El rastreo del teléfono de Román se dio a través de una infraestructura de vigilancia global, que aprovecha las vulnerabilidades del sistema de comunicaciones móviles para permitir que gobiernos y empresas puedan geolocalizar dispositivos.
De acuerdo con la investigación periodística, esta infraestructura es mantenida por Andreas Fink, un experto en telecomunicaciones suizo y excolaborador de Julian Assange. El reportaje señala que los sistemas de Fink han permitido numerosos ataques a redes telefónicas en todo el mundo, incluyendo en América.
El trabajo de Fink consiste en explotar vulnerabilidades en el protocolo SS7, un sistema de señalización diseñado en la década de los 1970, utilizado en la mayoría de las redes telefónicas en el mundo. Este protocolo es vital para hacer llamadas y recibir o enviar mensajes, pero también puede ser empleado para identificar la localización de una persona usuaria o para interceptar sus comunicaciones.
Según el reportaje, Fink utiliza direcciones globales (Global Titles) a través de las cuales envía solicitudes ─que utilizan el protocolo SS7─ a diversas redes telefónicas en otros países.
En el caso de Fredid Román, los investigadores hallaron que Fink accedió en enero de 2021 a más de una docena de direcciones globales en redes telefónicas en el Océano Pacífico. Al año siguiente, en 2022, una de esas direcciones fue usada para identificar el número telefónico vinculado al periodista Fredid Román horas antes de su asesinato. La solicitud fue un intento para extraer información de la red para geolocalizar el dispositivo.
En la investigación, Fisk admite que uno de sus clientes actuales es la firma israelí Rayzone Group, mejor conocida por el software Geomatrix, un programa que permite obtener la geolocalización en tiempo real de un dispositivo móvil, mediante búsquedas por número telefónico y por número IMSI.
En México, se han documentado adquisiciones de Geomatrix por parte de autoridades estatales tales como Baja California, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán; así como la Fiscalía General de la República, que suscribió al menos cuatro contratos entre 2019 y 2020 para hacerse de este servicio.
Al ser cuestionado, Fink admitió que ha trabajado con empresas y agencias gubernamentales para proporcionar sus servicios de vigilancia. Sin embargo, el experto negó tener conocimiento de que sus sistemas hayan sido usados para irrumpir en cuentas de internet de terceros, así como haber estado involucrado en el espionaje a Fredid Román.
Aunque Fink reconoce su papel como intermediario en la explotación de las redes telefónicas, considera que “no es el único chico de la cuadra” que proporciona ese servicio, citando a compañías “más grandes y con menos escrúpulos” como NSO Group, FinFisher y Hacking Team. El experto suizo también cree que son sus clientes ─y no él─ quienes deben hacerse responsables de usar legalmente su sistema.
“En última instancia, sin importar quién controló la infraestructura por la que atravesó la solicitud de vigilancia, es probable que nunca se sepa quién emitió realmente la orden de geolocalizar al periodista [Fredid Román], pero este trágico evento resalta cómo, en entornos de alto riesgo donde los usuarios de sistemas potencialmente riesgosos son impredecibles, el suministro de servicios de vigilancia puede tener consecuencias letales”, resalta la investigación.
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