Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño aseguró que las obras que lleva a cabo su Administración no se cancelarían, porque, según él, benefician al pueblo.
“No, tampoco, y van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede”, afirmó.
“O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando cobrando más que lo que cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, acusó.
El 28 de mayo de 2023, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), informó que el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva, obtenida por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras, así como de la sociedad civil de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para que se paralice cualquier tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos del Tren Maya.
El CEMDA aseguró que, tras el amparo presentado en julio del 2020 respecto a las afectaciones ambientales, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal); 4 (Izamal-Cancún); 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal).
Sin embargo, la suspensión definitiva sólo aplica en los terrenos donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Federal no hubiera autorizado el cambio de uso de suelo forestal.
“De modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, indica la resolución del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, mismo que consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar, al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
Además, el citado Juzgado retomó el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al señalar que las autorizaciones provisionales emitidas con base en el acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea, no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra.
Que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables.
“En ese sentido, continuar con las actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto Tren Maya sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso, pueden generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable”, indicó el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán.
Por lo anterior, el CEMDA hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, ya que sólo de dicha forma se garantizaba el respeto de sus derechos humanos ambientales. Asimismo, solicitaron al PJF, que actuara con mayor diligencia en ese caso, debido a que frente a las suspensiones anteriormente emitidas, las autoridades responsables no habían acatado las determinaciones establecidas.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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