viernes, 26 de mayo de 2023

Cinco municipios de Guanajuato concentran 50% de las desapariciones de mujeres en el estado; ONG denuncia subregistro

Los municipios de Celaya, León, Irapuato, Salamanca y Pénjamo en Guanajuato son los que más casos de mujeres desaparecidas registran del 2000 al 2022.

Cinco de los 46 municipios que hay en Guanajuato concentran el 50 % de las desapariciones de mujeres en el estado, las cuales suman al menos 544 casos en 22 años, de acuerdo con el  Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Celaya con 84 mujeres, León con 70, Irapuato con 67, Salamanca con 28 y Pénjamo con 21 niñas y mujeres desaparecidas o no localizadas son las ciudades que reportan la mayor incidencia de este delito, el cual tuvo en 2020 el mayor registro con 154 casos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia, del 1 de enero de 2012 al 20 de abril de 2022 hubo 11 mil 342 niñas y mujeres desaparecidas en Guanajuato, de las cuales el 96.35 % fueron localizadas, 99.13 % con vida y el 0.87 % sin vida.

Sin embargo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD) señala en su informe “Mujeres desaparecidas del estado de Guanajuato: Historias de estigmatización y olvido sin acceso a la justicia” que la Fiscalía local mantiene la práctica de la “doble desaparición”, pues señala que hay un subregistro de casos principalmente entre 2017 y 2022 cuando se activaron más alertas Amber y protocolos Alba y menos reportes en la dependencia, lo que podría deberse a cambios en la forma en la que se realizan los registros.


Perfil de las mujeres desaparecidas en Guanajuato

En el informe, elaborado por el IMDHD con datos estadísticos de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Fiscalía de Guanajuato, además de entrevistas a 19 familias de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio se obtuvieron patrones y características entre quienes han vivido estos delitos, relacionadas con el contexto social, el entorno familiar y la relación con la pareja.

“Por lo que se identificó que los perfiles de las víctimas obedecen a mujeres jóvenes, pobres, racializadas no blancas, de las cuales algunas llevaron a cabo su embarazo siendo adolescentes, que abandonaron la educación básica y, la mayoría, vivía en situación de vulnerabilidad”, sostiene.

También se identificó el consumo de sustancias como una de las causas de la desaparición, así como la relación con una persona vinculada con algún grupo criminal o en hechos delictivos. La mayoría vivía en zonas de la periferia y experimentaba violencia al interior del núcleo familiar.

Las familias de al menos 10 de las 19 víctimas entrevistadas señalaron a las parejas como las presuntas responsables de la desaparición de sus hijas o hermanas y otro de los factores de interés tiene que ver con relaciones de poder desproporcionado en la pareja, ya sea por la edad o por la condición económica que se traduce en lesiones, abuso sexual previos a la desaparición y hasta el intento de feminicidio.

Además, la edad en la que más niñas, adolescentes y mujeres desaparecen es de 15 a 19 años, seguido de los rangos etarios de 20 a 24 años y 25 a 29 años. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), del total de mujeres desaparecidas, una de cada tres tiene entre 0 y 17 años.


Autoridades responsables de retrasos y estigmatización

De acuerdo con el IMDHD, además de las violencias previas a la desaparición, ellas y sus familias enfrentan otras a nivel institucional que van desde la estigmatización, la criminalización y la lentitud y retrasos al no buscar a las víctimas de forma inmediata, incluso el no preservar la presunción de vida y asumir que ya fallecieron.

En su informe, señalan que comisionados de búsqueda y atención a víctimas refieren que la desaparición es porque se fueron con “el novio”, se fueron a Estados Unidos sin avisar, porque no cedieron a tener como pareja a un integrante de alguna célula delictiva y la desaparecieron o porque huyeron de la violencia en casa, sin priorizar los protocolos de ley como las tomas de ADN o la activación de protocolos Alba.

También destacan que las comisiones enfrentan falta de recursos económicos y humanos para atender la crisis de desaparecidos en el estado, pues fue hasta 2023 que se ampliaron los recursos, pero además no están capacitados en perspectiva de género y en muchos casos se coloca a mujeres como primeros contactos con familias de las víctimas  “porque tienen mayor sensibilidad aunque esto no implique que el personal está capacitado”.

“En Guanajuato se tiene un enfoque policial de uso de la fuerza y militarista, e incluso de criminalización de las víctimas de desaparición, pues no se considera que exista un análisis más profundo de la problemática y sus causas ni que se aborde desde un enfoque distinto, como la salud pública”.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

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