Con ello fueron salvados 200 mil encinos que habrían sido derribados para establecer el proyecto Bosque Diamante.
Después de alrededor de cuatro años del litigio emprendido por ejidatarios de San Luis Ayucan, el juez secundó una afectación de al menos 90 mil millones de pesos producida por el derribo de unos 200 mil árboles de encino que en la actualidad son una fábrica de agua para la región Jilotzingo-Tlazala.
Los principales accionistas de Bosque Diamante son los hermanos Francisco y Ricardo Funtanet Mange, empresarios cercanos a políticos del grupo Atlacomulco y desarrolladores de Bosque Real en Huixquilucan. Francisco Javier fue secretario de Desarrollo Económico en la administración del exgobernador Arturo Montiel y diputado local durante la gubernatura del además expresidente Enrique Peña.
La autorización para el proyecto, valuado en 40 mil millones de presos, se promulgó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 1 de agosto de 2017, durante la administración del hoy senador Eruviel Ávila Villegas.
La diputada Luz María Hernández, integrante de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, celebró la resolución con la que se evita un “ecocidio al amparo del poder”.
Expuso que el juez de Distrito reconoció que todos los permisos del proyecto se expidieron de forma anómala, por lo que exigió a las autoridades estatales, municipales y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras instancias, hacer lo necesario para resguardarla.
La morenista comprometió que desde la Legislatura darán seguimiento puntual para evitar una intentona de retomar este proyecto ilegal y otros que afecten zonas protegidas de la entidad.
“No más corrupción de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que usaban estos permisos para enriquecerse y generar ecocidios en el Estado de México”, añadió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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