliarios sí recibieron millones de pesos del erario. Por ejemplo, recuerdan que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno estatal, sin ningún fundamento normativo, liberó la fianza el 30 de abril de 2009 por la cantidad de 115 millones 595 mil 650 pesos “cuando las obras de urbanización no fueron entregadas a las autoridades estatales y municipales”.
“Se presenta de manera reiterada la participación y cooperación de los servidores públicos en el delito cometido por fraccionadores, estas conductas delictivas las acreditamos con la simulación de los actos jurídicos que se presentan en la acta de entrega parcial de fecha 3 de diciembre de 2009, con el agravante que la participación de los servidores públicos se amplía a los servidores públicos del municipio de Cuautitlán Izcalli como Paulina Alejandra del Moral Vela, presidenta municipal constitucional, Ana Silvia Roa Moreno, Secretaria del H. Ayuntamiento, Jorge Alfredo Zavala Hernández, Director de Medio Ambiente y Desarrollo y Armando Domínguez Ávila, Director General de OPERAGUA y por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, los servidores públicos responsables son: Jorge Ortega Chávez, Director General de Control Urbano, José Antonio Albiter Velázquez, Subdirector de Municipalización y Alejandro Carmona Sánchez, Jefe de Departamento”, se lee en la denuncia del 26 de abril de 2011.
Pero el delito de fraccionadores no sólo se presenta por las conductas delictivas desplegadas por la constructora y los servidores públicos señalados con anterioridad, también esta conducta delictiva se acredita por la participación de terceros que enajenaron y comercializaron lotes y no cumplieron con los requisitos prometidos.
Los terceros están compuestos por la Sociedad Hipotecaria Federal, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Hipotecaria Su Casita y dos notarios públicos del Estado de México que avalaron estos documentos: el notario público 133 en Atizapán de Zaragoza, el licenciado Guillermo Alberto Rubio Díaz, y la número 138 en Tepotzotlán, la licenciada Teresa Peña Gaspar.
Ante estas irregularidades en donde se vieron involucrados servidores públicos mexiquenses, el 31 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en donde reconoce que “no hubo unidades de evaluación en el Banco de Desarrollo y en tal sentido las casas del Conjunto de Urbi Hacienda Balboa fueron sobrevaluadas por más del 50 por ciento de su valor real”.
La CNDH también le pide a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces PGR que resuelva y determine las investigaciones de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, toda vez que ya habían pasado en ese entonces tres años y cuatro meses desde que se presentó la denuncia penal y con esa dilación se vulneraban los derechos humanos y la seguridad jurídica de los vecinos integrantes del Frente Mexiquense.
LA COMPLICIDAD DE LOS ALCALDES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Si bien toda esta trama de supuesta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli se concretó en los gobiernos de Alfredo Durán Reveles (2003-2006), David Ulises Guzmán Palma (2006-2009) y Alejandra del Moral (2009-2012), los vecinos de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo han pedido a los alcaldes posteriores que retomen el caso y ejecuten una Controversia Constitucional que sus predecesores ignoraron: la OBJ 66/2005.
El 14 de octubre de 2008, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon, por unanimidad, inconstitucional que el Gobierno del Estado autorice la construcción de Conjuntos Urbanos y que los municipios deberían otorgar, entre otros, las licencias de uso de suelo. Se ordenó en ese entonces que la Secretaría de Desarrollo Urbano, la cual había recibido dinero con motivo de autorización de Conjuntos Urbanos, lo restituyera a los municipios.
Es decir, el Gobierno del Estado de México debería transferir a los municipios los recursos que recibió por parte de las instituciones financieras federales para la realización de desarrollos inmobiliarios.
Con esta sentencia de la SCJN y con las dos denuncias penales, los vecinos entregaron el 19 de diciembre de 2019 al entonces Presidente Municipal Ricardo Núñez Ayala, de Morena, la petición y queja para que se hiciera la Recuperación Administrativa y Aseguramiento del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa por todas las irregularidades que se realizaron para la construcción y por la simulación del Acta de Entrega que realizó Alejandra del Moral Vela el 3 de diciembre de 2009; así como por haber avalado la devolución de 115 millones de pesos de las fianzas que garantizaban la construcción y operación de las obras de urbanización.
Núñez Ayala les prometió investigar, pero ya no dio seguimiento al tema. El expresidente municipal dijo a SinEmbargo que sí revisó el tema en su administración y confirmó que efectivamente hubo irregularidades que cometieron exservidores públicos en este fraccionamiento, pero como era un proceso que ya estaba en los juzgados aconsejó a los vecinos que siguieran por la vía legal.
“Yo atendí a los vecinos en sus problemáticas, pero como ya era cuestión relacionada con la entregas y nosotros no participamos en ello, yo les pedí que siguieran las vías legales promovidas”, refirió el expresidente municipal.
Respecto de la simulación de la entrega parcial del fraccionamiento ocurrida en 2009, Núñez Ayala destacó: “Lo que puedo decir es que las áreas municipales que tendrían que estar administradas por alguna entidad municipal nunca fueron entregadas, tan es así que nosotros nunca pudimos hacer posesión de eso. Las solas actas se califican por sí mismas, es decir, si en 2009 hay una entrega y luego en 2011 hay una prórroga, eso significa que no entregaron, eso les da derecho a los vecinos a presentar denuncias”.
En esta nueva administración municipal, la cual encabeza desde el 1 de enero de 2022 la panista Karla Leticia Fiesco García, los vecinos presentaron un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Naucalpan, para que la Presidenta Municipal de Cuautitlán haga la recuperación del dinero de los fraccionamientos.
La Presidenta Municipal Karla Fiesco tampoco ha dado seguimiento al tema, denunciaron los vecinos al exhibir la complicidad de los partidos políticos en esta trama de corrupción para proteger a los exfuncionarios, en especial reclaman la protección a Alejandra del Moral, a quien señalan como una de las cabezas de este Cártel Inmobiliario en el Estado de México.
“Alejandra del Moral no es inocente, es culpable, es operadora del Cártel Inmobiliario del Estado de México y ella lo sabe. Ella sabe que David Ulises Guzmán ya había entregado las fianzas y que estaban incumpliendo una Controversia Constitucional”, dijo Humbertus Pérez.
En un recorrido realizado pro SinEmbargo al conjunto Hacienda Balboa, los vecinos insistieron en que exfuncionarios de Cuautitlán Izcalli se coludieron para defraudarlos. Denuncian también que hasta el día de hoy, después de más de 10 años, su unidad habitacional “no está municipalizada” y carecen de servicios como “bacheo, poda de árboles y escasea el agua”. Sin soslayar los defectos que Urbi dejó dentro de sus viviendas.
Los vecinos ahora reclaman “justicia y reparación del daño a su patrimonio”, pues quienes cometieron este fraude inmobiliario “tienen nombre y apellido” y algunos siguen en cargos públicos, como el Senador Eruviel Ávila, o están compitiendo por uno, como la candidata Alejandra del Moral, acusaron.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
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