A lo largo de su corta vida, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) han documentado un sinnúmero de irregularidades en el Insabi, las cuales incluyeron dificultades inherentes a la puesta en marcha de un nuevo coloso administrativo –llegó a tener más de 87 mil trabajadores–, pero también problemas de opacidad atribuibles al equipo de su director, el tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien ya expresó su deseo de competir a un cargo de elección popular en 2024.
Decenas de informes de auditoría de la ASF y el OIC revisados por Proceso coinciden en documentar problemas en la coordinación de servicios de salud en los estados, desastre en la adquisición y distribución de los medicamentos, adjudicaciones directas injustificadas, y ausencia de documentos justificativos.
A estas deficiencias de gestión se sumó la pandemia de Covid-19, que causó estragos en el precario sistema de salud pública del país y puso a prueba al Insabi, creado tres meses antes de declararse la emergencia sanitaria: a la par de que el virus se propagaba en el país, 15 millones de personas en pobreza extrema dejaron de tener acceso a la salud.
Los hospitales públicos dejaron de recibir a pacientes, quienes tuvieron que acudir al sistema privado, y en paralelo se agravó el problema de desabasto hasta alcanzar niveles históricos: en 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que no pudo surtir 11 millones 500 mil recetas.
Entre 2020 y 2022 el Insabi ejerció 303 mil 44 millones de pesos de presupuesto propio, y operó los recursos multimillonarios del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que durante años pasó de estar dotado de 102 mil millones de pesos a 75 mil 205 mil millones de pesos. Entre 2020 y 2021, 26 de los 32 gobiernos estatales transfirieron parte de sus sistemas de salud al Insabi. Oaxaca y San Luis Potosí llegaron al extremo de entregar toda la atención médica al nuevo organismo.
Apenas en marzo del año pasado, a dos años de la creación del Insabi, López Obrador había dado una primera estocada al organismo, cuando anunció que las labores de atención médica a las 66 millones de personas que no tienen seguridad social recaerían en un nuevo ente: el “Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”.
El mandatario bautizó el nuevo organismo “IMSS-Bienestar”, creando una nueva confusión, ya que IMSS-Bienestar es el nombre actual de un programa que existe desde 1979. El nuevo organismo nació en una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de agosto de 2022; el IMSS-Bienestar está dotado de su propia estructura jurídica y patrimonial, lo encabeza Gisela Lara Saldaña, una directora general nombrada por el presidente, y es administrado por una Junta de Gobierno presidida por el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto.
Después de que López Obrador le amputara uno de sus encargos esenciales, el Insabi se quedó con la no menos importante misión de centralizar las compras de medicamentos para las dependencias del sector salud. La tarea recayó bajo la responsabilidad de la Coordinación de Abasto del Insabi, encabezada por Alejandro Calderón Alipí, exintegrante de la Ayudantía del presidente López Obrador, y a quien periodistas atribuyen una amistad con Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del mandatario.
Ahí también resultó un rotundo fracaso: durante dos años, el Insabi operó en una caótica colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (Unops). Año tras año, las instituciones resultaron incapaces de adquirir en los mercados internacionales todos los medicamentos solicitados, y enfrentaron problemas para distribuirlos en el país. Esta situación obligó el Insabi a armar licitaciones de urgencia y a destiempo, que agravaron la situación de desabasto.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2426 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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