Tras la desaparición el 2 de diciembre de 2021 de Alexis Sánchez Cabanzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) esperó 54 días para activar la Alerta Amber, y la investigación se ha realizado sin una planeación y sin considerar los impactos a la familia y la comunidad. Esto ocurre cuando el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) está en riesgo de ser convertido en una unidad administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), vulnerando aún más los derechos de las infancias.
Para visibilizar la desaparición de Alexis y encontrarlo con vida, su madre, Refugia Cabanzo, aceptó que la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE hicieran un análisis técnico de las fallas e irregularidades cometidas en el caso por la FGEP, y las dependencias estatales del Sipinna y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), que fue presentado públicamente este martes.
Suma de negligencias
Puebla es el cuarto estado a nivel nacional con mayor población indígena, y el décimo en desaparición de menores, con 695 casos desde el año 2000, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). El análisis técnico enfatiza las vulnerabilidades de Alexis, como el hecho de que depende completamente de los cuidados familiares, y que en el momento de su desaparición solo hablaba náhuatl, la lengua materna del municipio de Zoquitlán, donde se ubica la comunidad.
Ese 2 de diciembre, durante la inauguración del techado de la Escuela Primaria Agustín Melgar en Ixhuapa, Alexis jugaba en el patio con su hermano Ángel, mientras Refugia los observaba a unos metros de distancia. Tras distraerse unos segundos para ponerle el suéter a su hija, cuando volvió la mirada ya no vio al pequeño.
En entrevista, las abogadas Daniela Jiménez Cortés y Daniela Torres Parra, adscritas a la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, y Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas de la misma universidad, recalcaron lo alarmante de las fallas que se acumularon en la desaparición de Álex, como lo llama su mamá.
El equipo jurídico subrayó la importancia de realizar una investigación interseccional, consistente en hacer un análisis de todos los componentes del caso, lo que permite un abordaje integral del contexto en que sucedió el hecho, ya que a veces en una misma persona confluyen varias características que la hacen más vulnerable. En el caso de Alexis, es un menor de una comunidad indígena en situación de marginación y con poca accesibilidad.
De acuerdo con datos de 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Zoquitlán se ubica entre los municipios que tienen un mayor porcentaje de población en situación de pobreza en Puebla.
“Todos los temas de desaparición son importantes, pero hay unos que generan una situación mucho más profunda de injusticia, y hubo una falta de estos enfoques desde la investigación que a la fecha siguen”, explicó Torres.
Desde el principio, la FGEP no actuó con diligencia; una de las principales omisiones fue la activación de la Alerta Amber, que emitió cuando habían transcurrido casi dos meses desde la última vez que se vio a Alexis. Tampoco realizaron una investigación centrada en la particularidad de que un pequeño de tres años desapareciera en una comunidad indígena.
Este tipo de actuación por parte de las fiscalías es recurrente, aseguró Jiménez, y se repite en los casos de infantes. “En la niñez hay que tomar medidas todavía muchísimo más protectoras, atendiendo al interés superior del niño, medidas más diligentes”.
Las abogadas explicaron que las acciones de la FGEP no responden a necesidades ni enfoques específicos: se hace trabajo de escritorio, giran oficios de manera casi automática, y no se coordinan con otras instituciones. En este caso no se ha integrado el factor de la pluriculturalidad, por ser el niño habitante de una población indígena, ni se han medido los impactos de este hecho en Izhuapa. “Es como si tuvieran una lista de instrucciones que seguir, es lo que se hace y hasta ahí se quedan, sin atender lo que necesita el caso”, dijo Jiménez.
Tampoco el boletín de búsqueda del pequeño fue difundido desde un principio en náhuatl, sino en español, idioma que no todos hablan ni en la comunidad ni en el municipio.
Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo en entrevista que el caso de Alexis ejemplifica una situación particular de vulnerabilidad en la desaparición de niñas y niños. “Las dificultades, las imposibilidades de hablar a esa edad hacen que los casos sean más difíciles y que las búsquedas deban considerar esta particularidad”.
Respecto al cuidado de los menores, Ángel, el hermano de Alexis que lo acompañaba cuando desapareció, tampoco ha recibido un trato acorde a su edad por parte de las autoridades. Refugia ha tenido que viajar durante cinco horas en automóvil desde Izhuapa hasta la capital de Puebla para que una psicóloga lo entreviste.
Si bien la FGEP cumple con los protocolos al estar presente una especialista y la madre de Ángel en esos encuentros, el niño ha cambiado varias veces la versión de lo ocurrido, ante lo cual los investigadores afirman que no se puede confiar en su palabra y, de acuerdo con las abogadas, lo tachan de mentiroso.
Ángel ha contado que, entre la niebla, un hombre se acercó a Alexis, le cubrió la boca y se lo llevó por la fuerza.
Las acompañantes del caso también cuestionan el porqué las autoridades no se trasladan a Izhuapa para entrevistarlo. “Ángel es muy abierto ahí, en su comunidad, ¿por qué la fiscalía no lleva a una psicóloga capacitada, que a lo mejor haya empezado a construir vínculos con él para que, ya que se sientan cómodos, pueda realizar allá la entrevista? Pero no, lo fuerzan a venir aquí, y eso provoca que el contexto donde Ángel se está desenvolviendo sea totalmente diferente y transgreda su estabilidad”, dijo Torres.
Desgaste en la comunidad
Otra situación preocupante que han identificado tanto la familia de Alexis como el IDHIE son los impactos negativos que la investigación y las búsquedas del pequeño han tenido en Izhuapa, una localidad que en 2022, según datos oficiales, tenía 709 habitantes.
En las primeras búsquedas se impusieron multas a quienes no participaban, lo que generó enojo hacia la familia del menor. También se han implementado medidas de protección como que la madre o el padre acudan a recoger a sus hijas e hijos a la escuela, lo que interfiere con las actividades diarias y las jornadas laborales de la población.
En los acercamientos tanto de la FGEP como de la CBP a la comunidad, no ha habido traductores del náhuatl; en la Sierra Negra se habla una variante dialectal distinta a las de otras zonas incluso del mismo estado, por lo que se necesita una persona que la domine para que las traducciones sean adecuadas. No es la primera vez que la FGEP omite llevar traductores en estos casos: en el juicio por la desaparición del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, ocurrida en Zoquitlán en 2018, las y los testigos no contaron con un intérprete que entendiera su variante.
Cuando hay una búsqueda en la comunidad se presentan integrantes de la Guardia Nacional y de las policías municipal y estatal, lo que de acuerdo con Jiménez genera temor entre los habitantes, quienes consideran invasivas estas acciones.
Izhuapa se ubica a 10.2 kilómetros de Zoquitlán, la cabecera municipal, un trayecto de aproximadamente 45 minutos en vehículo por caminos de terracería, o tres horas a pie. Cuando la FGEP llamó a declarar a quienes estuvieron en la escuela el día de la desaparición de Alexis, en lugar de que los agentes se trasladaran a la comunidad, hizo que las personas viajaran a Zoquitlán.
“En vez de la fiscalía movilizarse a Izhuapa, lo que hubiera sido trasladar a diez personas en lugar de ver cómo se movían decenas. Fue muy complicado y eso genera mucho desgaste en las relaciones, pues sí, internas de la comunidad, y son temas que la fiscalía no había ni siquiera considerado”, dijo Jiménez.
La presencia de las autoridades, según Martínez, provoca que la comunidad tenga ante las búsquedas esta conducta de rechazo, de culpabilizar a la propia familia, “por decir, bueno, es que ustedes son los culpables de que vengan y me molesten en mi casa, en mi trabajo, en mis actividades del día a día, de que ya no pueda seguir mi misma dinámica de vida después de la desaparición de Alexis, y que la comunidad también diga: ¿qué está pasando?, ¿por qué vienen? Me preguntan, llevan tanto tiempo, tantas búsquedas y no hay resultados”.
Esto ha generado que la familia, además de ser revictimizada por las autoridades, enfrente el rechazo de integrantes de su comunidad.
Sin planeación
La falta de coordinación entre la CBP y la FGEP ha sido evidente, en primer lugar, porque la carpeta de investigación ha estado a cargo de tres agentes del Ministerio Público (MP) en menos de un año y medio, lo que ha afectado la eficiencia de las indagaciones; por ejemplo, se hacen búsquedas sin que el nuevo MP haya leído completa la carpeta.
A la fecha se han realizado seis búsquedas en campo, sin ningún resultado, y cinco en el mismo trayecto, de la escuela a la casa de Alexis. El IDHIE ha documentado cómo ninguna de las dos instancias tiene un plan de búsqueda; llegan a Izhuapa sin un objetivo claro, ni una hipótesis previa.
Martínez relató que en las búsquedas, que han acompañado integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla —del que Refugia forma parte—, particularmente en la última, que tuvo lugar el pasado 8 de febrero, la CBP llegó muy tarde, tan solo para recorrer caminando una vez más el trayecto de la escuela a la casa. Los resultados –o falta de estos– no han sido compartidos con la familia, ni la han integrado en la investigación para construir un nuevo plan a partir de una hipótesis definida.
Por ejemplo, hay algunas zonas de difícil acceso en Izhuapa, que se encuentra en un territorio muy boscoso, y en el área existen también dos pozos, pero ni la familia ni sus abogadas saben si se han investigado o no esos puntos.
Tampoco ninguna autoridad ha tomado en cuenta los efectos de la desaparición en el resto de la familia, particularmente en las dos hermanas y el hermano de Alexis, también menores de edad. Durante el Encuentro Nacional de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, el 11 y 12 de marzo de este año en la Ibero Puebla, una de las niñas se presentó diciendo: “Hola, yo busco a mi hermano”.
“Creo que eso también llama la atención del caso de Alexis, porque son infancias que van a crecer buscando a un ser amado, con todas las complicaciones que implica para ellas”, dijo Martínez.
En este sentido, la directora de Redim señaló que debe considerarse a la “niñez buscadora”, prestar atención a las necesidades y las afectaciones que puedan experimentar las hermanas y el hermano de Alexis, y valorar la participación que quieran tener en el proceso y en ser informados de lo que está ocurriendo.
La decisión de documentar y hacer más visible el caso de Alexis surgió de las propias familias, quienes al finalizar el encuentro organizado por el IDHIE con personas procedentes de siete estados, alzaron la voz y lo pidieron.
“Familiares de un colectivo de Coahuila llamaron la atención al cierre, después de haber conocido a Refugia en el encuentro, y dijeron: el caso de Alexis me movió demasiado, me indigna muchísimo, es un niño muy pequeño, yo creería que sería bueno hacer algo por este caso en particular. Entonces, ese fue el empuje que hubo desde los colectivos y el interés, porque fue secundado por las familias”, relató.
Ambos organismos del IDHIE insisten en la necesidad de hacer investigaciones con un enfoque interseccional, que tomen en cuenta a las infancias, socializando la información con las familias y cuidando los impactos comunitarios, en todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el país.
Hoy, Alexis cumple un año y cinco meses sin estar con su familia.
FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: ARANZAZÚ AYALA MARTÍNEZ.
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