Los agentes rastrean quién se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado por blanqueo en Ciudad de México. Además de desembolsar la factura de elitistas establecimientos, el dinero de plástico sufragó también la compra de vuelos, el alquiler de vehículos y sirvió para sacar dinero en efectivo de cajeros en los citados países.
Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron “terceras personas vinculadas a la política mexicana”, según los investigadores.
Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigación Económica y Financiera del país europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde el letrado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015.
Se trata de dispositivos de pago con límites de gasto mensual de entre 16.000 y 66.159 dólares que fueron usados en distintos países al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas.
Como ejemplo de abonos simultáneos, dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos países. El 17 de febrero de 2009, se abonó a través de esta cuenta una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de 4.513 dólares y otra de 5.182 en el Plaza Athénée de París. Tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron también el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara (México) y Saint-Tropez (Francia).
Para destapar quién se oculta tras este tren de lujo, los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos, clínicas de estética y joyerías de España, Francia, Italia, Suiza y EE UU la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado. Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligación de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyerías de lujo ―donde se compraron relojes “y piezas de gran valor”― a identificar a los clientes a través de las garantías de los productos.
La conexión con el crimen organizado
La Policía de Andorra siembra dudas en el último informe al que ha tenido acceso este diario, de junio del pasado año, sobre la legalidad de los fondos de Collado y conecta su sistema de canalización del dinero con los laberínticos tinglados del crimen organizado. Los investigadores enmarcan la vía que eligió el abogado para hacer llegar el capital a la BPA con una mecánica “opaca de blanqueo de capitales”. En este esquema, tuvo un papel clave la casa de cambio mexicana Tiber, que usó el letrado para ingresar 50,2 millones de dólares en Andorra mediante 82 traspasos internos, un sistema que no deja huella.
Según los agentes, que citan como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), la telaraña de 16 compañías mexicanas con cuenta en la BPA que traspasó fondos a Collado ha sido también usada por el narcotráfico. “En un segundo nivel [las empresas] tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, para mover capitales producto de la venta de droga”, advierten. “La UIF mexicana detecta, además, que estas empresas pantalla también servirían para otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal”, añaden los investigadores.
El informe policial sobre Collado forma parte del sumario de la Operación Jet. Un juzgado del país europeo indaga en esta causa si el controvertido abogado cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia. El letrado está desde mediados de 2019 encarcelado en el reclusorio norte de Ciudad de México y es el principal encausado en las pesquisas andorranas.
Los investigadores deslizan la idea de que Collado actuó presuntamente como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra. Esto explicaría, sostienen, el uso por parte de terceros de tarjetas de crédito conectadas a cuentas en la BPA a nombre del letrado. “El volumen de pago, además de sufragar el nivel de vida acomodado del encausado Collado, también pondría al descubierto que probablemente los auténticos beneficiarios de las tarjetas de crédito proporcionadas por la entidad bancaria fueron terceras personas próximas a las esferas políticas de México y que el investigado, en realidad, fue un fiduciario de una parte de los fondos ingresados en las cuentas abiertas en la BPA”, sentencia la Policía.
Los agentes señalan que las personas encargadas de dar las instrucciones para abonar estos pagos fueron el socio del bufete jurídico de Collado, el abogado mexicano Jaime Jesús Sánchez Montemayor, que también fue cliente de la BPA y al que los investigadores sitúan como hombre de paja del encarcelado; y el que fuera primer responsable de esta entidad financiera en México y gestor de las cuentas de Collado, Joan Marc Masson. Este último jugó presuntamente un papel “muy activo” en el esquema financiero.
El abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, niega las acusaciones. Indica que las tarjetas de crédito de su cliente “siempre fueron usadas por él mismo y para él mismo” y que el letrado encarcelado recurrió a ellas para costear “sus gastos y necesidades”. Riestra precisa que Collado contrató 10 tarjetas mientras fue cliente de la BPA y “no de modo simultáneo”. “Cualquier persona, con un mínimo de cultura financiera, sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta y, si reserva un hotel en París a través de internet, o compra un billete de Ryanair o un producto en línea a un comercio inglés, las adquisiciones se localizan el mismo día en Barcelona, París, Dublín y Londres. Y eso no comporta pensar que hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta”, explica.
Desde 2016, Collado se encuentra bajo el radar de la justicia de Andorra, un país de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Las pesquisas por blanqueo contra Collado sufrieron un parón en 2018 durante el último tramo del sexenio presidencial de Peña Nieto (2012-2018). El carpetazo provisional se produjo cuando la Procuraduría General de la República (actualmente, Fiscalía General) emitió un informe que justificaba la legalidad de los fondos del abogado. Y aseguraba que su dinero en la BPA era lícito porque procedía de su trabajo en el bufete Collado y Asociados y Prenda Oro, una cadena de tiendas de empeños que creó su padre en 1999. Las autoridades andorranas y mexicanas cuestionan este argumento.
Collado fue arrestado en Ciudad de México en 2019 bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador por delincuencia organizada y lavado de fondos. Unos delitos muy similares por los que fue investigado en Andorra. La detención forzó que la Justicia del país europeo reactivara la causa por blanqueo al considerar que existía munición probatoria suficiente.
Entretanto, las autoridades andorranas denunciaron una vidriosa operación orquestada por la PGR bajo la presidencia de Peña Nieto para salvar a Collado de las garras de la justicia del principado y desembargar su fortuna. Un caudal de fondos que circuló a través de una opaca constelación de 24 cuentas a nombre de sociedades holandesas y testaferros en la BPA, entidad intervenida en marzo de 2015 por actuar presuntamente de lavadora de grupos criminales.
Bajo el apodo de abogado del poder, junto a Peña Nieto, Collado ha defendido a la primera línea de la política mexicana. El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exlíder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, han desfilado como clientes por el bufete del controvertido letrado.
FUENTE: EL PAÍS.
AUTOR: JOAQUÍN GIL.
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